Boudou apeló el rechazo de excarcelación y denunció a Prefectura

El ex vicepresidente Amado Boudou apeló la decisión del juez federal Ariel Lijo de rechazar un pedido de excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito, que lo llevó a la cárcel el viernes último, y denunció a Prefectura Naval por la «viralización» de las imágenes del momento de su detención.

Paralelamente, el juez Lijo concedió una prórroga a la ex novia de Boudou, Agustina Kampfer, quien estaba citada a declaración indagatoria para el próximo miércoles 8, y le fijará nueva fecha, informaron fuentes judiciales.

Lijo accedió al pedido del defensor de Kampfer, Rafael Cúneo Libarona, al tener en cuenta que la periodista acaba de ser madre y luego de que se entregaran al juzgado certificados médicos que dieron cuenta de su reciente maternidad.

Además, el juez resolverá el martes una recusación en su contra presentada por Boudou y dio vista a la Oficina Anticorrupción y a la fiscalía por un planteo de nulidad del acta de detención.

La agenda judicial de la causa por enriquecimiento ilícito que llevó a prisión a Boudou y a su socio y amigo José María Núñez Carmona seguirá el próximo jueves con la indagatoria de otro de los acusados, Alejandro Vandenbroele.

Este acusado figura como titular del fondo de inversión The Old Fund que se quedó con la ex Ciccone Calcográfica y es considerado supuesto testaferro de Boudou.

A otro de los citados, Juan Carlos López, se le concedió una prórroga hasta el 15 de noviembre.

El abogado de Boudou retomó la pelea judicial tras un fin de semana en el que visitó al ex vicepresidente en el hospital de la cárcel de Ezeiza y le llevó libros, entre ellos, uno de macroeconomía en inglés. Boudou fue visitado además por su novia, embarazada de mellizos.

En lo referido a la apelación del rechazo de la excarcelación presentada por el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, será resuelta en los próximos días por la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero.

Durañona calificó de «arbitraria» e «ilegal» la detención que ordenó Lijo al considerar a Boudou supuesto jefe de una asociación ilícita que montó maniobras para encubrir su enriquecimiento ilícito y luego para obstaculizar la investigación.

«No existió riesgo de fuga ni entorpecimiento de las investigaciones», advirtió el abogado al pedir que se revoque el fallo de Lijo por «graves defectos de fundamentación».

El contraataque de la defensa de Boudou incluyó la denuncia penal por «violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» contra los efectivos de Prefectura Naval que estuvieron dentro del departamento de Boudou en Puerto Madero la mañana del viernes último, cuando fue preso.

Si bien esta denuncia del abogado Durañona quedó sorteada en el juzgado federal de Julián Ercolini, el caso podría cambiar de magistrado y pasar a Sebastián Ramos.

Esto ocurriría si las causas se unifican, porque a primera hora de la mañana otro abogado, Marcelo Parrilli, radicó una denuncia similar que fue sorteada en el juzgado de Ramos contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Lijo y otros funcionarios por «abuso de autoridad y violación de deberes» y «apremios ilegales a detenidos».

El abogado de Boudou advirtió en la denuncia que actuó por «expreso» pedido del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, hecho en el hospital de la cárcel de Ezeiza cuando lo visitó el sábado último.

La denuncia se presentó contra «los integrantes de Prefectura Naval Argentina que participaron del procedimiento de detención de Boudou en su domicilio particular».

Ello «sin perjuicio de la responsabilidad penal en que podrían haber incurrido otros funcionarios públicos superiores jerárquicos de aquellos y que dependen de la esfera del Ministerio de Seguridad de la Nación», según la denuncia a la que accedió Télam.

Las imágenes se «viralizaron» apenas minutos después de terminado el procedimiento «cuyo secreto debió haberse preservado».

«Boudou me ha instruido expresamente a realizar la denuncia» y, de hecho, el abogado pidió que se le tome declaración como testigo al ex vicepresidente en la cárcel de Ezeiza.

También reclamó que se investigue a «superiores jerárquicos de Prefectura y del Poder Ejecutivo» por presunta omisión de denuncia y/o encubrimiento de los responsables.