Condenados por "intentar la abolición violenta del Estado democratico de derecho y participación en organización criminal armada". Entre ellos està un general retirado del Ejército.
Entre los condenados está el general retirado del Ejército Mario Fernandes, que se desempañaba como secretario ejecutivo de la Presidencia y recibió la pena más alta de 26 años y seis meses de prisión, por su rol en la trama. Asimismo, el entonces director de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, fue sentenciado a 24 años y seis meses, mientras que los exasesores de Bolsonaro Marcelo Cámara y Filipe Martins recibieron sendas condenas de 21 años de prisión.
Sus penas responden a los cargos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daños agravados y deterioro del patrimonio.
Por su parte, la exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia Marília Alencar fue condenada únicamente por intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho y golpe de Estado, por lo que se la condenó a ocho años y seis meses de prisión. Alencar, delegada de la Policía Federal, y Vasques, secretario municipal de Desarrollo Económico en la ciudad de San José, en el estado de Santa Catarina, fueron exonerados de sus cargos.
Asimismo, el alto tribunal decidió suspender por ocho años los derechos políticos de todos los acusados, que «no podrán votar ni postularse para ningún cargo público», reza el comunicado, que también recoge una multa conjunta por valor de 30 millones de reales brasileños (algo más de 4,6 millones de euros) «por daño moral colectivo», una sanción a pagar «junto con todos los condenados por su participación en los sucesos del 8 de enero de 2023».
En cambio, el delegado de la Policía Federal Fernando Oliveira, fue absuelto por falta de evidencia en su contra, ya que, según el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, «incluso si hubiera tenido conocimiento de los hechos, no existen pruebas suficientes de que se uniera al movimiento golpista».
El juicio del segundo grupo de acusados fue el último de los cinco en celebrarse, en el marco de un largo proceso judicial que reunió 1.734 acciones penales, 619 de ellas sobre «crímenes más graves, como organización criminal, intento de golpe de Estado y delitos contra el Estado democrático de derecho», según indicó el Supremo en otro comunicado.
Como resultado, al final del año judicial, la Primera Sala de la corte condenó «a 810 personas, 395 por delitos graves y 415 por delitos menos graves, además de 14 absoluciones«, reza el texto, que apunta también a 346 causas penales aún en fase final de investigación y 98 acusaciones ya presentadas, «en su mayoría relacionadas con quienes financiaron los hechos, lo que requirió investigaciones más complejas».
En este contexto, la jueza decana de la Sala, Carmen Lúcia, estimó que «es inédito en la historia de Brasil que el Tribunal Supremo haya sido llamado, si no para prevenir, al menos para dejar claro que toda forma de agresión contra la democracia, las instituciones democráticas y el Estado democrático de Derecho tiene hoy una respuesta conforme a la legislación brasileña».
BB con Europa Press
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