Bukele, un millennial popular que aplica mano súper dura y suspende todas las garantías

El video parecía el tráiler de una película. Cientos de presos siendo trasladados hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una cárcel con capacidad para 40 mil personas que acaba de inaugurar Nayib Bukele. Es la última obra del presidente salvadoreño, que ha hecho del combate a las pandillas la razón de ser de su gobierno. Ahora El Salvador, con casi de seis millones y medio de habitantes, es el país con la tasa de encarcelamiento más grande del mundo, superando a Estados Unidos: 1500 detenidos por cada 100.000 habitantes.

La última encuesta de CID Gallup le da a Bukele un 87%  de imagen positiva, la más alta entre todos los mandatarios de América Latina. Es que El Salvador tenía 103 homicidios cada 100.000 habitantes antes de su llegada al poder en 2019. En menos de cuatro años, el presidente millennial logró bajarla a sólo dos homicidios cada 100.000 habitantes, una cifra récord para cualquier país centroamericano. Con esas cifras, Bukele busca saltarse la Constitución y presentarse a la reelección.

Bukele llegó a esos números a fuerza de imponerse sobre los poderes del Estado. En febrero de 2020 entró al Parlamento escoltado por policías y militares para intimidar a los diputados y forzarlos a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad. Al año siguiente, la bancada oficialista –64 diputados de 84 que tiene el Legislativo– destituyó al fiscal general y a cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema porque incomodaban al presidente. Bukele los reemplazó por personas de su confianza.

Pero Bukele fue directamente contra la Constitución al declarar el estado de excepción en marzo del año pasado y extenderlo hasta hoy. Según el gobierno, la medida es necesaria para terminar con las pandillas. «Este punitivismo de Bukele se enraíza en décadas de construcción de los pandilleros como el único y gran mal de este país y se basa en el régimen de excepción. Este régimen suspende las garantías constitucionales y permite detener a una persona sin decir los cargos y sin ningún tipo de pruebas», dice Amparo Marroquín Parducci, profesora e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.

La académica explica que esa política tiene réditos «porque en medio de estas capturas masivas han caído pandilleros que tenían a la población sumamente amedrentada». «El gran problema es que no solamente capturaron pandilleros, sino a mucha gente de zonas populares que no tenía nada que ver con las pandillas. Es la lógica del daño colateral del pensamiento conservador. Es el estado de excepción y es la performatividad que tiene el centro penal como el que acaba de construir», asegura.

Bukele recurrió al estado de excepción, que se puede prolongar una vez «si continúan las circunstancias que la motivaron», una vez que fracasaron las negociaciones secretas con las principales pandillas salvadoreñas, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Esas negociaciones fueron justamente investigadas por el fiscal y los magistrados de la Sala Constitucional echados. Sin embargo, una corte federal de EE UU está detrás de dos funcionarios de Bukele que intentaron llegar a un acuerdo con los líderes pandilleros para reducir el número de homicidios.

El alcance de Bukele es absoluto. No importa si sus ministros están sospechados o si las organizaciones de Derechos Humanos denuncian abusos durante el régimen de excepción. Le dicen el presidente millennial porque las redes sociales son su hábitat. En Instagram hizo live con Residente de Calle 13 y en Twitter viene de cruzarse con su par de Colombia, Gustavo Petro, por el rechazo al CECOT. «El aparato estatal necesita 12 horas para posicionar un tema en redes sociales. Cualquier movimiento social o partido opositor necesita 501 horas», sostiene Marroquín Parducci.

Los dos partidos tradicionales, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernaron el país hasta la irrupción de Bukele –que integró el FMLN antes de emprender un proyecto político personalista–, no pueden contra el presidente. Si lo critican lo ponen en el centro de la escena, como a él le gusta. Bukele no los necesita, tiene el apoyo del Ejército, buena parte de los salvadoreños y los empresarios nacionales y de países vecinos.

El gobierno salvadoreño es un modelo de exportación para toda la región e incluso «un laboratorio donde se pueden probar distintas cosas». «El experimento intenta probar que la única manera de acabar con la inseguridad es una mano súper dura, con una suspensión de derechos y las garantías constitucionales. Tenemos la cifra de habeas corpus más alta desde la guerra civil», dice la analista sobre el conflicto que empezó en 1979 y terminó en 1992.

«En Nicaragua no hay otro poder que no sea el de Ortega y Guatemala tiene 50 fiscales en el exilio. Estas incipientes democracias se han ido desmontando muy rápidamente. Las elites reconocen que esto es beneficioso porque no se rinde cuentas. En El Salvador no sabemos cuántos se gasta en seguridad o cuánto costó la megacárcel», agrega. Es que Bukele limitó el acceso a la información pública por siete años, por lo que ningún salvadoreño sabe en qué gasta el dinero público su presidente.

La pregunta es si habrá algún límite a Bukele, si en algún momento la cuestión de la seguridad pasará a un segundo plano y se imponga la realidad económica, si la política carcelaria será tan fallida como la apuesta por el Bitcoin. «Bukele dio varias ayudas en la pandemia. Mantiene algunos subsidios para el gas, el de la gasolina no lo pudo sostener. Como la economía se tercerizó en los ’90, dependemos de las remesas. Cuando hay recesión en EE UU golpea muy fuerte a El Salvador», señala Marroquín Parducci.

Cerca de 900.000 salvadoreños necesitarán ayuda en 2023 ante la inseguridad alimentaria, según un informe reciente de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, pero el gobierno de Bukele está más preocupado por reducir el número de municipios a la mitad y recortar así la cantidad de diputados y, por ende, las posibilidades de la oposición de obtener más bancas en el futuro. «Cuando fue alcalde de la capital se presentaba como alguien muy anclado en lo que la mayoría pensaba. Decía que cada día cuando se levantaba tenía una encuesta de lo que piensan los salvadoreños. Hay Bukele por 20 años más, como hubo Uribe en Colombia», dice. Para el presidente millennial la vida se trata de construir y acumular poder.  «