Bullrich, al banquillo de los acusados por una denuncia de los mapuches

El grave episodio que el 22 de junio de 2017 sacudió al “Lof Campo Maripe”, una comunidad mapuche en la localidad neuquina de Añelo, fue ignorado por la prensa. Pero ese jueves hubo allí una violenta incursión de la Gendarmería sin orden judicial. Los uniformados únicamente obedecían una orden ilegal de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ejecutada mediante instrucciones telefónicas impartidas por su jefe de Gabinete, Pablo Noceti. Fue exactamente 40 días antes del operativo realizado en Chubut que le provocó la muerte a Santiago Maldonado.

En noviembre de ese año, la Confederación Mapuche de Neuquén hizo una denuncia por “abuso de autoridad, violación de domicilio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y encubrimiento” ante el juez federal de esa provincia, Gustavo Villanueva. Los acusados: Bullrich, Noceti y tres jefes locales de la fuerza.

Al magistrado le cabe el calificativo de “tiempista”, puesto que demoró más de tres años y medio en aceptar como querellantes a los referentes de esa comunidad. Más allá de eso, el ya olvidado Noceti regresa así a las primeras planas, algo que él siempre trató de evitar. Era consciente de que su profuso desempeño como defensor de represores y apologistas de la última dictadura le podría jugar en contra.

De ello fue cuidadoso al iniciarse en la función ministerial. Pero aún así su nombre terminó por saltar a la luz el 13 de diciembre de 2016, debido a un desliz jolgorioso de quien fuera su jefa, la inefable Patricia.

“¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, exclamó aquella noche a viva voz y ya con dicción incierta, durante un festejo por el fin de año en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes. “¡Todas andan locas por él!”, volvió a clamar. A su lado, el aludido forzaba una sonrisa incómoda. Un video del asunto no tardó en viralizarse. Y fue su debut mediático.   

La última vez que se lo vio fue cuando acababa de votar en una escuela de San Isidro y huía por una calle arbolada con pasitos cortos y veloces. A sus espaldas le gritaban: “¡Santiago Maldonado, presente!”. Su pareja, un hombre de porte atlético y barba entrecana, se interponía entre él y los escrachadores, volteándose cada tanto para chillar “¡Está ahogado!”, mientras el otro apuraba aún más el tranco. Así, con ese vértigo, sobrellevó la jornada electoral del 25 de octubre de 2019. Desde entonces parecía tragado por la tierra.

Entre ambos momentos, su labor fue fructífera. Ya el 30 de agosto de 2016, elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, dado que –siempre según dicho documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”.

Tres semanas antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Esa revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. Su fotografía fue publicada esa misma tarde.

Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que blanqueó sus intenciones: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque acá hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del inexistente movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones que ponen en riesgo la seguridad interna de la Nación.

A partir de aquel día en Esquel, El Bolsón y otras localidades aledañas comenzaron a circular caras extrañas: personal encubierto de Gendarmería y la Policía Federal, junto con agentes de la AFI. Sin mucho disimulo todos ellos espiaban a la población, algo prohibido por la ley de inteligencia Nº 25.520. En medio de esa tensa calma transcurrieron los siguientes meses.

Ya se sabe del ataque a la comunidad de Añelo en junio de 2017.

En este punto, es necesario anclarse en el 31 de julio de aquel año

Aquel lunes, Noceti convocó en un salón del hotel Cacique Inkayal, de Bariloche, a los cabecillas de todas las fuerzas federales y provinciales con asiento en Río Negro, Chubut y Neuquén, junto con sus tres secretarios de Seguridad. Ese selecto auditorio asimiló su arranque no sin un gran azoro: “Si violan a mi mamá, yo voy a actuar”. Así, con la voz en falsete, anticipó su plan de “provocar” una situación de “flagrancia” en el territorio mapuche de Cushamen para embestir contra sus pobladores sin la intermediación de un juez. El tipo se exhibía fanatizado y torpe. Se tropezaba con las palabras. Es posible que algunos de los asistentes del cónclave advirtieran en sus dichos el germen de un acto irreparable. De hecho, los funcionarios provinciales y los jefes de sus policías se desmarcaron del desequilibrio de Noceti al punto de esquivarlo a partir de entonces, además de no participar en ningún operativo. Pero ese no fue el caso de los gendarmes.

A primera hora del martes Noceti partió de Bariloche en una camioneta blanca con una tira de lucecitas led en la trompa. Cerca de las 11:30 se detuvo ante la tranquera de la Lof de Cushamen justo cuando allí ocurría la incursión de la Gendarmería. Santiago fue entonces visto con vida por última vez.

Ahora, la causa impulsada por los mapuches neuquinos lo pone otra vez a Noceti en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, una tormenta penal.