Bullrich, en nombre de Larreta, deslizó que puede judicializar la disputa por la coparticipación

El efecto de la foto amable y distendida que protagonizaron a principios de diciembre el presidente Alberto Fernández y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta duró un mes. La coalición peronista que ganó las elecciones cumple sus primeros treinta días en la Casa Rosada y el vínculo con la oposición se tensó dos veces en esta semana: primero con las dificultades que experimentó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la sanción de la ley impositiva que envió a la Legislatura, y luego con la disminución de 35.000 millones de pesos a la coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

La reducción es del 1% y será aplicada mediante un decreto presidencial. La medida fue anunciada por el Gobierno, en una negociación que Larreta esperaba, aunque sus esperanzas financieras apuntaban a una disminución menor. El reelecto jefe de Gobierno sabía que Fernández le pediría que devolviera una parte del aumento que implementó el ex presidente Mauricio Macri un mes después de asumir. El incremento fue más del doble, de 1,4% a 3,75%, de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad hasta diciembre de 2015. El líder del PRO justificó la suba con un argumento de campaña: cumplir con el traspaso total de las comisarías de la Policía Federal a la Ciudad y financar con recursos federales el equipamiento de la nueva fuerza. La medida fue en desmedro de las demás provincias, pero en la Ciudad la consideraron una reparación porque el porcentaje es mucho menor al 22% que aporta el territorio originario del PRO a los fondos coparticipables.

Rodríguez Larreta no se enteró por los medios, sino a partir de una negociación iniciada por el Presidente cuando tomó la decisión. Pero la mansedumbre que haya podido mostrar el alcalde porteño en la cesión de fondos no se expresará de ese modo en el discurso público del PRO ni de Juntos por el Cambio. Las críticas serán lanzadas por otros protagonistas, como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya ejerce en forma simbólica la presidencia del partido amarillo que asumirá a partir de marzo. Llegará a ese puesto a partir de un acuerdo político de Macri con Rodríguez Larreta, que diseña la estructura partidaria para impulsar su candidatura presidencial en 2023. Ante la disputa por la coparticipación, el reelecto alcalde porteño se mostrará mesurado, pero Bullrich comenzará a disparar sus dardos.

El miércoles por la noche, mientras la mayoría de los dirigentes porteños de Juntos por el Cambio cuestionaban la medida, Bullrich utilizó su cuenta de twitter en un mensaje que combina su rol opositor, con su nueva especialidad, la seguridad. «La Constitución es taxativa: el traspaso de funciones es con recursos. Cambiar las reglas de juego y sacarle la coparticipación a CABA cuando presta el servicio de Policía es una clara extorsion. Vuelven al látigo y la billetera contra las provincias y CABA. No volvieron mejores».

La acusación de extorsión fue acompañada con una mención a la Constitución para deslizar, sin decirlo literalmente, que la decisión viola la Carta Magna y podría ser interpelada ante la Justicia.

Sin embargo, la merma para la Ciudad se oficializó en una semana cargada de interlocuciones del Presidente con gobernadores por problemas de financiamiento. El martes, luego de la reunión con Kicillof del lunes para destrabar la negociación por la ley impositiva, Fernández resolvió el envío de 5.650 millones de pesos a cinco provincias para afrontar dificultades financieras: Tucumán, Santa Cruz, Río Negro, Chaco, Chubut. Tras el giro a cinco distritos gobernados por el peronismo, este jueves recibió a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales (UCR-Juntos por el Cambio); de Entre Ríos, Gustavo Bordet (PJ) y de La Rioja, Ricardo Quintela (PJ) con la misma problemática financiera.

Además de las provincias que ya recibieron auxilios y las que lo están negociando, el Ministerio del Interior, que encabeza Eduardo «Wado» de Pedro, estima que Santa Fe, Neuquén, Mendoza, La Pampa, Chaco, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires registran números rojos en sus finanzas, entre otros puntos, por el impacto de los intereses de las deudas contraídas.