Bullrich y la DEA: a confesión de parte…

Patricia Bullrich estiró los labios. Era su manera de sonreír. Así de radiante se mostró durante el brindis de despedida ofrecido en un salón del Ministerio de Seguridad a unos 30 representantes de la DEA y el FBI, acompañados por el embajador norteamericano Edward Prado. Fue un evento muy emotivo ya que tales agentes fueron –según la anfitriona– una “pieza clave” de su gestión. Y lo dijo sin que se le borrara esa sonrisa.

¿Acaso el vértigo de su inminente vuelta al llano le haya provocado un fervor algo maníaco por los actos oficiales? Porque ese mismo día –el 27 de noviembre– extendió el horizonte de su agenda hacia el campo de las bellas artes al condecorar con la cucarda de “personalidad destacada de la cultura” a Dalila Puzzovio, una pintora que brilló hace casi medio siglo en el Instituto Di Tella. Y allí también se la vio con los labios estirados.

Quizás la razón de su dicha sea la bendición de Mauricio Macri para ser la próxima presidenta del PRO. Otro desafío a su medida y un nuevo medio de vida. Pero sin fueros que la preserven de posibles inclemencias judiciales.

Aquí cabe preguntarse hasta dónde es ella consciente de su ingreso a lo que se podría considerar una zona de riesgo penal. Una circunstancia a todas luces compartida con otros funcionarios del gobierno saliente.

De hecho, aquel miércoles –mientras saltaba del jubileo con la DEA y el FBI al homenaje a la señora Puzzovio– su gran amiga, la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, era indagada en Comodoro Py por el presunto encubrimiento al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Retrocediendo en el tiempo, a mediados de julio la animadora Viviana Canosa se permitió una infidencia por televisión: “La última vez que hablé con Macri me dijo que si pierde las elecciones tiene miedo de ir preso”. Días después fue derrotado en las PASO de manera abrumadora.

El presidente acumula 140 causas judiciales. Y entre las más delicadas resalta la concesión de las autopistas y la deuda nunca saldada del Correo. 

A raíz del primer expediente ya se encuentran imputados el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel. Por la segunda, el aún ministro de Defensa, Oscar Aguad, podría inaugurar la lista de integrantes del Gabinete macrista encausados por un delito no excarcelable.

Pese a esos embates de la realidad, Bullrich actúa como si las leyes no la alcanzaran. Y por si hubiera alguna duda, aclara: “Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad. Mintieron cuando dijeron que había habido (sic) desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente. No habrá apriete que me pueda frenar”.

Tal frase fue escrita por ella el 1 de noviembre en su cuenta de Twitter. Ese día fue penalmente imputada –junto a los funcionarios ministeriales Pablo Noceti, Gerardo Milman y Gonzalo Cané– en un dictamen del fiscal federal Franco Picardi –ya en manos de la jueza María Eugenia Capucheti– por una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La causa: haber puesto en marcha un plan criminal basado en maniobras ilegales de inteligencia –que incluía la construcción de un grupo terrorista inexistente– para justificar una serie de ataques represivos a las comunidades indígenas en el sur patagónico para facilitar negocios inmobiliarios.

Al respecto, Bullrich tiene un problema conexo. Un asunto, por cierto, impensado un año atrás, cuando el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, cerró y archivó el caso Maldonado con el argumento de que se había ahogado. Entonces, siempre por Twitter, ella proclamó: “La verdad le ganó al relato”. La impunidad estaba de su lado. No imaginaba que diez meses después la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenaría reabrir la causa para determinar las condiciones precisas en que se produjo la muerte de Santiago, sugiriendo el posible delito de “abandono de persona”. Eso motivó una presentación de su familia, patrocinada por la APDH, ante la Cámara de Casación para explorar “todas las hipótesis penales” de tal deceso, incluido el operativo represivo de Gendarmería y el rol de sus autoridades políticas. De modo que el jueves 5 de diciembre los integrantes de la Sala IV de Casación podrían resolver si se restituye la carátula de “desaparición forzada”, algo que sería absolutamente lapidario para la próxima presidenta del PRO.

En paralelo, el devenir de su destino se topó con otro contratiempo no menos embarazoso: el espía polimorfo Marcelo D’Alessio –quien integraba una red de fisgoneo y extorsión junto a altos dignatarios judiciales, periodistas y agentes secretos ligados al Gobierno– pidió declarar como arrepentido. Una tragedia en ciernes para Bullrich, habida cuenta de que hay pruebas palmarias de que él era un colaborador de primer orden en la estructura inorgánica que ella mantenía en el ministerio. Su sombra estuvo presente en cada uno de las grandes epopeyas de Patricia: desde la detención “negociada” del traficante de efedrina, Ibar Pérez Corradi, hasta el falso esclarecimiento del crimen de dos narcos colombianos en el playón de Unicenter (donde resultó “engarronado” el barrabrava Marcelo Mallo), pasando por las antojadizas acusaciones contra el entonces director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, además de ser intermediario en ciertos shows montados en torno a procedimientos antidrogas servidos en bandeja por la DEA, como la operación “Bobinas de Acero”.

Aún así la futura ex ministra saborea con fruición los últimos bocados del poder real. «