«Buscan frenar juicios contra sectores de la sociedad civil y empresarial»

“Deduzco claramente, atando cabos y por los juicios que hubo en este país, que el único vínculo es que los tres hemos tenido intervención en causas vinculadas a Papel Prensa”, explicó el magistrado platense. Y detalló la relación de dos de los acusadores y sus vínculos con el titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) y con el representante del gobierno en la Magistratura, y los intereses del Grupo Clarín y el gobierno nacional.

-¿Cómo surge la acusación por la que mañana se defenderá en el Consejo de la Magistratura?

-El origen es una operación que comenzó hace años con la intención de desestabilizar los juicios de lesa humanidad, teniendo en cuenta que en La Plata se iba a realizar y finalmente se hizo el primero de los juicios (por crímenes de lesa humanidad desde la caída de las leyes de impunidad) y a partir de ahí los sectores más recalcitrantes se pusieron en campaña, en este caso, un puñado de personas del tribunal que estaban vinculados con Julio Piumato, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN). Como no encontraban una razón para iniciar algo en el Consejo de la Magistratura, inventaron una historia inexistente de maltrato. Por supuesto que no pudo avanzar porque era una fantasía que pretendía únicamente la desestabilización.

-¿Qué pasó con esa acusación que comenzó hace seis años?

-Eso se archivó en el Consejo porque no tenía con qué sostenerse pero siguieron trabajando en el interior de algunas de las causas de distintas maneras con personas claves: una era una secretaria que sigue estando que pasaba información indebida y prohibida hacia el exterior del tribunal. Eso lo voy a presentar como prueba en el Consejo. Y a su vez también estaba Gregorio Spina, que continúa trabajando en el Tribunal, es delegado de Piumato en La Plata y que a su vez es militante del movimiento de Luis Avelardo Patti. Ese es el eje: Spina, la secretaria y Piumato. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recusó a la secretaria en el juicio de la Unidad 9 (Ndr: en el año 2010) por sabotaje, porque había inquietado a las víctimas, entre ellas (la Abuela) Chicha Mariani, y esta mujer quedó apartada del juicio. Igualmente continuó en el Tribunal, siendo secretaria en una de las sedes y continúa pasando información indebidamente.

-¿Usted inscribió toda esta situación en un caso de persecución y un ataque a los juicios por crímenes de lesa humanidad?

-Armando la respuesta para mañana (CM) me asombraba porque después de años me encuentro con documentación en la que múltiples notas de los empleados del tribunal denunciando esa desestabilización, y el malestar que les causaba. Y todo esto lo voy a presentar en el Consejo porque son documentos del año 2010, 2011 y 2012, en los que hubo que solicitar intervención al CODESEDH, el comité para la defensa de la Salud del Dr. Norberto Liwsky, en varias oportunidades para que contuviera al personal y a los jueces. Hubo además una actividad muy buena de parte de dos subrogantes de este tribunal, que fueron los jueces Roberto Falcone y Mario Portela de Mar del Plata, que ellos mismos en aquel momento le recriminaron a Piumato su actitud y ellos se dirigieron al presidente del Consejo de la Magistratura para manifestárselo. De modo que es una secuencia totalmente absurda: se intenta reflotarlo ahora en otro contexto político, en el cual Lanata lo anuncia primero y dos semanas después el representante del Poder Ejecutivo, que a su vez está vinculado a esta secretaria y a otro juez que fue denunciado penalmente por sabotear en la sentencia del juicio de La Cacha, que fue Pablo Vega.

-Además de usted, en Canal 13 mencionaron a Freiler y Rafecas. ¿A que atribuye que se apunte a los tres?

-Yo no tengo información de cuál es la razón que tiene Lanata junto con Romina Manguel y el grupo económico que representan, que es el multimedios Clarín. Pero sí tenía por ejemplo como antecedente que, por ejemplo, cuando se excarcela a (Leonardo) Fariña esperaron a que yo esté de licencia y Clarín publica que yo fui visto en un bar elegante y que estuve reunido con el ex secretario de Justicia, Julián Álvarez tomando un café, y que pertenezco a Justicia Legítima, todas cosas absolutamente falsas. Pero en base a ese tipo de cosas deduzco claramente, atando cabos y por los juicios que hubo en este país, que el único vínculo que puede haber entre Freiler, Rafecas y yo, -teniendo en cuenta que estamos en tres ámbitos distintos, uno juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires, el otro juez de Primera Instancia Federal de Buenos Aires y yo juez de Cámara de un Tribunal Oral de La Plata- es que los tres hemos tenido intervención en causas vinculadas a Papel Prensa.

-La presión de los medios ya había quedado explícita cuando usted denunció a La Nación en el marco del juicio por el Circuito Camps.

-La presión de La Nación en particular comienza cuando se empieza a avanzar sobre la complicidad civil en el Terrorismo de Estado. Esto es una pata muy fuerte de estos ataques porque además está documentado con nombre y apellido, porque en los editoriales ponen el nombre de quien después es condenado a prisión perpetua (Ndr: Jaime Smart). De modo que no hay antecedentes de que se apoye gente como se ha apoyado, vinculados y condenados al Terrorismo de Estado. La posición del diario La Nación es muy clara hasta el día de hoy pero a su vez una persona muy importante de ese diario está vinculada a la secretaria en cuestión. Todo esto lo voy a dar a conocer ante el Consejo de la Magistratura.

-¿Todas estas presiones son en última instancia contra los juicios?

-No existe ningún tipo de dudas. Es una mezcla de interés económico por lo que pasó en aquella época y que continúa hasta hoy con Papel Prensa, porque la evidencia lleva a eso, junto con la cuestión ideológica de frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad para que no avancen sobre sectores que son de la sociedad civil y empresarial.

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