Lo impulsan organizaciones como FARN, Abogados Ambientalistas de Argentina y Greenpeace, tomando el antecedente de la cantidad récord de inscriptos en las audiencias públicas. "Vamos por la demanda colectiva más grande de la historia", aseguran. La Pampa ya presentó una demanda colectiva junto a la universidad y la Asociación de Ríos Pampeanos.
«Vamos por la demanda colectiva más grande de la historia para frenar este retroceso. La defensa del agua ya no está en el Congreso, ahora está en manos de la gente», impulsó la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). Junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace llevan adelante la convocatoria ciudadana para sumarse a la denuncia judicial que frene la ley aprobada hace horas en favor de las mineras.
Quienes deseen sumarse pueden ingresar en: https://demandacolectivaglaciares.org. La propuesta tiene un antecedente cercano: la inscripción para las audiencias públicas donde se registraron 105.000 personas, de las cuales solo una pequeña parte pudo participar.
Ahora buscan una adhesión similar: “Cientos de miles de personas se inscribieron para defender los glaciares y fueron ignoradas. El debate fue un proceso viciado y a espaldas de la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua”, enfatizan en la convocatoria.
Desde Greenpeace remarcaron a la prensa que en lugar de hacer una acción judicial solo de las organizaciones ahora buscan que la gente se involucre: «Vamos a hacer la parte burocrática y legal para que sea la más grande de la historia. Buscamos incluso superar la participación de las audiencias”.
Las organizaciones coinciden: «La reforma es inconstitucional. Va en contra de cualquier criterio científico que se haya establecido». Y mencionan el artículo 41 de la Constitución, en el que se subraya que es competencia de Nación definir los presupuestos mínimos para la protección de recursos naturales. Con la reforma, será cada provincia la que defina a su discreción, sin establecer un criterio uniforme. Lo que puede derivar en conflictos interjurisdiccionales. Algo que ya se vive hoy con el Río Atuel entre Mendoza y La Pampa.
Los glaciares comienzan en una jurisdicción pero sus cauces y llegadas alcanzan a muchas más. “Las provincias cordilleranas van a definir los recursos hídricos de otras provincias, van a generarse conflictos con las provincias que se abastecen del agua del glaciar. No va a traer seguridad jurídica a los proyectos mineros”, acotaron las organizaciones.
En paralelo a las organizaciones, el gobierno de La Pampa también avanza con una demanda colectiva. El gobernador Sergio Ziliotto anunció la presentación de un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para declarar inconstitucional y buscar frenar la modificación de la Ley de Glaciares.
Se trata de una acción conjunta con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, que recae en el juzgado santarosino, a cargo de Juan José Baric.
“Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que sancionó el Congreso”, expresó el mandatario provincial este jueves.
“La modificación lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales”, indicó. La norma viola “específicamente” el principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe vigente desde 2021, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
“Sin dudas que ésta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos, sin distinción de ningún tipo. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua. Va a perjudicar el ambiente, por lo que esto va más allá de una presentación judicial“, añadió.
Y en el caso de La Pampa, explicó la dependencia glaciar con respecto al río Colorado y recordó que dos ríos pampeanos dejaron de correr -el Atuel y Salado- por el conflicto hídrico histórico que mantiene el territorio con la provincia vecina de Mendoza: “La causa por los ríos pampeanos no está atravesada por ninguna grieta. Contiene a todos los sectores. Tenemos legitimidad para hacer este amparo. Tenemos antecedentes. La Pampa no tiene glaciares pero sí depende del único río que hoy corre por su territorio, que es de origen glaciar. También los otros dos que ya no corren y que pueden ser también muestra de esa supuesta escases de agua que plantea Mendoza para que no retorne el río Atuel y Salado a la provincia de La Pampa”.
Otro foco de las organizaciones está puesto en los arreglos entre el oficialismo y legisladores que votaron a favor de la ley. Especialmente algunas provincias «amigas» que recibieron dinero del Gobierno. Desde FARN remarcaron que En los últimos días, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) volvieron a ocupar un lugar central en la agenda.
«El Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos y, entre enero y febrero, distribuyó $27.000 millones entre siete provincias, concentrando la mayor parte de esos recursos en los días previos al tratamiento en el Senado de la reforma de la Ley de Glaciares», sostuvieron.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) indicaron que las provincias beneficiadas durante esos meses fueron: Chubut, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta. Las últimas seis fueron beneficiadas los tres días previos a la media sanción, “Al observar el comportamiento legislativo, se advierte que 14 de los 19 senadores pertenecientes a estas seis provincias que recibieron estos fondos votaron a favor de la reforma”, señalaron desde la organización.
Provincias beneficiadas con fondos ATN durante los 3 días previos al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Senadores el 26 de febrero de 2026.
| Provincia | ATN (en millones de pesos) | Voto en la sesión del 26/2 sobre la reforma de la Ley de Glaciares |
| Corrientes | 3.000 | 3 a favor |
| Jujuy | 3.000 | 3 a favor |
| Santa Cruz | 4.000 | 4 en contra |
| Misiones | 4.000 | 3 a favor |
| Neuquén | 2.000 | 2 a favor 1 abstención |
| Salta | 4.000 | 3 a favor |
Fuente: elaboración propia en base a datos del Presupuesto Abierto y Cámara de Senadores.
A su vez, entre el 19 y el 20 de marzo, se asignaron otros $47.000 millones en ATN a once provincias: Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones y San Juan. A esto se suma un adelanto de $400.000 millones en concepto de coparticipación, otorgado a Corrientes, Chaco, Mendoza, Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego mediante el Decreto 219/2026.
Provincias beneficiadas con fondos ATN durante el mes de marzo y por el adelanto de coparticipación otorgado el 1º de abril a través del Decreto 219/2026 previo al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2026.
| Provincias | ATN (en millones de $ pesos) | Adelanto de coparticipación | Cantidad de diputados/as |
| Entre Ríos | 6.000 | – | 9 |
| Neuquén | 2.000 | 5 | |
| Jujuy | 2.000 | 6 | |
| San Juan | 4.000 | 6 | |
| Corrientes | 8.000 | $400.000 millones | 7 |
| Chaco | 4.000 | 7 | |
| Mendoza | 7.000 | 10 | |
| Salta | 3.500 | 7 | |
| Catamarca | 2.500 | 5 | |
| Chubut | 2.500 | 5 | |
| Misiones | 5.500 | 7 | |
| La Rioja | – | 5 | |
| Río Negro | 5 | ||
| Santa Cruz | 5 | ||
| Tucuman | 9 | ||
| Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 5 |
Fuente: elaboración propia en base a datos del Presupuesto Abierto, Decreto 219/2026 y Cámara de Diputados.
“La magnitud y la velocidad en la asignación de estos recursos, particularmente en los días previos al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados generan interrogantes sobre los criterios que orientan estas decisiones”, alertaron desde FARN.
En total, 16 provincias recibieron transferencias directas en las últimas semanas. En este sentido, desde la organización explicaron que estas jurisdicciones concentran 103 diputados y diputadas que participaron en la votación. «Los ATN y los mecanismos de coparticipación deben orientarse a garantizar respuestas oportunas ante emergencias y a reducir las desigualdades territoriales, bajo criterios claros, objetivos y transparentes. Su utilización no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales que debiliten la confianza pública ni a dinámicas que pongan en duda la independencia de los procesos legislativos. Fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en la asignación de estos fondos es clave para asegurar que cumplan con su finalidad y contribuyan efectivamente al bienestar de la población”.
El proyecto del Gobierno contó con el apoyo de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (integrada por las provincias ya mencionadas a las que se suman Mendoza y San Juan).
“En la Ley de Glaciares no hay conceptos equívocos, oscuros o dudosos ni existen sentencias contradictorias acerca de su aplicación. La Ley de Glaciares es clara como las reservas de agua que protege y la justicia ya ha validado su constitucionalidad”, asegura un documento firmado por una treintena de organizaciones ambientalistas. Y suma: “Es evidente que la finalidad de la Ley 26.639 es la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial y no el fomento de las inversiones mineras. Las modificaciones propuestas, lejos de ser aclaraciones o interpretaciones, constituyen cambios radicales en los presupuestos mínimos de protección ambiental”.
Foto: Gentileza Gustavo Molfino
De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares llevado a cabo por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET), que tiene sede en Mendoza, existen en Argentina 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km que se extienden por doce provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. Pero, ¿por qué es importante protegerlos? “Los glaciares son estratégicas reservas de agua para el consumo humano y la agricultura y cumplen múltiples funciones”, sostiene Laura Zalazar, coordinadora del Inventario de Glaciares del IANIGLA.
Y enumera: “Son fundamentales para la recarga de las cuencas hidrográficas y definen el caudal base de los ríos cordilleranos. Esta función es decisiva en las provincias de la cordillera árida y semiárida donde, en períodos de sequía, pueden aportar hasta el 40% del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. Además, cumplen un rol trascendente en la conservación de la biodiversidad y también tienen un importante valor científico y son un gran atractivo turístico”.
Para Zalazar, que también es integrante del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, la conservación de los glaciares de montaña está muy comprometida como consecuencia del calentamiento global. “Las temperaturas han aumentado más a grandes alturas que a nivel del mar a lo que se le suma un descenso en la cantidad de precipitaciones, que son el alimento de los glaciares. Todos estos factores forman un combo muy dañino para los glaciares. Esta situación, que estuvo presente cuando se sancionó la ley en el año 2010, lejos de haber mejorado ha empeorado en los últimos años y los glaciares han seguido retrocediendo. Incluso un glaciar que se consideraba estable como el Perito Moreno ya empieza a mostrar señales de estar afectado”.
De acuerdo con datos del IANIGLA, en la última década, se registró en el noroeste del país una reducción del 17% de hielo descubierto y una contracción del 23% en los manchones de nieve perenne.
El proyecto impulsado por el gobierno introduce una serie de cambios que a primera vista pueden parecer sutiles pero que, lejos de buscar una aclaración en torno a la interpretación de la ley vigente -según lo presenta el oficialismo-, en realidad modifica la esencia misma de la norma y constituye una derogación tácita de la Ley de Glaciares.
La primera alteración determinante de la iniciativa es que modifica el objeto de protección. Mientras que la actual norma ofrece un resguardo amplio al considerar a todo glaciar y ambiente periglaciar como reservas de agua dulce, el nuevo proyecto reduce la protección a aquellos glaciares que cumplan con las “funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Hasta ahora, el resguardo legal alcanzaba a todos los cuerpos de hielo incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. Este inventario es un instrumento de información pública cuyo objetivo es individualizar los glaciares, los glaciares de escombros y los manchones de nieve perennes que funcionan como reservas hídricas. Su elaboración, que sigue criterios y metodologías científicas reconocidas internacionalmente, está a cargo del IANIGLA, un instituto del CONICET creado en 1972 en la provincia de Mendoza, dedicado al estudio de la criósfera (glaciares, nieve), la hidrología, el cambio climático y la historia ambiental de los Andes.
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