Calcaterra se autoincriminó para evitar una eventual detención

El ex titular de IECSA –la empresa históricamente ligada a la familia del presidente Mauricio Macri- Angelo Calcaterra, firmó este lunes un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para incorporarse como “imputado colaborador” en la causa por los cuadernos. Lo hizo sorpresivamente y pese a que hasta ahora no estaba siquiera mencionado en las casi 30 páginas que el juez Claudio Bonadio les lee a cada uno de los imputados que fueron citados a indagatoria.

Calcaterra, primo del presidente, llegó muy temprano a Tribunales y se presentó directamente ante el juez. A la improvisada audiencia se sumó también Stornelli y en ese contexto singular se produjo un hecho inesperado para la mayoría de los mortales pero previsto para sus protagonistas: el empresario se autoincriminó para evitar una eventual orden de detención.

Javier Sánchez Caballero, ex gerente de IECSA, tenía previsto convertirse en un nuevo “arrepentido” y contar ante el tribunal que efectivamente hubo pagos ilegales pero que no fueron producto de una decisión voluntaria sino de un apriete por parte del gobierno. Casi como en un lloriqueo, Calcaterra ratificó esa versión aún antes de que se incorporara al expediente.

Calcaterra firmó el acuerdo de colaboración y aseguró así su libertad. Sánchez Caballero la recuperará en las próximas horas y el otro “arrepentido”, el titular de Isolux, Juan Carlos de Goycochea, estima que recibirá el mismo beneficio. De hecho, evaluó como posible que se quedaría “cuatro o cinco días preso” y anticipando su decisión de hablar pidió que lo alojaran en un lugar “cómodo”. El pacto comenzó a cumplirse desde ese momento: fue a dependencias de la Policía Federal en la calle Cavia, lejos de eventuales compañías molestas o peligrosas.

Los tres empresarios que pidieron acogerse al régimen de colaboradores imputados están vinculados con las empresas del Grupo Macri. Iecsa e Isolux compartieron negocios en el pasado, mantienen un vínculo corporativo que va más allá de las personas y se extienden hasta la actualidad, a juzgar por los parques eólicos que ganó una y vendió la otra, con una ganancia en el medio de unos 15 millones de dólares.

¿Habrá más arrepentidos? Para el juez y para el fiscal, con estos alcanza. Pero todos los que se quieran sumar serán bienvenidos, aunque no haya tanto margen de flexibilización en sus situaciones personales como con los primeros.

La confesión de Calcaterra parece apuntar a rebajarle el precio a la imputación en su contra. Si lo apretaron para que pagara, entonces fue víctima de un delito que se llama “exacciones ilegales” y que contempla penas de uno a cuatro años para “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. El castigado es el que percibe, no el que se ve obligado a dar.

En cambio, en el cohecho, el que da también es condenado a una pena que va  de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua.

Bonadio investiga una supuesta “asociación ilícita”, es decir una organización con permanencia en el tiempo, integrada por al menos tres personas, destinada a cometer “delitos indeterminados”. Si los empresarios sufrieron “exacciones”, podrían incluso quedar al margen de la imputación en algún momento del proceso.

El primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la constructora IECSA, Ángelo Calcaterra, se presentó este lunes por la mañana en Comodoro Py para declarar en la causa por supuestos sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo.

La aparición temprana del empresario, designado por Franco Macri al frente de IECSA para preservar a su hijo Mauricio durante el inicio de su carrera política en 2007, generó suspicacia y se especula con que confirmaría parte de lo que se ventiló en los cuadernos del chofer de Baratta, Oscar Centeno.

La ausencia de Calcaterra en las indagatorias convocadas por Bonadio llamó la atención ya que  el ex CEO de la firma familiar, Javier Sánchez Caballero, fue uno de los primeros detenidos por el juez junto a otros empresarios y ex funcionarios del Ministerio de Planificación.

La presentación de Calcaterra fue de forma voluntaria y declara en calidad de imputado en la causa, aunque se desconoce aún si quedará detenido. Se produjo luego de que Sánchez Caballero se convirtiera este fin de semana en el segundo arrepentido de la causa luego del chofer Centeno.

Mientras tanto, este lunes ya estaba pautado el comienzo de las indagatorias de algunos de los detenidos la semana pasada.

Los empresarios Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea son los primeros convocados a las audiencias.

Este martes continuarán sus exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, el operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello.

El miércoles estarán el ex juez Norberto Oyarbide, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el empresario Raúl Vertúa y Carlos Alberto Rodríguez.

El jueves se espera a los empresarios Néstor Otero y el ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti.

El viernes será el turno de De Vido; y el lunes 13 de la ex presidenta Cristina Fernández.