Cambiar algo para que nada cambie

Quienes durante los últimos años militamos desde posiciones institucionales, al igual que desde la sociedad civil, para crear las policías locales, hoy vemos con preocupación cómo la policía de la provincia de Buenos Aires absorbe esta nueva institución de la democracia.

Es imposible disociar el delito y el fenómeno de la inseguridad con fuertes nichos de corrupción que anidan en las propias filas de la Bonaerense. En virtud de esto, la emergencia de este nuevo actor debía avanzar de manera progresiva sobre un territorio regulado casi exclusivamente por la Policía de la Provincia.

Aquella iniciativa, que había suscitado interesantes debates políticos en relación con las características que debía reunir esta organización, logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia a mediados de 2014. Ese mismo año se encaminaba a ser ratificada por la Cámara de Senadores. Esta posibilidad quedó trunca por las urgencias del calendario electoral a medida que se acercaban las elecciones primarias del 2015.

Frente a esta frustración, celebrada por algunos sectores de la Bonaerense, el entonces gobernador Daniel Scioli hizo uso de sus facultades constitucionales: con una serie de decretos dio nacimiento a las Policías de Prevención Locales. El objetivo no sería conjurar los delitos complejos, el crimen organizado, el narcotráfico o la trata -competencia de otras fuerzas-, sino contribuir a neutralizar delitos de menor envergadura. Fundamentalmente se buscaba intensificar la presencia preventiva de agentes policiales ante el déficit manifiesto reflejado en la proporción de policías para la cantidad de habitantes de la provincia más poblada del país.

Un desafío de esta naturaleza debería tener como marco normativo una ley con la suficiente consistencia política y técnica que asegure su viabilidad. El paso siguiente -aun no dado- consistiría en sancionar la ley que le conceda más fortaleza institucional a la naciente Policía.

Considerábamos, entonces, que el presente era un momento de transición hacia la municipalización real de esta fuerza, a partir de lo cual cada intendente dispondría de los instrumentos de mando reales y de esa manera podría diseñar su proceso de formación y ejercer la conducción operativa a través de un funcionario competente. Sin embargo, la transición no fue la deseada y el proceso derivó hacia un esquema más desalentador.

Los mismos mandos conduciendo las dos fuerzas, la homogeneización estética y funcional y la desarticulación de las escuelas de formación regionales hacen pensar que el destino inevitable de esta organización será el de formar parte de una suerte de departamento interno de la Bonaerense. De este modo, los propósitos fundacionales quedarán deliberadamente desvirtuados constituyendo, así, un nuevo triunfo de los que quieren que nada cambie en lo que a seguridad se refiere.