Cambiemos frena ley para crear fiscalías especializadas en violencia de género

El bloque de Cambiemos en el Senado bonaerense frenó el tratamiento en comisión del proyecto de ley que crea fiscalías especializadas en violencia de género a raíz de una serie de objeciones del procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand. 

La iniciativa, que fue presentada en 2016 por la senadora del FpV-PJ, Mónica Macha, iba a ser debatida en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA) pero el oficialismo decidió dejar el proyecto «en estudio» -es decir, «cajonearlo»- a raíz de la negativa de Conte Grand.

El proyecto crea 21 Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género en cada uno de los departamentos judiciales de la Provincia, que tratarán todos los hechos que resulten de violencia por razones de género, por odio de género, identidad de género o su expresión contra las mujeres, lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgéneros, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

La decisión de la comisión que conduce la senadora Niria Moirano de Cambiemos fue tomada tras un informe enviado por Conte Grand cuestionando el proyecto de Macha. Entre los principales puntos, el procurador argumentó que es el Ministerio Público el que debe «decidir sobre la estructura operativa y las unidades funcionales» que operan bajo su órbita y negó así que el Poder Legislativo pueda tener esas facultades. Y además aseguró que «ya existen en el ámbito del Ministerio Público Fiscal 37 áreas especializadas en violencia de género» en condiciones de realizar un abordaje integral de la problemática y de brindar contención a las víctimas.

Consideró, por último, que «la fijación unívoca y estricta de especialidades» puede atentar contra «el principio de flexibilidad que requiere la dinámica de actuación del Ministerio Público».

Lo paradójico es que el PRO impulsó y aprobó la ley que creó las «unidades fiscales especializadas en violencia doméstica» en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015. El proyecto fue presentado por Cristian Ritondo, que ocupaba el cargo de vicepresidente 1º de la Legislatura porteña. Conte Grand era entonces el procurador de la ciudad.