La comisión que conduce Luciano Laspina dictaminó a favor de la suba de la alícuota del bienes personales, del revalúo de ganancias y de la adenda fiscal.
El texto que más discrepancia generó con la oposición fue el que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales y que a su vez aumenta la alícuota.
La iniciativa, que ingresó anoche a Diputados, prevé subir el mínimo no imponible -el piso a partir del cual los contribuyentes deben pagar el impuesto- de los $1.050.000 actuales a $2.000.000.
Al mismo tiempo, eleva las alícuotas para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Quienes declaren bienes entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75 por ciento.
Además de los miembros del interbloque Cambiemos, la iniciativa fue acompañada por Argentina Federal, a excepción del bonaerense Diego Bossio, quien lo consideró “un retroceso”. Tampoco acompañaron el Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y la izquierda.
El primer en embestir contra el proyecto fue el diputado del bloque justicialista Diego Bossio. El ex titular de la Anses se quejó de que “en los diarios dicen ‘el peronismo acuerda subir Bienes Personales’. ¿Qué peronista dijo que íbamos a aumentar los impuestos a los sectores medios?”.
Bossio detalló que durante el acto por el Día de la Lealtad en Tucumán habló con Miguel Pichetto, y con Sergio Massa y en ambos casos le dijeron que “no estaban de acuerdo con aumentar los impuestos”.
En ese marco el diputado del bloque justicialista insistió: “No es una propuesta nuestra aumentar el impuesto a los bienes personales. Creemos que es un retroceso. Un nuevo impuesto discutido en esta coyuntura no ayuda”.
El radical Luis Pastori fue el encargado de contestarle a Bossio. El diputado oficialista solo tuvo que remitirse a la adenda fiscal firmada por 18 gobernadores, la mayoría de ellos peronistas en la que se contempla el envío del proyecto.
En la reunión también obtuvieron dictamen el Consenso Fiscal 2018, que se trata de la adenda fiscal firmada por 18 de los 24 gobernadores, y el proyecto que propone cambiar los parámetros del revalúo de Ganancias para empresas.
Según la ley sancionada el año pasado, las empresas podían ajustar por única vez sus balances cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años -hasta 2020-, o cuando en cada período se superara el 33% anual, lo que sucedió en agosto pasado.
Por eso, esta iniciativa toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en lugar del IPIM, y busca que el ajuste por inflación pase del 33% al 55% para este año -aunque inicialmente estimaba un 40%-; al 30% para 2019 y al 15% para 2020.
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