En el oficialismo aseguran que tienen los votos necesarios y calculan que 135 diputados se pronunciarán a favor. La modificación en Bienes Personales, a favor del campo.
La Comisión de Presupuesto se reunirá este martes para darle dictamen a la «Ley de Leyes». El proyecto quedará en condiciones de ser tratado en el recinto, junto a las normas complementarias, al día siguiente.
En el seno del bloque oficialista saben que tienen los votos. Por eso apuran el trámite. Cada día que pasa es algo más que se negocia, algo más que el oficialismo entrega. En el pizarrón de Cambiemos cuentan con que alcanzarán por lo menos 135 votos positivos. «No será como otros años, un Presupuesto con 146 votos, pero lo vamos a aprobar», se entusiasma un operador del PRO.
En los apoyos el oficialismo no tiene en cuenta ni al Frente para la Victoria ni al Frente Renovador de Sergio Massa. Sólo contará con el respaldo de los más cercanos y de los diputados que respondan directamente a los gobernadores. En ese esquema, el interbloque Argentina Federal, que conduce el salteño Pablo Kosiner, y el Bloque Justicialista, de Diego Bossio, votarán divididos.
La comisión que conduce Luciano Laspina se apuró esta semana y les dio dictamen a las tres leyes complementarias impulsadas por el oficialismo. Son: la suba de la alícuota del bienes personales, el revalúo de ganancias para las empresas y la adenda al pacto fiscal 2018 firmada por 19 gobernadores. Tan sólo Carlos Verna, de La Pampa; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Gildo Insfrán, de Formosa; y Miguel Lifchitz, de Santa Fe se negaron a rubricar la nueva política fiscal fijada por el Ejecutivo en consonancia con los designios del FMI.
Cambiemos hizo valer su número y con apoyo de un sector del peronismo logró dictamen para el paquete de leyes económicas que acompaña el tratamiento del Presupuesto 2019.
El texto que más discrepancia generó con la oposición fue el que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales y que a su vez aumenta la alícuota.
La iniciativa prevé subir el mínimo no imponible de los $ 1.050.000 actuales a $ 2 millones. Al mismo tiempo, eleva las alícuotas para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Quienes declaren bienes entre $ 2 millones y $ 5 millones pagarán una tasa de 0,25%; de $ 5 millones a $ 10 millones tributarán 0,50%, y a partir de los $ 20 millones la tasa será de 0,75 por ciento.
Desde sectores de la oposición fustigaron al oficialismo por cargar más peso sobre los sectores medios. Pese a la polémica, el texto del dictamen favorable fue acompañado por Argentina Federal, a excepción del bonaerense Diego Bossio, quien lo consideró «un retroceso». Tampoco acompañaron el Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador y la izquierda.
El oficialismo, en este caso, no escuchó a la oposición, pero hizo lugar a las exigencias que mediante algunos diputados oficialistas hicieron llegar los productores rurales que manifestaban que la suba del impuesto afectaría la producción. Así las cosas, se decidió incluir un párrafo en el proyecto para que las tierras rurales queden liberadas de las escalas y paguen sólo el 0,25 de impuestos cualquiera sea el valor de la propiedad. En un instante, en un poco difundido debate de comisión, Cambiemos convirtió un impuesto progresivo en uno regresivo. En este caso tampoco fue magia.
Los otros dos proyectos del paquete complementario serán la adenda al Consenso Fiscal 2018 y el proyecto que propone cambiar los parámetros del revalúo de Ganancias para empresas. Este último opera, por lo menos en el momento de las chicanas, como el reconocimiento explícito del desmadre inflacionario. Según la ley sancionada el año pasado, las empresas podían ajustar por única vez sus balances cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100% en tres años –hasta 2020–, o cuando en cada período se superara el 33% anual, lo que sucedió en agosto pasado. Por eso esta iniciativa toma en cuenta el IPC en lugar del IPIM y busca que el ajuste por inflación pase del 33% al 55% para este año. La modificación del proyecto resguardará al Estado de una pérdida estimada en 100 mil millones de pesos. «
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