De aprobarse la reforma laboral, se ejecutará una transferencia descomunal de los trabajadores hacia el sector privado y tendremos menos plata, menos tiempo y, por lo tanto, menos salud. Menos derechos.

El salario, porque los ingresos están literalmente pisoteados, con una pérdida real del poder adquisitivo de entre el 35% y el 40% desde que asumió el gobierno de Javier Milei. No sólo por la inflación “técnica” que miden los índices, sino por la inflación real, la que se siente en la góndola y se padece al hacer las compras del hogar. A eso se suma una decisión política explícita: el salario mínimo, vital y móvil está deliberadamente desactualizado, perdiendo su función básica de garantizar un piso de dignidad.
El tiempo, porque el pluriempleo no deja de crecer. Cada vez más personas necesitan dos o tres trabajos para sobrevivir. Porque hay trabajadores y trabajadoras que pedalean o manejan más de doce horas por día para llegar —sin llegar— a fin de mes. Porque el tiempo para el cuidado de una familia, para el descanso, para el ocio o la vida social queda relegado a “algún momento” que casi nunca llega.
Esta combinación letal de falta de plata y falta de tiempo aumenta las crisis de salud mental: angustia, frustración y depresión. No porque fallan las personas, sino porque no hay soluciones individuales cuando lo que no funciona es el modelo económico.
Un modelo expulsivo y regresivo que no genera empleo privado registrado: ya se perdieron más de 320 mil puestos de trabajo y cerraron más de 20 mil empresas en todo el país. Nada de esto es casual: es el resultado de la Ley de Bases y el DNU 70/23, una flexibilización laboral de hecho junto con un modelo económico basado en la especulación y la bicicleta financiera, no en producir, invertir y trabajar.
Y hay un punto que no puede pasar desapercibido: esta flexibilización laboral encubre una reforma previsional. La reducción de las contribuciones patronales en un 3% al sistema de seguridad social —es decir, a la ANSES— mediante la creación del llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica un desfinanciamiento directo y criminal del sistema previsional solidario que rige en nuestro país.
Este artículo, que fue escrito por el rey de la timba financiera, Luis “Toto” Caputo, constituye una maniobra de evasión simple y una estafa de magnitud histórica. Porque, si esta ley se sanciona serán los jubilados y jubiladas quienes terminen financiando los despidos en la Argentina.
En definitiva, este proyecto no busca modernizar las relaciones de trabajo en función de las nuevas necesidades o de las ventajas que acerca el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. No. Se trata de avanzar sobre una lucha histórica: el reparto de la riqueza. De aprobarse la ley, se ejecutará una transferencia descomunal de los trabajadores hacia el sector privado y tendremos menos plata, menos tiempo y, por lo tanto, menos salud. Menos derechos.
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