Camionetas policiales sin identificar siguen recorriendo las calles jujeñas

Pasaron cinco días de la jornada de represión y violencia frente a la Legislatura jujeña, pero hay metodologías policiales que continúan. Es el caso de las camionetas con efectivos que van sin patente ni logo ni identificación. Casi todas del mismo modelo, están siendo vistas por los barrios y en las marchas, y el martes las que mostraron su patente estuvieron relacionadas a un empresario de la construcción tucumano.

Se las vio este jueves al mediodía en la movilización docente en la que reclamaban por aumentos salariales, denunciando que cobran salarios de base de 25.000 pesos. En ese marco, las camionetas deambularon por el sector, ubicado frente a la gobernación jujeña.

Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Marcos Sierras, que también fue agredido el martes. Así lo contó a Tiempo: «Terminó la desconcentración. Iba atrás de una fila de autos, y la camioneta venía detrás. Los veo sin identificación, les saco una foto. Una mujer me empieza a filmar. Me acerco, me dice que no la filme, le digo que estaba sin identificar la camioneta».

«Eran cuatro o cinco policías, ninguno tenía identificación, le digo que era ilegal –continúa–. Me manotea la cámara, no alcanza a agarrarla, entonces golpea el vidrio del que manejaba la camioneta y le dice ‘pará, pará, que lo llevamos a este’. Seguí caminando y me metí en la manifestación que era de un sindicato, y me fui con ellos hasta el sindicato. Supongo que no me iban a detener, hubiese sido muy grave a lo que ya está la cosa. Pero fue en la puerta de la gobernación de Jujuy».

La camioneta Toyota Hilux gris que circuló por el centro de la capital jujeña (por ejemplo en calle Sarmiento, entre San Martín e Independencia) llevaba cuatro policías uniformados en la caja trasera, algunos llamativamente con barbijos, elemento que no suelen usarlo en otras circunstancias, por lo que más probablemente haya sido para no mostrar sus rostros.

Hubo dos de esa marca y color circulando por el centro, y luego apareció de la misma marca y modelo pero de color negro, con tres policías varones en la parte trasera. Uno de ellos se reía ante las acusaciones de manifestantes. 

Desde el Frente de Izquierda denunciaron que “recorren la ciudad levantando a cualquiera que consideraran sospechoso. También circularon por los barrios Azopardo e Islas Malvinas y varios de los detenidos fueron golpeados».

Tal como publicó Tiempo días atrás, el gran operativo represivo desplegado por la policía de Gerardo Morales para reprimir y perseguir a quienes se manifestaron contra la reforma constitucional en Jujuy utilizó los mismos métodos que el terrorismo de Estado: camionetas sin identificación que pertenecen a empresa privadas fueron vistas por toda la capital provincial para llevar a miembros de las fuerzas de seguridad y realizar detenciones.

Las camionetas clandestinas

Según el medio local Jujuy Dice, en aquél momento fueron vistos al menos tres vehículos que a través de sus patentes se los pudo vincular con empresas privas ligadas a la provincia.

-Una Toyota Hilux patente AA982GP, registrada a nombre de Marcelo Zarif, titular de la empresa constructora Hormixa, que fue adjudicataria de obras públicas del gobierno de Morales. Esta camioneta fue filmada mientras transportaba a un grupo de infantería de la policía provincial que irrumpió en una casa sin orden de allanamiento

-Una Renault Alaskan patente AF377ZI, pertenece a la empresa Sidera SRL, que hace desarrollos inmobiliarios y obras públicas.

-Una Toyota HILUX AE841QN que se encuentra registrada a nombre de Toyota Compañía Financiera de Arg. S.A.

Además, otras tres camionetas marca Toyota que fueron utilizadas para la represión aparecen ligadas a dependencias oficiales: una pertenece al Ministerio de Seguridad de la provincia, que está a cargo del ex gendarme Luis Martín, otra a Agua de los Andes S.A., una empresa del Estado que proveía agua a toda la provincia, y la última al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy.

El comunicado del CELS sobre la violencia

Este viernes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció en un comunicado «la arbitrariedad y la violencia policial que caracterizaron todos los operativos de la última semana». Y enumeraron: entre las personas heridas un hombre fue impactado en su cabeza por una granada de gas. Policías dispararon balas de goma contra manifestantes desde arriba de edificios, como francotiradores.

«Camionetas sin identificación trasladaron efectivos con sus caras cubiertas que detuvieron gente en la calle y allanaron viviendas. Al menos 56 personas fueron detenidas y hubo decenas heridas. Si bien el jueves 22 por la noche hubo liberaciones, aún hay detenides. A muchas personas se les obstaculizó el contacto con sus defensores», añadieron.

Al mismo tiempo, el gobierno provincial organizó una campaña mediática para estigmatizar a les manifestantes. «El gobernador en persona puso a circular noticias falsas para intentar instalarse como víctima de una violencia organizada “desde afuera” (desde Buenos Aires o desde Bolivia)», relatan.

Junto con un grupo de organizaciones presentaron una carta a la Convención Constituyente para expresar preocupación por las restricciones a la vigencia de los derechos humanos que proponía la reforma. «Una vez aprobada, hicimos una nueva presentación en conjunto que exigía la suspensión de la reforma y la apertura de espacios de diálogo».

«Durante la represión, pedimos al poder judicial provincial que protegiera a les manifestantes. Con la organización jujeña Andhes presentamos un habeas corpus colectivo preventivo en defensa de las comunidades indígenas, para que pudieran ejercer la libre circulación y el derecho a la protesta. Además, ante el poder judicial federal presentamos otro habeas corpus para que las fuerzas federales no repriman en las rutas nacionales», acotaron.

«Al mismo tiempo, enviamos información y pedimos intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mantuvimos una conversación con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pedimos al relator especial sobre los derechos de pueblos indígenas una acción urgente y compartimos los hechos con el relator especial de derecho a la libertad a la reunión pacífica y asociación. La CIDH se pronunció el martes 20 y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU lo hizo el miércoles 21″, concluyeron.