Para diferenciarse y rechazar el paro de 4 días decretado por la Mesa de Enlace, productores venden alimentos a bajo precio frente a la mayor entidad del agronegocio argentino. Sostienen que el incremento de las retenciones sólo afecta a los 2600 principales empresarios de la actividad.
Las organizaciones que se concentraron este lunes en Sarmiento al 2700 a partir de las 11, sostuvieron que “es cada vez más evidente la necesidad de que se tomen decisiones en pos de la redistribución tanto de las riquezas obtenidas de nuestro territorio, como también del acceso a la tierra para las manos de pequeños y medianos productores y productoras. Es la única alternativa para un proyecto de desarrollo nacional que ponga en el centro del debate el Buen Vivir de nuestro Pueblo, y no la rentabilidad del 1% que representa los intereses del capital concentrado nacional y transnacional”.
El nuevo régimen de retenciones que aplicará el Gobierno diferencia a los grandes exportadores de agroalimentos de los pequeños y está previsto en la ley de emergencia económica que aprobó el Congreso en diciembre pasado. Ese punto cuenta con el apoyo de los movimientos sociales que integran la UTEP.
«La implementación de una política de retenciones segmentadas y de compensaciones sectoriales y regionales es, además de absolutamente justa y consensuada, un paso esencial para una mayor justicia fiscal y distributiva», sostiene el documento que firmaron el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Rama Agraria del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), el Frente Agrario del Movimiento Evita, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA) Agrupación Grito de Alcorta (AGA), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), la Unión de Trabajadorxs Rurales de Córdoba y la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas (AMRAF).
La Feria de Abastecimiento de productos provistos por organizaciones campesinas, según explicaron los organizadores, es parte de una iniciativa para que el Ejecutivo implemente la venta de alimentos a granel, como otro método para controlar los precios, en medio de un escenario de crisis donde los grandes proveedores y distribuidores de alimentos esenciales mantienen prácticas especulativas que impactan directamente en el bolsillo de la población más vulnerable.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
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