Rogelio Mayta explicó que esa es una decisión que les corresponde tomar "a los fiscales y jueces de Bolivia".
El funcionario explicó además que hay dos investigaciones en curso, una por «ruptura del orden constitucional» y otra por «las graves violaciones de los derechos humanos» y señaló que «según cómo evolucionen» se evaluará «la posibilidad de iniciar una nueva denuncia en otro escenario». Mayta afirmó que existe la certeza de que hubo «una articulación internacional que proveyó material para que el Gobierno de Jeanine Áñez pudiera desplegar una política de terrorismo de Estado para mantenerse en el poder».
«Nos sorprendió mucho constatar el envío de armamento con una carta firmada por un general. Sospechábamos que esa articulación existía, pero no teníamos esa confirmación», explicó el canciller. El canciller boliviano se refería a la carta que lleva la firma de Jorge Gonzalo Terceros Lara, enviada en 2019 al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, en agradecimiento por el “material bélico” que habría recibido de parte del Gobierno de Mauricio Macri para supuestamente reprimir las protestas tras haber sido derrocado Evo Morales.
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