Cañitas: freno judicial a dos torres con múltiples irregularidades

La justicia asestó un duro golpe al sector especulativo inmobiliario, aliado incondicional del gobierno porteño. Esta vez, la jueza Elena Liberatori le dio un espaldarazo a un reclamo vecinal y frenó el megaemprendimiento denominado Palmera Cañitas, donde el Grupo Portland SA pretende construir ilegalmente dos torres de 31 y 34 pisos y cuatro subsuelos de estacionamientos.

El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 suspendió el pasado 9 de abril de manera preventiva los trabajos que se venían llevando adelante en Luis María Campos al 100, “hasta que recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo, o bien hasta tanto se modifiquen las cuestiones técnicas y reglamentarias” que fueron consideradas para tomar esta decisión, según se precisa en el fallo.

“Todo esto comenzó en 2018 con un amparo ordinario de carácter ambiental, colectivo, que presentamos junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), donde optamos por la realización de diferentes pericias sin la pretensión de una medida cautelar, al menos en ese momento”, precisa a Tiempo la abogada Tamara Rossi, de la organización Defensoría de Laburantes

Hace unas semanas, la jueza tuvo en su poder las conclusiones de los peritos y no dudó en avalar las sospechas de los vecinos. Tanto la arquitecta y urbanista Magdalena Eggers, presentada por los denunciantes, como su colega, la perito oficial Nidia Agueda Bellene, coincidieron en señalar que la empresa desarrolladora por lo menos cometía nueve serias irregularidades.

“Las violaciones eran muy graves: casi se triplica la altura permitida del edificio, lo que implica construir una mayor cantidad de metros cuadrados; se ocupa ilegalmente parte del pulmón de manzana; se violan normas del patrimonio, porque allí detrás está el Pasaje Ancón, con su normativa específica; se estaban haciendo dos subsuelos más de los permitidos; y se quería usar la planta baja, que tendría que ser libre, para poner comercios”, enumera el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del ODC. El emprendimiento, resume, “prácticamente violó cada uno de los parámetros urbanísticos que tiene la Ciudad de Buenos Aires”.

Los denunciantes solicitaron la medida cautelar tras advertir que la empresa había avanzado rápidamente con las obras. “La construcción estuvo virtualmente parada durante la pandemia, pero se reactivó muy rápido, a razón de un piso por semana, y debíamos hacer algo urgente, porque después es más difícil dar marcha atrás”, señala Baldiviezo, quien considera que el caso de Palmera Cañitas no es aislado.

“Tal como lo venimos denunciando, hay una gran cantidad de excepciones ilegales a los códigos que pasan como si fuesen interpretaciones a la ley. La Dirección General de Interpretación Urbanística debería, ante la existencia de posibles dudas, interpretar el Código, pero estas interpretaciones se han transformado en un plan sistemático de excepciones”, puntualiza el abogado, y agrega que desde el Observatorio plantearon cientos de situaciones similares a la justicia.

Todo este universo de edificios ilegales dio lugar a que “el gobierno planteara la reforma del Código de Planeamiento y diera paso al Código Urbanístico con el objetivo de hacer más transparente la norma. Cuando se detectan muchas ilegalidades en la justicia, en vez de ver cuál es el error o qué funcionarios están funcionado mal o en connivencia con las empresas, deciden ir a la Legislatura y cambiar la ley”, añade Baldiviezo.

Por su parte, la abogada Rossi resume: “Toda esa energía que el gobierno porteño gasta en beneficiar los negociados de empresas afines y favorecer al mercado inmobiliario desregulado, debería ponerla en los barrios y brindar los servicios que aún faltan. Ni piensan en solucionar el déficit habitacional. Todas estas torres no son accesibles para el vecino común”.

La otra «palmera», en Caballito

Otra batalla que por el momento está siendo ganada por los vecinos tiene como protagonista a la misma empresa, Portland SA, asociada con IRSA, otra gran beneficiada por el macrismo que intenta desde los ’90 hacerse de varias hectáreas en el corazón de Caballito, de Avellaneda al 1300 al 1500, para construir viviendas y un shopping. Lo sugestivo es que las últimas apelaciones a los fallos adversos de la justicia corrieron solo por cuenta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las resoluciones de los jueces habían sido tan precisas que las empresas desistieron de contestar.

“No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta que este grupo empresario es beneficiado por los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, porque aquí actuaron cuatro direcciones de manera coordinada habilitando obras que no cumplían con casi ninguna normativa”, indica Martín Iommi, integrante de La Cultural, uno de los colectivos de vecinos que, junto al ODC se opone al emprendimiento, que también se llama Ciudad Palmera. “Esto solo es posible con el visto bueno o del jefe de Gobierno o de su jefe de Gabinete”, razona. De momento, los trabajos están paralizados. Los vecinos quieren que el lugar sea un gran parque público que incluya áreas artísticas y culturales.