Cannabis medicinal, aún sin reglamentación

La demorada reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Cannabis Medicinal ya genera inquietud en los miles de pacientes y familiares que requieren someterse a tratamientos con aceite de cannabis  para paliar los efectos de crueles dolencias. Su impulsora, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FpV-PJ), presentó el viernes un proyecto de resolución expresando preocupación por la falta de reglamentación de la Ley 27.350, que fue aprobada por unanimidad el 29 de marzo pasado.

«La demora obstaculiza el acceso al tratamiento para miles de pacientes en nuestro país», señaló la legisladora, que preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados. Su pedido de una pronta reglamentación tuvo el acompañamiento de los distintos bloques de la oposición en la Cámara Baja: el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, Libres del Sur y el Socialismo.

El plazo máximo para aplicar la reglamentación, de 60 días a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, ya fue ampliamente superado. La administración Cambiemos había anunciado que estaría lista a principios de agosto, pero eso no sucedió, «impidiendo que se garantice el derecho a la salud que el Estado debe resguardar», agregó Gaillard.

Una de las claves de la reglamentación de ley pasa por la creación del registro voluntario de pacientes y familiares, necesario para autorizar el uso de cannabis medicinal y darles un respaldo legal para el acceso a esa alternativa terapéutica, la que, según quedó comprobado durante el debate legislativo, es la más conveniente para este tipo de pacientes, optimizando los resultados terapéuticos con los menores efectos adversos en su salud.

Miembros de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), médicos e investigadores en cannabis medicinal se sumaron al reclamo, aduciendo que desde el gobierno no se los convoca para discutir la reglamentación, que  permitiría que los actores involucrados en los procedimientos legales, como el INTA, el Conicet, los laboratorios de producción pública y las universidades, puedan comenzar a trabajar en la materia, brindando herramientas de control de calidad por parte del Estado. 

La amenaza bancaria en Uruguay

Primero fue el Santander y las farmacias pensaron en volcarse a la banca pública. Pero allí también amenazaron con restricciones y todo empezó a temblar. A casi 40 días del inicio de la venta legal de marihuana en Uruguay, las entidades financieras se transformaron en su principal escollo, ya que advierten a sus clientes que participan de la venta de cannabis que cerrarán sus cuentas. El Banco República (BROU) decidió seguir la misma lógica porque, según afirman, los bancos internacionales los amenazaron con cancelar «cualquier tipo de operación con ellos», lo que «provocaría el aislamiento financiero del BROU», explicó el titular de la entidad Jorge Polgar. Esta semana el expresidente José Mujica cuestionó al BROU por no haber enviado aún una comisión a EE UU para revisar el reclamo. «