La política económica no dinamiza la economía interna y sus núcleos productivos.
Resulta paradójico que a un gobierno que no esconde su vocación por favorecer al capitalismo monopólico se le derrumbe drásticamente la tasa de inversión. Según el INDEC, en el primer trimestre de 2026, a pesar que el producto interno bruto (PIB) creció 2,3% en su medición interanual, la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% en igual período. El crecimiento del PIB es un rebote apoyado sobre las exportaciones, que se expandieron 9,8%, pero no tiene sustrato en el mercado interno. La debilidad del consumo (el indicador acumula seis meses consecutivos de bajas contra el año anterior), y la magnitud de la caída de la inversión dan cuenta de ello.
La política económica no está orientada a dinamizar la economía interna y sus núcleos productivos, sino a garantizar ventajas a los capitales más poderosos en sectores particulares de la economía, como son aquellos ligados a las exportaciones de productos primarios o con bajo valor agregado: el sector agrícola, el minero y el energético. Esta particularidad la aproxima a las economías de enclave, en las que se convocan a empresas del exterior para que exploten los recursos naturales, desvinculándose de las pequeñas producciones locales y la comunidad.
A pesar del insistente invite manifiesto que hace el presidente de la Nación al capital extranjero, los resultados no aparecen. Según la CEPAL, en 2025 la Argentina ha sido de los peores países de América Latina respecto a la recepción de IED (Inversión Extranjera Directa). Lejos de aumentar disminuyó fuertemente, mientras la región recibió U$S 194.233 millones, un 1,7% más que el año anterior, en la Argentina los ingresos de IED cayeron un 73,1 por ciento. Su derrumbe se dio en sus tres componentes: aportes de capital, préstamos entre empresas y reinversión de utilidades, mostrando una vez más cómo en la argentina de Milei y Caputo, las inversiones, lejos de significar una entrada de capitales, funciona como un mecanismo de fuga. Además los préstamos entre empresas determinaron la salida de U$S 466 millones, en su mayoría bajo la forma de cancelación de deuda del complejo oleaginoso exportador, con sus respectivas casas matrices.
Por otra parte, los fondos que ingresan no revisten un aporte de nuevos capitales reales, sino que se apropian al ya existente. Es el caso de las fusiones y adquisiciones, centradas en activos de minería, energía, información y comunicaciones.
Esta extracción de riquezas que hacen los capitales extranjeros sobre nuestra economía se aprecia claramente en el balance de pagos. Según el último informe del INDEC, en el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente volvió a terreno negativo, cayó USD 1.651 millones, tras haber sido positiva en el trimestre anterior, a pesar de que las exportaciones crecieron a partir de una balanza comercial de bienes positiva por U$S 6339 millones. Sin embargo, esa ecuación, en la parte de servicios fue negativa por U$S 4028 millones. El resto fue salida de capitales a sus matrices, por la remisión de utilidades que realizan las empresas extranjeras y por el pago de intereses de la deuda. Esta política es favorecida por el gobierno, aceptando la demanda persistente de los conglomerados.
La propia inversión financiera está siendo esquiva. A pesar que las empresas y algunas provincias aspiran a aumentar su endeudamiento en moneda extranjera y apoyan al gobierno nacional para votar sus leyes, el riesgo país no cede lo suficiente.
El gobierno triunfó en la votación en el Congreso para pagarle a los fondos buitre, por deudas remanentes del 2001 que, como siempre, compraron a precio de remate. Esta conducta habilita que ahora otros buitres pretendan cobrar, en este caso los que se hicieron de los cupones PBI, quienes ya gozan de sentencia firme por parte de la Corte Suprema del Reino Unido para que la Argentina les pague U$S 1800 millones. El viejo imperio británico en decadencia continúa con sus conductas coloniales, ahora a favor de usureros internacionales. Claro que lo hace con la aquiescencia del gobierno “argentino”. Ni así se revirtió la nota de la calificadora de riesgo MSCI, quien determinó que la economía argentina aun suscita dudas, por lo tanto debe continuar fuera del mercado de la inversión global, en lo que ellos llaman “Standalone”.
El único que aplaude es el FMI. En su última revisión señala que “las autoridades manifestaron su preferencia por resolver la cuestión de los warrants del PIB y su intención de hacerlo una vez que se hayan resuelto los impagos a los acreedores disidentes derivados de reestructuraciones de deuda anteriores. Estas últimas están próximas a su resolución definitiva”.
Es un hecho que ni el gobierno ni el organismo internacional tienen como objetivo el desarrollo de la Argentina. Estas posturas se ven muy claras en el proyecto de reforma impositiva que impulsa el Fondo en nuestro país. Ya cuenta con el compromiso del gobierno argentino de aumentar la base del Impuesto a las Ganancias bajando el piso, para que más trabajadores pasen a tributar. Mientras le quitan impuestos a los exportadores y a las empresas extranjeras que entran por el RIGI, más asalariados que están excluidos por el bajo nivel de sus ingresos pasarían a tributar. Se estima que deberían sumarse cerca de 1.500.000 de personas, lo cual implicaría más que duplicar la cantidad de contribuyentes actuales.
Tampoco les interesa contemplar que el mercado de trabajo está en franca descomposición. En el primer trimestre la desocupación abierta se situó en 7,8% y la subocupación pasó del 10,0% al 11,1% en el lapso de un año. Por su parte, la tasa de informalidad alcanzó su nivel más alto desde el inicio de la serie (cuarto trimestre de 2023), ubicándose en 44,2%. Un aumento de medio millón de trabajadores informales en un año. Proyectando los datos a todo el país, el fenómeno se acerca a los 10 millones de argentinos que trabajan sin derechos laborales, o sea, sin jubilación, salud, sindicato, accidentes y con salarios más bajos. A ese oprobio social lo llaman impúdicamente “sudamericanización”.
Esta informalidad aumentó más entre los cuentapropistas que entre los asalariados. Es el auge de las apps, las aplicaciones con puestos de trabajo “libres” y bajos ingreso.
De consuno con el modelo económico, el que el establishment declara que debe ser inmutable, nuestro país está siendo reordenado por una élite internacional que medra de la desorganización política local y una burguesía que se subordina al capital extranjero como socio menor, mientras las pymes y la clase trabajadora yacen en el desamparo. El reto de la hora es que desde las fuerzas políticas, sociales y culturales, se vaya conformando un nuevo proyecto político, con un programa que salga al encuentro de las urgentes demandas del pueblo y encauce las manifestaciones multitudinarias desplegadas en las calles y plazas de nuestra geografía. «
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