Capuchetti: la jueza que viene del riñón de Pepín y Angelici

Ella jamás pensó que los integrantes de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, fueran capaces de semejante trastada. Pero se equivocó, ya que acaban de ordenarle, en el marco de la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que amplíe –desde el 1 de julio al 1 de diciembre– el análisis de los celulares pertenecientes a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las asesoras del diputado Gerardo Milman que oyeron de su boca aquello de “cuando la maten, yo estaré en la costa”. Ella se había negado con obstinación a tal instancia. Ella también supo circunscribir su pesquisa a los procesamientos de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, sin extenderla hacia las terminales políticas y económicas del complot, cometiendo así otras tantas irregularidades. Ella salió airosa del pedido de recusación de la querella, a pesar de ser casi obscenos sus actos de negligencia, mala fe y manifiesta parcialidad. Ella, en paralelo al ejercicio de la magistratura, cobra un sueldito en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) del gobierno porteño, algo absolutamente incompatible con su cargo. Ella es la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Bien vale explorar su vida y obra.

Este personaje saltó a la luz pública en abril de 2019, al ser entronizado en el juzgado que había dejado vacante Norberto Oyarbide. Su arribo al edificio de Comodoro Py tuvo dos padrinos de lujo: Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”y Daniel Angelici. En consecuencia es un típico fruto de la “mesa judicial” del régimen del PRO. Hasta entonces había encabezado la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio Público de la Ciudad, donde anudó un vínculo de confianza con el entonces fiscal general Martín Ocampo, que luego sería ministro de Seguridad.

El día de su juramento hubo un hombre que aplaudía a rabiar: su papá, el comisario general Juan Carlos Capuchetti, quien –hasta 2003– había sido el jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, donde hizo excelentes migas con un subordinado suyo: Jorge “Fino” Palacios.

Pero pasó súbitamente a retiro tras haber comandado el violento desalojo de la fábrica textil Confecciones Brukman, tomada por sus trabajadores. Entonces pasó a encabezar la jefatura del área de Seguridad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su familia se completa con otro comisario, el tío Eduardo Ricardo, y dos hermanos: Lucas Alberto y María Cecilia.

Esta última era una agente de la AFI macrista, habiéndose desempeñado en el sector de “escuchas”, dependiente de la Dirección de Contrainteligencia, cuya sede era la Base Pilar, uno de los focos del llamado “Proyecto AMBA”, desde donde se espiaba a ex funcionarios y dirigentes kirchneristas.

Pues bien, en este punto hay un detalle digno de mención: en la época previa al arribo de la doctora Capuchetti al Juzgado Federal Nº 5 hubo por lo menos seis visitas suyas al edificio de la AFI macrista, entre el 19 de marzo y el 3 de octubre de 2018. Así consta en el libro de ingresos con su propia firma.

Cabe destacar que días después de tales idas al bunker de la calle 25 de Mayo, Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, enviaron al Senado el pliego para su designación, el cual fue velozmente aprobado por la bancada del PRO, pese a la pobreza de los antecedentes que ella asentó en el concurso para ocupar el puesto.

Fue notable que, días después, le tocara intervenir en el expediente por la “mesa judicial” del PRO, inicialmente en manos del juez Sebastián Ramos. Tal fue su debut. También cayeron en sus manos causas muy sensibles –que había tramitado el juez Rodolfo Canicoba Corral hasta su jubilación– como la del atentado a la AMIA y la que se refiere a los negociados de los peajes. La primera, sin siquiera hojearla, la derivó directamente al fiscal Franco Picardi; la otra, después de que la Cámara Federal anulara los procesamientos del lote de acusados (los ex funcionarios macristas Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne) duerme, diríase, el sueño eterno.

Claro que la causa por el fallido magnicidio fue un desafío que a ella la tomó por sorpresa, sin estar en condiciones técnicas de esclarecer (o encubrir).

Por tal razón, entre otros urgentes tutoriales, sus mandantes le armaron una reunión con el editor del diario Clarín, Ricardo Roa, para ser instruida por él sobre el manejo político y mediático del asunto.

No se puede decir que esa mujer haya aprendido la lección. Todo este combo de trapisondas, inacciones y vínculos non sanctos ya es de dominio público. Fue denunciado al detalle por el ministro de Justicia, Martín Soria, y expuesto oportunamente en la Comisión Bicameral de Inteligencia, además de ser el núcleo de la recusación presentada por los abogados querellantes, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.

Aún así, Capuchetti se aferra al expediente como a un tronco en medio de un naufragio. «