Una cautela cercana al escepticismo despertaron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el uso de fondos de la Anses para apuntalar la oferta de créditos hipotecarios. En líneas generales, entre los analistas hubo consenso en que los beneficiarios serán un grupo muy reducido y no hubo mucha expectativa sobre un efecto cascada que motorice el sector inmobiliario.

En una conferencia de prensa realizada este miércoles, Caputo dijo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses depositará a plazo fijo en bancos hasta $ 2 billones de sus tenencias, para que éstos los canalicen a préstamos hipotecarios con capital actualizado por UVA y tasas no mayores al 7,5% anual. Los depósitos del FGS serán a cinco años de plazo, lo que dará a las entidades financieras (que deberán participar de una subasta para recibir ese fondeo) cierta previsibilidad para otorgar a sus clientes préstamos a devolver en, como mínimo, 15 años.

“El problema de fondo es que los bancos hoy fondean hipotecas a 20, 30 años con depósitos a 30 días. Eso genera un descalce de plazos brutal que limita estructuralmente el crédito hipotecario a largo plazo en Argentina. Si no tenés fondeo largo, no podés prestar largo. O prestás poco, o tomás demasiado riesgo de tasa”, explicó Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria. A pesar de su evaluación positiva, el especialista reconoció que no está claro “si la escala es suficiente para mover la aguja en el stock hipotecario”.

Los anuncios de Caputo sobre préstamos hipotecarios despertaron solo cautela y escepticismo
Los nuevos préstamos hipotecarios estarán dirigidos a familias de elevados ingresos.

Al respecto, el cálculo del economista e investigador Andrés Salinas es que durante el gobierno de Javier Milei se entregaron unos 67 mil préstamos hipotecarios. El fondeo del FGS permitiría otorgar unos 15 mil más. Es decir, una mejora de poco más del 20% sobre un stock que representa apenas 0,8% del PBI, la mitad que en los años del macrismo. “El crédito hipotecario como porcentaje del PBI está aún en niveles bajos en perspectiva. Con costos de la construcción altos en dólares por la apreciación cambiaria, el gobierno apuesta a mejorar la rentabilidad de la construcción a través de impulsar la demanda. Veremos si logra compensar”, opinó Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra.

Para los que aspiran a tomar un crédito, la barrera sigue siendo la misma de siempre: demostrar ingresos registrados muy por encima de la media. Eso también restringe el potencial de demanda. Según la simulación hecha por el Ministerio de Economía, para comprar un inmueble valuado en 105.000 dólares con financiamiento a 25 años de plazo es necesario acreditar ingresos familiares por $ 3,6 millones; y el monto a recibir es de sólo el 75% de la unidad, lo que obliga a tener ahorros previos por U$S 26.000 dólares.

El peso de la cuota sobre el salario, fijado inicialmente en 25%, puede también incrementarse si la inflación crece por encima de los salarios, tal como ocurrió en la crisis de los créditos UVA en 2018-19. Alejandro Vanoli, ex titular del Banco Central y de la Anses, hizo hincapié en la necesidad de mantener esa relación y reclamó “que los más humildes puedan acceder a planes de vivienda accesibles, cosa que por monto e informalidad no pueden con este esquema, y tasas de créditos para la clase media que crezcan como los salarios y estos como la inflación”.

La concepción de la medida también marca una voltereta más que llamativa en el discurso oficial. Caputo dejó de lado las teorías libertarias sobre los acuerdos entre privados y justificó la intervención del gobierno en el mercado de crédito, con una tasa máxima, en función de la “justicia social”, término desconocido en su vocabulario. “Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla”, sorprendió. Su inesperada defensa del rol del Estado se escuchó el mismo día que el oficialismo se negó a tratar en el Congreso proyectos que también pedían intervención oficial para paliar la situación de las familias en mora, tema que está poniendo en jaque al conjunto del sistema financiero.

Quizás el verdadero motivo de la decisión gubernamental esté vinculado a una frase que el ministro pronunció casi al descuido: “Vamos a darle una mano a los bancos para que puedan dar créditos hipotecarios”. Esa expresión apunta al sector que recibirá un fondeo inédito, que podrá manejar ese dinero a sus anchas y que, todo indica, será el gran beneficiario de la medida.