Caputo profundiza el recorte de subsidios para mejorar las cuentas fiscales

El viejo refrán que señala que “el hilo se corta por lo más delgado” volvió a demostrar su vigencia a la hora de analizar los resultados fiscales del mes de mayo. Según el informe publicado por la Secretaría de Hacienda, más de la mitad de los $ 662.123 millones de superávit financiero de mayo se explicaron por el recorte de subsidios a las tarifas de servicios públicos, cada vez más costosas para el grueso de la población.

“Los subsidios económicos presentaron una caída de $ 372.894 millones (-33,7% interanual), donde los energéticos variaron -$ 465.801 millones (-49,1% interanual), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $ 96.948 millones (+64,2% interanual), señaló el reporte.

El ahorro del gobierno se logró básicamente a expensas de trasladarles a una mayor cantidad de usuarios el costo pleno de la producción de gas y electricidad. Según el sitio web chequeado.com, “en el caso de la electricidad, entre julio de 2024 y abril de 2025 (última información disponible) 1,8 millones de hogares que antes figuraban como N2 (el sector de menores ingresos) pasaron a N1 (de mayores ingresos, que abona la factura prácticamente sin subsidios)”.

Además, otros 300 mil usuarios de ese escalón inferior fueron ascendidos a la categoría N3 (ingresos medios, con una menor proporción de subsidios). En el caso del gas, en tanto, se les retiró el beneficio a unos 458 mil hogares.

Esa decisión mejoró de manera considerable las cuentas públicas, cuyo resultado es eje de una polémica entre académicos. Habitualmente el resultado de las operaciones del gobierno se mide en términos primarios (ingresos menos gastos) y no se computa el peso de los intereses de la deuda, que se atribuyen a ejercicios anteriores. En mayo, el superávit primario fue de $ 1,7 billón.

Sin embargo, el instrumento preferido por el gobierno para refinanciar la deuda es una Letra Capitalizable (Lecap) que incluye los intereses en el stock del capital a devolver, lo que oculta el verdadero peso de la deuda en el número final. La diferencia es considerable: según analistas, si la imputación de los intereses se hubiese realizado correctamente, la gestión de Luis Caputo habría dado déficit financiero en 12 de sus primeros 16 meses en el Palacio de Hacienda (el ministro sólo reconoce dos).

Energía y transporte

Al margen de la discusión académica, la reducción de los subsidios es considerable. Según el análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende del Conicet y de la UBA, “los principales subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte presentan una reducción nominal del 45% anual acumulado”. Si se le agrega la inflación, la caída en términos reales es de 63%, la que “se debe mayormente a menores transferencias a Cammesa y Enarsa”, organismos que administran el sistema eléctrico y las importaciones de gas, respectivamente.

De acuerdo al informe mensual de ese instituto, entre enero y junio las transferencias del gobierno para el servicio de energía bajaron de $ 2,96 billones en 2024 a $ 1,29 billón este año. En materia de agua, Aysa no recibió fondos porque ya implementó la quita total de subsidios. Mientras que en el rubro transporte la caída fue mucho menor, de $ 803 mil millones a $ 791 mil millones.

La consecuencia es que en el AMBA la denominada “canasta de servicios públicos”, que abarca el costo sin subsidios de las boletas de gas, electricidad y agua, más los gastos promedio de transporte, subió a $ 183.496 en junio. Y que si se amplía el análisis a los beneficiarios de subsidios, la proporción de la tarifa plena que pagaron los usuarios pasó del 43% hace un año al 54% actual.

Ingreso disponible

Todo ese cuadro disminuye el “ingreso disponible”, entendido como los recursos de que dispone un grupo familiar después de haber apartado el dinero para cubrir impuestos y servicios. En mayo, la consultora Empiria había calculado que el ingreso disponible había bajado 11% en términos reales con relación a diciembre de 2023.

El titular de esa consultora es Hernán Lacunza, exministro y principal referente económico del PRO. Según el portal Infobae, en la reciente convención nacional de ese partido se debatió un documento que hablaba del “estancamiento en la recuperación del ingreso disponible de las familias” y que por eso la baja de la inflación “no alcanza para garantizar un verdadero despegue económico”.

La tendencia continuará en los próximos meses, a juzgar por las publicaciones en las redes sociales del presidente Javier Milei, que en los últimos días retuiteó (dando por ciertas) una nota periodística que rezaba que el mandatario “ordenó a sus ministros acentuar el ajuste fiscal para alcanzar la meta del 1,6% del PBI” de superávit financiero.

Al respecto, la consultora LCG estimó que para cumplir esa meta será necesaria «una nueva ola de ajuste, que entendemos se concentrará en subsidios y gasto operativos, y en aquellas áreas que preserven nichos de ineficiencia todavía no corregidos, tal como sucedió en los últimos meses”.