Caracas en calma luego de un confuso incidente con drones

En un clima de incertidumbre, una balacera en cercanía del Palacio de Miraflores despertó las alarmas. Se supone que fueron naves no tripuladas que volaban sin permiso. Medidas contra cualquiera que apoye o promocione el ataque de las fuerzas estadounidenses.

La capital venezolana vivó algunas horas de tensión cuando se escucharon disparos y detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, la sede del gobierno actualmente encabezado por la administración interina a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Las detonaciones fueron reportadas por usuarios en redes sociales, que difundieron imágenes y videos y crecía la preocupación ante la amenaza de Donald Trump de nuevos ataques contra Venezuela tras el secuestro el sábado de Nicolás Maduro.

El gobierno, mediante un comunicado oficial, informó que los disparos fueron por drones que volaban sin permiso y negaron que algún tipo enfrentamiento como se apresuraron a señalar algunos medios. Incluso se habló de que la balacera habría sido producto de una confusión dentro de las propias fuerzas de seguridad, que habrían dirigido los drones al cielo de la capital venezolana

Finalmente, desde las misas redes se difundieron imágenes donde se mostraba que las calles caraqueñas estaban en absoluta calma. El clima posterior al secuestro de Maduro es de incertidumbre y este hacho alentó todo tipo de inquietudes. Pero existen códigos de seguridad en el palacio de gobierno que explicarían el hecho. Por lo pronto, ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo del edificio, se activa un protocolo de defensa antiaérea que incluye el despliegue de la Guardia de Honor Presidencial y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos.

Dado el contexto de intervención militar extranjera, la presencia de estas aeronaves eleva la alerta máxima por riesgo de ataque selectivo o espionaje táctico. Es en este clima que se supo este lunes de la entrada en vigencia de un decreto por el que se declara el estado de conmoción exterior en Venezuela, lo que incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela de este fin de semana.

«Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República», explica el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes.

Los detenidos por este precepto deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con vistas a su enjuiciamiento «con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa».

El texto, que tiene una duración de 90 días prorrogables otros 90, prevé además un refuerzo de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera «y demás industrias básicas del Estado».

El estado de conmoción incluye además poderes extraordinarios para el jefe del Estado, tales como la suspensión del derecho de reunión y manifestación. También permite a la interina ordenar requisar los bienes necesarios para la defensa del país, restringir el acceso al territorio nacional o cerrar las fronteras.

Asimismo capacita a la presidenta encargada para «restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional», «dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población» y «cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo venezolano, la integridad del territorio y la soberanía venezolana».

El decreto deberá ser remitido a la Asamblea Nacional en un plazo de ocho días desde su emisón «para para su consideración y aprobación», explica el propio texto.

ALG con Europa Press, Xinhua y NA

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