Las víctimas denunciaron que el imputado se aprovechaba de sus consumos problemáticos y les daba dinero y pastillas a cambio de sexo.
El organismo provincial tomó conocimiento de estos aberrantes hechos, «cuando realizamos una inspección, hicimos la correspondiente denuncia y nos presentamos en la causa como particular damnificado institucional», reconstruyó Sandra Raggio, directora general de la CPM, en diálogo con Tiempo.
La fiscal María Florencia Salas, titular de la Fiscalía 1 de Mar del Plata, pidió la inmediata detención del imputado. También ordenaron un allanamiento en la Unidad Penal 15, con el objetivo de reunir nuevas pruebas porque estiman que hay más víctimas que no se animan a contarlo.
Los detenidos declararon que el jefe del sector de sanidad, Salas, «se aprovechó de la situación de indefensión de ellos y del cuadro de consumo problemático -que la gran mayoría de la población carcelaria tiene-, para facilitarles psicofármacos y dinero a cambio de favores sexuales», detalló la directora general.
Ambas víctimas sufrieron acoso y abuso sexual. «Los reclusos contaron que estos hechos ocurrían cuando iban al sector de sanidad, a pedir asistencia médica por episodios de crisis de salud mental», aseveró Raggio.
Raggio contó que uno de los presos declaró que «en algunas oportunidades, el jefe de sanidad le entregaba entre dos y hasta cinco cajas de psicofármacos. También denunció que sufría acoso de manera frecuente y que, además, recibía mensajes en su celular con pedidos sexuales», explicó la directora general.
Por eso, cuando realizaron la denuncia «señalamos que estos delitos ocurrían sistemáticamente, tanto el abuso sexual como así también la entrega ilegal de medicación a personas privadas de la libertad que realizan tratamientos», remarcó.
Durante los procesos de los tratamientos que los detenidos realizaban, «el jefe de sanidad aprovechaba para sobremedicarlos hasta que quedaran indefensos causándoles graves dolores físicos y mentales para luego aprovecharse sexualmente de ellos», denunció Raggio.
La fiscal también investiga «una probable complicidad de los guardias de la cárcel porque son quienes acompañan al sector de sanidad a los presos cuando estos reclaman asistencia», explicó la directora general. Apuntó que es muy raro «que ningún funcionario penitenciario tenga conocimiento de lo que estaba pasando».
Salas está imputado en estos dos casos que se conocieron «porque las víctimas se animaron a contarlo, pero pensamos que hay muchísimos más», adujo Raggio. Además, todavía no queda claro en la instrucción de la cusa «si el jefe de sanidad solo entregaba los psicofármacos para obtener sexo con los detenidos o si se los daba para que también los vendan al resto de sus compañeros de encierro», finalizó.
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