Cárceles: una situación explosiva que dista de estar bajo control

“Es uno el que va a buscar al virus”. Latiguillo de los especialistas que abogan por la cuarentena, esas palabras no aplican para lo que sucede en las cárceles, donde los portadores y propagadores de la enfermedad siempre provienen del exterior. Y esto ocurre en el peor contexto posible para las unidades penitenciarias federales y provinciales, sobre todo las bonaerenses, producto de un histórico pico de hacinamiento debido a la política punitivista del macrismo. Según datos oficiales, para fines de 2017 había poco más de 85.000 presos entre todas las jurisdicciones, más del doble de la cantidad de detenidos que había en 2007.

Desde fines de 2015, la cantidad de presos en las unidades federales comenzó a crecer de manera sostenida: de 10.323 presos, la cifra trepó a 14.314 a junio del año pasado, un 39% más. La Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) elaboró un informe ante la pandemia en el que precisó que a abril de este año, el número bajó a 12.743.

Al mismo ritmo que la pandemia avanzó en el país, se multiplicaron los reclamos de los presos, sus familiares y los organismos de derechos humanos, que exigen mayores medidas de seguridad e higiene para paliar el hacinamiento y, como premisa fundamental, la posibilidad de morigerar las penas para aquellos detenidos por delitos leves y que estuvieran cerca de recuperar la libertad.

Puertas adentro del penal federal de Villa Devoto, donde el 24 de abril hubo una fuerte protesta, se detectaron 8 contagios de coronavirus entre los presos. Sin embargo, el récord de casos se da en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes (ver aparte).

En el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, colapsado por donde se lo mire, la situación no mejor: la sobrepoblación araña el 110 por ciento. Con 23.000 plazas de capacidad, hay alojados 49.000 presos.

A mediados de abril, Julián Arakaki, de 49 años, preso en la Unidad 42 de Florencio Varela, se convirtió en el primer preso con coronavirus del país. Paciente crónico renal, se habría infectado en el Hospital Presidente Perón, de Avellaneda, donde acudía tres veces por semana a hacerse diálisis. Ha habido otros tres casos de empleados infectados: un escribiente del penal de Melchor Romero, en La Plata; un agente penitenciario en Campana; y otra uniformada en Olmos, detectados a tiempo.

Con todo, las cárceles siguen siendo una bomba de tiempo a punto de detonar, azuzada por la campaña mediática que puso freno a la excarcelación de presos por delitos leves y en situación de riesgo que ante la amenaza del coronavirus se da en sistemas penitenciarios de casi todo el mundo.

Corrientes, caso testigo

Toda Corrientes registra 78 casos positivos de coronavirus, de los cuáles 40 permanecen activos: más de la mitad, 24, son presos de la Unidad Penitenciaria 1 de la capital provincial, donde el 21 de abril fue asesinado el detenido José María Candia, de 22 años, en medio de un despliegue represivo ante una protesta de los internos. Su cadáver tenía siete postas de gomas y tres perdigonazos de plomo.

Los peores presagios se hicieron realidad días más tarde, cuando al menos un agente penitenciario dio positivo. Puertas adentro, el virus ya se había esparcido. Del hisopado a 96 detenidos que habían tenido contacto con el caso cero, 24 estaban infectados.