Carrió, la llave para frenar el avance del PRO contra Gils Carbó

Cuando las cosas se hacen mal es más que probable que terminen por resultar mal. La frase viene a cuento ahora que el tan meneado proyecto oficialista con el que buscaban reformar el Ministerio Público Fiscal (MPF) ha sido formalmente suspendido sin fecha de tratamiento. La orden la dio el propio Mauricio Macri tras analizar las críticas que lanzó Elisa Carrió. Lo que dijo la legisladora no sólo desnudó la pretensión del gobierno de librarse de Alejandra Gils Carbó sino que, para peor, lo estaba haciendo con una receta inconstitucional. El papelón al oficialismo no se lo quita nadie pero, en el fondo, Carrió terminó por ayudar al evitar un costo político todavía mayor si la iniciativa avanzaba en el Congreso.

Al Ejecutivo no le quedó otra alternativa que mandar el proyecto al cajón porque el jueves tienen el relanzamiento de Cambiemos y necesitan la foto de todos, incluso de Carrió, sonriendo para las cámaras. El ministro de Justicia, Germán Garavano, intentó desdramatizar al asegurar que “si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley” para luego afirmar que “tampoco es nada grave” porque considera que las críticas no implican estar a favor de la procuradora. El ministro, el responsable del texto original de la norma, nunca ocultó su deseo de que Gils Carbó abandonara el cargo. Es problema es que si el proyecto es inconstitucional como afirma Carrió entonces al ministro le cabe una cuota parte de responsabilidad.

Una vez que se conocieron las declaraciones de la legisladora de la CC todo comenzó a desmoronarse. De repente, Graciela Camaño del bloque del Frente Renovador, se reunió con los periodista acreditados en la Cámara baja, para decir que “nosotros tuvimos una actitud de colaborar y nos bancamos el costo político de que nos dijeran que defendíamos a GilsCarbó. Pero somos conscientes de que el Gobierno tiene que gobernar”. La frase sonó a un justificativo a pesar de que su bloque nunca ocultó su intención de sacar a la procuradora. De hecho hay pedidos de juicio político contra GilsCarbó que llevan la firma de miembros del FR.

Por otra parte, en estas últimas semanas nadie del massismo ocultaba cuánto había trabajado Camaño en la modificación del proyecto original. Es por ello que para diputados del oficialismo la frase de Camaño debía estar acompañada de la imagen de la legisladora con sus manos debajo de algún grifo lavándoselas. Pero en la UCR también hay responsabilidad. Algunos sostienen que el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, debería haber sido un poco más firme ante los avances de las correcciones realizada por Camaño y sostienen que el diputado cordobés está todavía “algo crudo” para enfrentarla.

La cuestión fue que más allá de la poca o mucha experiencia parlamentaria de Mestre, el bloque de la UCR y también del PRO dejar que se ampliaran las facultades de la bicameral, cuya presidencia recayó en Camaño, y que de haberse aprobado el proyecto la figura de la procuradora o procurador hubiera quedado en una mera formalidad y, sobre todo, debilidad ante el Congreso. Esto también fue cuestionado por Carrió.

Incluso la duración del mandato que pretendían imponer fue criticado por la diputada de la CC. El oficialismo pretendía que durara cinco años con posibilidad de renovarse el mandato por otros cinco con acuerdo presidencial. De haber prosperado en agosto del año próximo GilsCarbó debería solicitar una renovación de su cargo que el Ejecutivo no habría aceptado. Es válido reconocer que Camaño siempre les dijo a los oficialista que la fecha de cuando comenzaba a correr el plazo lo deberían decidir ellos e incluirlo en una cláusula transitoria. En el entorno de Camaño aseguran que Cambiemos se negó a esa propuesta y que ella les dijo que iba a desembocar en una disputa judicial.

Durante el lunes el oficialismo de la Cámara baja manejó dos opciones. El plan A, por así decirlo, que implicaba sesionar con el dictamen que existe y realizar las modificaciones en el recinto pagando el costo del papelón pero consiguiendo una media sanción. El plan B, que ayer todos daban por descontado, era una sesión con temas menos problemáticos y dejar la reforma del MPF para un mejor momento.

En la UCR se mostraban dispuestos al plan A pero llegó la orden de frenar todo porque además del acto del relanzamiento de Cambiemos que sucederá el jueves, ya habían perdido el respaldo del massismo y en el Senado también había comenzado el proceso de sacar los pies del plato. Entonces, es probable que la reforma del Ministerio Público Fiscal quede para el próximo año.

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