Expresaron que tras la renuncia de 300 trabajadores de la salud “la mera recomposición salarial no puede devolver ese capital humano e intelectual invaluable”. Rechazaron la versión del Gobierno sobre “ñoquis”, porque el hospital fue auditado y “no se halló un solo trabajador que no cumpliera con sus tareas”.
“Hoy el aumento llega, pero la herida que dejó el abandono no se cura con una resolución administrativa”, alertó un conjunto de profesionales que durante todo el conflicto se pronunció mediante comunicados abiertos.
A raíz del aumento del 61% sobre el básico anunciado por Lugones, señalaron que “alegra profundamente, no solo porque responde a un reclamo legítimo y sostenido durante casi dos años, sino también porque representa un acto de respeto institucional: una ley (de Emergencia Pediátrica) votada por el Poder Legislativo es finalmente aplicada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, y en coherencia con lo que venimos expresando desde el inicio de este reclamo, no hay nada que festejar”.
“Durante estos años, el hospital ha sufrido una pérdida irreparable: más de 300 profesionales altamente calificados renunciaron, muchos de ellos con más de dos décadas de experiencia en la atención de niños y niñas con patologías complejas. Se trataba de equipos interdisciplinarios que no solo brindaban atención médica de excelencia, sino que también desarrollaban protocolos pioneros que mejoraron la calidad y la expectativa de vida de pacientes en todo el país. La mera recomposición salarial no puede devolver ese capital humano e intelectual invaluable. Solo el tiempo, la formación y el compromiso sostenido permitirán reconstruir lo que se ha perdido”, expresaron médicos y médicas del Garrahan.
En este proceso “se rompieron cadenas de aprendizaje que tardaron años en consolidarse; se quebraron culturas de trabajo que caracterizaban al Garrahan; se paralizó la generación de nuevos protocolos y se desalentó el ingreso de nuevos profesionales, tanto por los bajos salarios como por el agravio injusto que nuestra institución recibió desde distintos niveles de autoridad sanitaria”.
En la carta aludieron a las versiones que intentó instalar el Gobierno al inicio del conflicto: que el hospital estaba lleno de “ñoquis” y eso explicaba su mala situación económica. “Queremos dejar muy en claro, y lo subrayamos con orgullo, que el Hospital J. P. Garrahan fue exhaustivamente intervenido y auditado durante los últimos dos años, con total cooperación de su personal. El resultado fue contundente: no se halló un solo trabajador que no cumpliera con sus tareas y horarios, ni un solo gasto que no correspondiera al funcionamiento esencial del hospital”, remarcaron.
Además, recordaron que “la Ley de Emergencia Pediátrica no se limita a la cuestión salarial: también establece la recomposición del sistema de residencias médicas, un pilar fundamental para garantizar la continuidad de la formación y el desarrollo de nuevos profesionales en todo el país”.
Días atrás, en una entrevista televisiva, el periodista Eduardo Feinmann se dirigió a Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en un tono agresivo que lo llevó a pedir disculpas al día siguiente. La acusó de mentirosa y le cuestionó su militancia partidaria, además de su lucha sindical.
En diálogo con Radio La Patriada, Lezana dijo que la APyT demandará por persecución ideológica, política y violencia mediática a Feinmann. Señaló que su agresividad apuntó especialmente hacia las mujeres: “Nos trató con mentiras y violencia simbólica. En nuestro país existe una ley de protección integral de las mujeres y debe cumplirse”.
Lezana convocó a un Cabildo Abierto el jueves 13 a las 16 en el hall del Garrahan, junto a más de cien organizaciones, para debatir cómo enfrentar las sanciones impuestas por el interventor Mariano Pirozzo y continuar las luchas por la salud, la universidad pública, la discapacidad y los jubilados.
“Buscan disciplinar a quienes nos pusimos al frente de la lucha por el hospital público”, dijo sobre la actitud de las autoridades. En cuanto a Pirozzo, designado por el ministro Mario Lugones, cuestionó: “No nos recibe, no responde notas ni aborda reclamos. Hay violencia laboral y falta total de diálogo”.
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