Cartes resiste en Paraguay: una novela de narcos, lavado, fútbol y pugnas diplomáticas

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) recién estaba por asumir cuando Julian Assange y WikiLeaks irrumpieron en el mercado de la decencia. Lo sacaron de la vidriera de los empresarios más o menos turbios y coincidieron con los más afamados servicios de inteligencia en que el sujeto era un hombre de cuidado. Fue así que empezó a crecer un archivo en el que se consideraba al paraguayo mucho más que como un líder político con algunos destellos de decencia. Hoy está en el centro de una disputa con EE UU y su ficha anexó nombres de sujetos vinculados al poder, las empresas y el fútbol, el lavado, el contrabando y el tráfico de drogas. Entre ellos se encuentra la familia uruguaya de los Bordaberry que, tras un breve receso, vuelve a militar al servicio de la ultraderecha y postula a Pedro, el mayor de los varones, para una banca de senador (ver recuadro).
Pese a ser actual presidente del Partido Colorado –la logia que dio amparo civil al dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) y maneja la política paraguaya desde hace 120 años– y de haber sido durante su mandato un aliado mimado de EE UU, Cartes enriquece hoy el índex de la Casa Blanca, calificado como “personalidad significativamente corrupta”. Por ello le fue retirado el visado que le permitía entrar y salir libremente del país, sus 47 empresas tienen vedado todo tipo de transacción, sus bancos y financieras no pueden operar y los castigos se extienden a decenas de sus aliados y socios. Internamente, sin embargo, su poder se mantiene inalterado y, a la espera de que llegue el inevitable pedido de extradición para su juzgamiento por una corte norteamericana, el gobierno de Asunción optó por ir al choque directo y le pidió a Estados Unidos que retire a su embajador, Marc Ostfield.
El 6 de agosto pasado el diplomático actuó con la prepotencia habitual, como siempre han actuado los embajadores norteamericanos en Paraguay y en tantos países. Reunió a los medios para explicarles en qué consiste la calificación aplicada a Cartes y las restricciones extendidas a sus socios y a sus empresas, en especial a la Tabacalera del Este (Tabesa), el buque insignia a través del cual la familia canaliza su fantástico negocio de contrabando de cigarrillos con el que ha copado los mercados americanos, de norte a sur, desde México hasta Brasil y Chile. En concreto, Ostfield dijo que Tabesa recibía la máxima sanción por “haber dado apoyo financiero al señor Cartes, considerado por mi gobierno como una personalidad significativamente corrupta”.
El gobierno de Santiago Peña, que se enteró de la “sanción” estadounidense contra Cartes por la versión de las televisoras y los diarios, no tomó la decisión extrema de expulsar a Ostfield o declararlo persona non grata porque ello habría significado, de hecho, la ruptura de relaciones diplomáticas. Grotescamente respetuoso, el canciller Rubén Ramírez aclaró que “nuestro gobierno no abre juicio sobre herramientas administrativas que se enmarcan en la legislación de EE UU, pero sí tenemos posición sobre cómo fueron comunicadas (por el embajador a la prensa, y no de gobierno a gobierno), por lo que el señor presidente optó por pedirle a la Casa Blanca que acelere la salida de su embajador”.
En su conferencia de prensa Ostfield fue particularmente duro y amenazante. Primero recordó que su país acusó a Tabesa de «financiar a una persona (Cartes) a la que ya en julio de 2022 el Departamento de Estado había calificado como corrupta en grado extremo por sus nexos con el crimen transnacional». Luego advirtió que «la administración Biden seguirá usando herramientas para combatir la corrupción, incluidas restricciones de visa, sanciones financieras y extradición como parte de las acciones orientadas a garantizar la rendición de cuentas de los actores corruptos». Por último, señaló que la “marginación del señor Cartes” se hace para «proteger nuestro sistema financiero y evitar que se use para facilitar la corrupción”. Cerró contundente: «Cualquiera que ayude a Cartes será sancionado».
Según WikiLeaks, Cartes y sus saludables finanzas son seguidas por la DEA desde 2001, cuando compró el club de fútbol Libertad y asumió, en alianza con Alejandro Domínguez, actual presidente de la Conmebol, como director de selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Entonces aparecieron operaciones sospechosas de lavado de dinero del tráfico de drogas y venta de jugadores. Poco después fue requisada en Uruguay una avioneta piloteada por Domingo Viveros, un tío de Cartes, con una carga de 343 kilos de marihuana y 20 de cocaína. A partir de 2017 la agencia norteamericana anti drogas ya tenía probado que Cartes traficaba con futbolistas de los clubes Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Copiatá (de Paraguay) y el griego Atlético Trikala. Pero el fuerte era el lavado del diezmo de los fieles de la ofensivamente llamada Iglesia para el Avivamiento.
Desde que llegó a Asunción, marzo de 2022, Ostfield pasó a ser blanco de las más odiosas expresiones encubiertas de rechazo. Por dos razones, la ultraderecha acciona para que se vaya. La primera, por su autocrítica sobre el papel de Estados Unidos y el dictador Alfredo Stroessner en las matanzas de las dictaduras americanas del siglo pasado y el diseño del Plan Cóndor (al inaugurar el edificio de la nueva embajada, coincidiendo con la celebración del 4 de julio, Ostfield sorprendió al referirse a “una parte reprochable de nuestra historia, que muchos prefieren olvidar. No podemos esconder estas cosas –dijo–, es importante que las mantengamos vivas para que no se repitan nunca más”). La segunda, porque ante los 300 invitados reivindicó su homosexualidad y presentó en sociedad “a mi esposo desde hace 32 años”. Homofóbicos y odiadores tienen ahora su trofeo.