Las mujeres cartoneras tiran carretas de hasta unos 300 kilos. La naturalización de verlas por las calles de la Ciudad de Buenos Aires no muestra la dureza del oficio: cada bolsón lleno de cartón pesa 80 kilos y, para que rinda un día de trabajo, tienen que tener por lo menos cuatro bolsones.
«Ya no tengo fuerza en las manos y las rodillas y la columna vertebral también tuvo sus consecuencias», cuenta Jackie Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, y coordinadora del Programa porteño de Promotoras Ambientales.
Hace diez años y a raíz de las secuelas de cartonear y poner el cuerpo durante muchísimo tiempo, pero también desde un lugar histórico y de saberes, Jackie Flores presentó un proyecto clave para ella y sus compañeras: conformar el primer cuerpo de promotoras ambientales.
En la Legislatura porteña, relata, se lo negaron porque «dejaba de lado a los compañeros varones». «No entendían el feminismo popular como lo entendemos ahora», enfatiza Flores.
Todo lo relacionado a la jerarquización dentro del sistema de reciclado con inclusión social lo maneja un varón: choferes, operarios, enfardadores. La referente sindical apunta: «Lo que tiene que ver con la fuerza, lo manejan los varones y no había una opción más para nosotras».
La independencia económica era una de las grandes razones por las cuales era importante crear un trabajo para las mujeres dentro del mundo cartonero. «Eso nos va a permitir salir de las violencias estructurales», recalca la referente de la Faccyr.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores fue creada en 2011 y, desde 2013, el programa de Promotoras Ambientales pasó a ser una realidad nacional y un derecho adquirido, gracias al apoyo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y a la lucha de las mujeres cartoneras.
Las promotoras ambientales son quienes tienen la tarea fundamental de enseñar y reeducar a la sociedad sobre reciclado, separación de residuos en origen y leyes preexistentes.
Lo hacen mediante mapeos, timbreos y vínculos con los vecinos, quienes ya las conocen, las llaman, las consultan y las referencian en los barrios. La independencia económica y las tareas de cuidados son dos de los reclamos que hacen las mujeres del sector cartonero hace años.
Si bien la creación de este trabajo con perspectiva de género es un gran avance, no alcanza: el reconocimiento formal de la tarea de su sector es lo que más necesitan «para terminar con la violencia estructural». Los sindicatos y las organizaciones que nuclean a quienes reciclan y cartonean no tienen un número exacto de cuántas personas efectivamente trabajan en todo el país.
Sin embargo, Jackie Flores y María Castillo, la directora nacional de Reciclado, coinciden en que hay alrededor de 150.000 y que entre el 60 y el 65 por ciento, son mujeres y jefas de hogar. Castillo comenzó a cartonear en el 2001 por la crisis económica y hoy es una referente indiscutida del sector, con una trayectoria en el MTE de Lomas de Zamora y en la CTEP (hoy UTEP).
«Hay gente que no le gusta que una mujer le diga las cosas», cuenta Castillo. Es la primera vez que una militante cartonera ocupa ese lugar. La mirada, el camino y la vehiculización de los reclamos del sector hacen que Castillo «haga honor» al lugar, según dicen sus compañeras.
El día a día, la necesidad de los hijos, la escuela, con quién dejarlos, saber que sin «laburo» no hay comida, son lo que la funcionaria reconoce como mayores dificultades en la vida de una cartonera. Es que, sin duda, la tarea de cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres.
Incluso las distintas cooperativas -la Faccyr también- han llevado adelante algunas estrategias de guarderías y espacios donde el Estado aún no llegó.
Las cartoneras organizadas y sindicalizadas remarcan la urgencia de que su trabajo en la economía popular sea reconocido. «Estamos muy contentas que exista el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero se sigue sosteniendo la violencia estructural con un potencial trabajo que nosotras mismas conseguimos», sentencia Jackie Flores.
«Necesitamos espacios para el cuidado de nuestros niños, que la emergencia en violencia tenga perspectiva popular y necesitamos el salario para las que no pueden ni cargar la SUBE», avisa la referenta nacional de la Faccyr. En su cuenta de Instagram sentencia: «Por otro lado, no hay políticas públicas que fortalezcan el trabajo que las organizaciones llevamos adelante contra la violencia de género. Somos una parte fundamental de la solución y nos están dejando afuera».
