Casación dio más domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad

Recibieron el beneficio el ex juez federal de Santa Fe Víctor, Hermes Brusa; Eduardo Angel Cruz, sentenciado por su participación en campos de concentración; y Mario Rubén Domínguez, condenado por los asesinatos del adolescente Floreal Avellaneda y el diputado Diego Muñiz Barreto.

La Cámara Federal de Casación prolongó el festival de prisiones domiciliarias para condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos el del ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa, destituido por un jurado de enjuiciamiento en 2000 y condenado a 21 años de prisión. Con el argumento central de los 70 (o más) años de edad, la Sala Segunda del máximo tribunal penal del país, en sendos fallos divididos, concedió el arresto domiciliario para Brusa, Eduardo Ángel Cruz (condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en los centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo -ABO-), Mario Rubén Domínguez, con sentencia no firme a perpetua por los secuestros y homicidios del adolescente Floreal Avellaneda y el ex diputado Diego Muñiz Barreto, y Martín Rodríguez, condenado a perpetua también por Muñiz Barreto en el mismo juicio que el ex comisario Luis Patti.

Los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, con la disidencia expresa del tercer integrante de la Sala, Alejandro Slokar, otorgaron la domiciliaria a los cuatro. En el caso del ex juez Brusa, valorando -además de que acaba de cumplir 70 años- su cuadro depresivo que padece en la cárcel. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe había rechazado que cumpliera la condena en su casa, pero su defensa alegó que «padece una enfermedad psiquiátrica de larga data», por lo menos desde 2006, que fue evolucionando y agravándose a lo largo de los 12 años de detención. En ese contexto, el juez Yacobucci consideró que «en atención a las nuevas circunstancias verificadas en el caso de marras, concretamente con relación a la condición etaria de Brusa, es decir sus actuales 70 años, la decisión en crisis no es susceptible de ser convalidada».

Pero también consideró que ya ha pasado mucho tiempo en prisión. Brusa, condenado a 21 años de prisión e inhabilitación especial, «se encuentra privado de libertad desde el 2 de febrero de 2005, por lo que la expresión de impunidad que podría significar la obtención de la morigeración penitenciaria se encuentra neutralizada en razón del tiempo de detención transitado por el incusado hasta la fecha, próximo a los 13 años y 9 meses)».

Slokar contrapuso que «el tribunal oral ha dado respuesta a los argumentos delineados oportunamente por la defensa en su petición original, que fueron reeditados en el instrumento recursivo bajo estudio, descartando fundadamente las argumentaciones traídas por la parte, especialmente aquellas vinculadas a su estado de salud y la posibilidad de que sus dolencias sean tratadas dentro de la unidad carcelaria». En ese sentido, record que «la psicóloga forense dictamina que dado el cuadro depresivo observado, se recomienda su evaluación y su inclusión en seguimiento terapéutico, el cual puede realizarse intramuros». Además, «la Junta Especial de Salud Mental dijo que el estado actual del Sr. Brusa no indica que esté cursando ninguna dolencia psicopatológica. Y para los efectos subjetivos que su estado de reclusión le produjera cuenta con su tratamiento psicoterapéutico semanal al que se le reconoce resultados beneficiosos».

A Cruz, de 73 años de edad, el tribunal le detecta que «las patologías enumeradas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense conforman un cuadro sumamente patógeno, cuyo tratamiento difícilmente pueda ser realizado en la unidad carcelaria sin incrementar su vulnerabilidad». El voto mayoritario amplió que «entre las conclusiones a las que arribaron los peritos, se indicó el riesgo de Óbito, asociado a la falta de control de las patologías, a la falta de servicios adecuados para llevar un seguimiento constante, y por su infarto previo, a la mayor incidencia de sufrir un nuevo evento isquémico».

El niño Floreal Edgardo Avellaneda, quien militaba en la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado, torturado y asesinado cuando tenía 15 años de edad. El 15 de abril de 1976, un grupo comando lo secuestró en la casa de la localidad bonaerense de Munro, donde vivía. Nunca más apareció.

Muñiz Barreto fue secuestrado cuando tenía 43 años. Marcado por la Triple A, fue detenido junto a su amigo Juan José Fernández el 16 de febrero de 1977, en una carnicería de Escobar, por Luis Patti en persona. Su cuerpo apareció en un vehículo arrojado a las aguas en Entre Ríos. Fernández sobreviví y contó en el juicio oral cómo fueron esas ˙últimas horas, lo que contribuyó a las condenas.

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