Casación revocó la excarcelación y Boudou volvió a prisión

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó detener nuevamente al ex vicepresidente Amado Boudou para que continúe cumpliendo la pena de cinco años y diez meses de prisión por la denominada “Causa Ciccone”, pese a que esa sentencia dictada en agosto del año pasado por un tribunal oral federal aún no está firme.

La Sala Cuarta del máximo tribunal penal del país, por unanimidad, aceptó los pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción, y descalificó la excarcelación concedida por el tribunal oral a fines del año pasado. “Los argumentos expuestos a los fines de conceder la excarcelación a Amado Boudou no encuentran justificación en el conjunto de pautas objetivas que configuradas definen, en el caso concreto, la razonabilidad del mantenimiento de la prisión cautelar del encausado”, sostuvieron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

Hornos consideró que “la decisión que concedió la excarcelación de Amado Boudou ha efectuado un análisis sesgado de todos los elementos presentes del caso, que ya habían sido ponderados al disponer su prisión preventiva como, la gravedad de las maniobras delictivas juzgadas en el presente proceso, la existencia de causas en trámite que registra y la de otros procesos penales que se siguen en su contra, entre las que se encuentra la investigación de la maniobra de refinanciación de la deuda de Formosa y la capacidad económica del nombrado”.

También Gemignani aludió a la “capacidad económica que presenta el imputado”. La realidad indica que en diciembre, cuando obtuvo la excarcelación que este lunes quedó sin efecto, un grupo de amigos de la política hicieron una “vaquita” para juntar la fianza. El dinero fue recolectado en una oficina del barrio porteño de San Telmo y los aportantes (gobernadores, ex gobernadores, un ex jefe de gabinete, un ex secretario de alto perfil, abogados y otros ex funcionarios) pusieron el dinero en efectivo o cheques para juntar el monto total.

Boudou volvió a la cárcel, también, por “la forma prepotente y amenazante” con que habría actuado durante el proceso que terminó en su condena. El fallo recordó que “el socio de Amado Boudou –Núñez Carmona- a pedido de Boudou amenazó a los directivos de Boldt para que finalizaran el contrato de alquiler de la fábrica de la ex Ciccone Calcográfica” y resaltó “la búsqueda de impunidad y el accionar siempre oculto con los que Boudou habría pergeñado la maniobra a los efectos de no resultar vinculado con la empresa criminal”.

“Tal sería el caso del uso de interpósitas personas para llevar adelante la negociación con los hermanos Ciccone y su aparición en forma simulada, la utilización de empresas off shore para desvincularlo de la maniobra, la posible existencia de recursos técnicos y económicos y contactos en el país y en el exterior, en orden a desarrollar todas las conductas”.

Para el tribunal, “la calidad esencial de la conducta que se le preatribuye a Boudou y las características del hecho imputado, así como los vínculos con los que habría actuado configurarían una grave intromisión en los fines de este proceso, el cual no sólo apunta a establecer la verdad material sobre una hipótesis delictiva y determinar la eventual responsabilidad de los imputados, sino también, a aplicar la pena, lograr el recupero de activos y la reparación del daño causado por el delito”.

Boudou fue condenado, además de la prisión, a pagar una multa de 90 mil pesos y fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

El juez Gemignani realizó una singular ponderación: “Se contraponen una presunción la de inocencia- y una certeza -la de culpabilidad-. Y obviamente, tanto desde el punto de vista lógico como axiológico, la certeza ha de imponerse a la presunción”. Dicho de otro modo, la condena tiene certeza pese a que hay dos instancias de revisión, la propia Casación y eventualmente la Corte Suprema. Entonces, esa condena de primera instancia tiene mayor valor que la presunción de inocencia. “No se trata ya de asegurar el eventual cumplimiento de la pena, sino de disponer su cumplimiento”, abundó Gemignani.