Es por la contratación de una consultora privada para tareas de prensa en la Oficina Anticorrupción.
El abogado denunciante, Leonardo Martínez Herrero, fue citado para mañana a las 10:30 para ratificar y ampliar el contenido de su presentación, que quedó registrada bajo el número 11.447/2018. Pero la causa tiene un cepo: el fiscal que intervendrá en el caso es Carlos Stornelli. Si él desistiera de impulsar la investigación, la denuncia se esfumaría automáticamente.
La denuncia se basa sobre dos notas periodísticas publicadas por el periodista Sebastián Lacunza. «Podría haberse cometido un ilícito toda vez la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) contrató como responsable de prensa a una consultora. Es algo de por sí inusual para funcionarios públicos, que suelen manejarse con voceros y equipos de comunicación que ocupan puestos estatales. En este caso, además, no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político, la empresa se dedica nada menos que al lobbying, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses.»
La consultora en cuestión es Consuasor, contratada –según la denuncia– por la OA a comienzos del año pasado. «Entre sus servicios ofrecidos en la Web, figura la estrategia comunicacional y el análisis de ‘riesgo político-regulatorio’. También el lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. De modo que la OA, una de cuyas tareas es investigar el cruce de intereses estatales y privados, se encuentra ante el escenario de pagar a una consultora que también trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales.»
El periodista Lacunza ya fue propuesto como testigo, pues se trata del autor de las investigaciones que derivaron en la causa penal.
Casanello estuvo de licencia la primera semana de la feria judicial de invierno. Regresará mañana y su primera actividad será la ratificación de la denuncia para, luego, enviarle el expediente a Stornelli para que decida si impulsará o no la investigación. «
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