El juez Adolfo Ziulu había reclamado los dos expedientes que tramitan en el fuero penal, en respuesta a un pedido de los apoderados del PRO, justamente la fuerza política bajo investigación. Ahora un tribunal superior deberá resolver el conflicto de competencia.
Tal como informó este medio el 2 de septiembre, la intención de Ziulu era establecer la competencia electoral en la causa. A través de una resolución, el juez, que subroga la competencia del juzgado federal Nro. 1, dio curso a un planteo de los apoderados del PRO, justamente la fuerza política que está en la mira de la justicia.
Pero encontró resistencia en los magistrados que investigan si se cometieron delitos penales detrás de la maniobra por la cual varias personas denunciaron haber sido incluidas en un listado de aportantes a la campaña bonaerense de Cambiemos contra su voluntad. Kreplak avanzó con la citación e incorporación de querellantes al expediente y dispuso allanamientos en oficinas bonaerenses, y ahora Casanello directamente rechazó el traslado de la causa.
El Juzgado N°7 investiga a organismos nacionales como la Anses y el Ministerio de Desarrollo Social, y la posible comisión de delitos federales como falsedad ideológica y lavado de dinero, todos delitos con mayor penalidad que los electorales.
El magistrado propuso que defina un “superior común”, por lo que todo indica que será la Corte –tal vez con su nueva estructura de autoridades- la que resuelva este conflicto de competencia.
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