Caso Amia: surgen lazos entre acusados y Garavano

Un imprevisto desgarró el manto de silencio que recubre el juicio por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia: la renuncia de dos abogados oficiales destapó una escandalosa trama que involucra al ministro de Justicia, Germán Garavano.

Hasta el martes, Mariana Stilman se desempeñó como querellante ante el tribunal que juzga a ex funcionarios, espías y políticos acusados de sembras pistas falsas. Stilman fue nombrada en representación del Ejecutivo por Garavano, aunque en su carta de renuncia la abogada menciona que “oportunamente acepté intervenir en este juicio por pedido de la diputada Elisa Carrió”. Junto a Stilman trabajaba el joven abogado Ezequiel Strajman, quien vivió el atentado de cerca: su casa quedaba a una cuadra del edificio de la Amia. Strajman renunció a la querella un día después que su colega.

En lugar de ambos asumió Miguel Inchausti, un abogado cercano a Garavano que hasta hace poco cumplía un rol ornamental en el equipo oficial. Al menos en las audiencias, donde Inchausti se mantuvo equidistante de sus compañeros y del resto de la querella. Recién adquirió mayor protagonismo hace un mes: cuando Justicia suspendió a Strajman, Inchausti se sentó junto a Stilman y protagonizó el episodio que detonó las renuncias.

Fue durante la sesión en la que debía declarar el ex prosecretario del ex juez Galeano, Claudio Lifschitz, un “testigo clave” para la querella por haber presenciado las maniobras que sustentan la acusación de encubrimiento. La defensa de los ex fiscales Mullen y Barbaccia se opuso a que Lifschitz prestara testimonio, argumentando razones procesales. Alarmados, los abogados de familiares y víctimas advirtieron que la maniobra pretendía evitar una declaración sensible. Stilman también iba a elevar su protesta, pero Inchausti le disputó el micrófono. La razón de ese forcejeo: el letrado oficial quería apoyar el planteo de la defensa de Mullen y Barbaccia. Los presentes escucharon nítido cuando Stilman le dijo a su colega : “En ese caso, decilo vos”.

El incidente derivó en la renuncia de Stilman, con una carta en la que sugiere que los cambios impuestos por Garavano alientan “la defensa de intereses opuestos”. “Los cambios ordenados en nuestra querella –señala la letrada, en un texto de cinco páginas– están directamente relacionados con el criterio disímil que se me ha planteado en cuanto al rol y la actividad que debe tener esta parte acusadora. Considerando la suscripta que dicho rol debe ser suficientemente activo como para llegar a la verdad de los hechos investigados, plagados de numerosas irregularidades cometidas –20 años atrás– por funcionarios de gobierno y judiciales. Entiendo que de lo contrario podría generarse la defensa de intereses opuestos”. Dicho en palabras más llanas: la abogada sugiere que la nueva estrategia del ministerio empalma con la defensa de los acusados.
Stilman no fue la única que percibió las implicancias del cambio de rumbo. “El nuevo abogado Inchausti no ha saludado nunca a las víctimas en el juicio, ni Buen Día, pero si a los acusados”, apuntó esta semana Diana Wassner, integrante de Memoria Activa, tras la renuncia de Stilman. Los vínculos entre el ministerio de Justicia y los fiscales acusados en el juicio no se reducen, por cierto, a la formalidad de un saludo. Y alcanzan al propio ministro Garavano.
El 29 de agosto pasado declaró como testigo Alan Martín Nessi, un abogado que se desempeñó entre 1993 y agosto del 2003 como secretario en la fiscalía de Mullen y Barbaccia. El joven letrado testificó en línea a las declaraciones indagatorias de sus ex jefes.

Nessi preside Unidos por la Justicia, una ONG cofundada por el ministro Garavano. La fundación acumuló varios escándalos por presunto tráfico de influencias en la justicia porteña y denuncias por manejos económicos incompatibles con una ONG que se declara “sin fines de lucro”. La fundación cobijó a buena parte de los ex empleados de las fiscales acusados.

En su carta de renuncia, Stilman deja en claro que Inchausti actúa por órdenes de Garavano. “Conforme a las últimas disposiciones del señor ministro –dice la abogada–, (Inchausti) es quien tiene su real aval para tomar las resoluciones en el día a día del juicio, en tanto goza de una mayor confianza e invoca sus órdenes expresas”. La pregunta que flota entre familiares y víctimas es si el cambio de estrategia oficial responde a un eventual interés particular por la suerte de los fiscales en desgracia. O, como sugiere Stilman, los cambios impedirán “llegar a la verdad”. «