Caso Candela: «Hay que avanzar sobre la responsabilidad policial»

El fiscal Mario Ferrario está abocado a un solo expediente desde abril de 2012: el caso Candela. Dicho así parece poco, pero los 126 cuerpos y más de 25 mil fojas que tiene la causa apenas caben en una amplia oficina que la Unidad Fiscal de Investigación N°3 tiene en el segundo piso del edificio de Casullo al 200, en Morón. El funcionario judicial se hizo cargo de la investigación, luego de que su colega Marcelo Tavolaro y el juez Alfredo Meade fueran apartados con duras críticas por la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

Por esos días, el caso se hallaba sumido en un gran escándalo y Ferrario apenas contaba con dos colaboradores, sus secretarios. En 2014, la causa fue elevada a juicio oral y ya en la recta final, se sumaron al equipo de Ferrario su colega de la UFI 3, Pablo Galarza, y poco después lo hizo Antonio Ferreras, de la UFI 4. El miércoles pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón convalidó el trabajo de los tres fiscales y condenó a Hugo Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez. Si el fallo queda firme, comienza una nueva etapa: dar con el resto de la banda que secuestró, violó y mató a Candela Sol Rodríguez, y quiénes fueron los funcionarios judiciales, policiales y políticos que encubrieron la maniobra.

Los primeros sospechosos cayeron presos poco después de aquel 31 de agosto de 2011, cuando el cadáver de la nena de once años apareció adentro de una bolsa de basura en Hurlingham, a un costado de la Autopista del Oeste. Todos dijeron ser «perejiles» y víctimas del fracaso del sistema judicial y policial. Incluso Bermúdez y Jara, quienes acaban de ser condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad seguida de muerte, y Fabián Goméz, a quien consideraron partícipe necesario del hecho, y que recibió una pena menor, de cuatro años.

–El fallo de esta semana fue contundente, pero tiene sabor a poco…

Mario Ferrario: –Cuando se elevó esta causa a juicio oral, se formó otra por separado para investigar al resto de la gente que intervino, para que ninguna circunstancia quede impune. A lo largo de estos seis meses de juicio se escucharon a muchos testigos que quedaron filmados. Se trata de una prueba muy importante para lo que viene ahora. Además, esos testimonios, frente a todas las partes y los jueces, le dan al caso una transparencia que en algún momento estuvo cuestionada.

Pablo Galarza: –Sin perjuicio de ello, en el juicio han surgido 28 investigaciones nuevas. Algunas son cuestiones menores pero otras tienen mayor entidad, son cosas más pesadas.

En abril, a dos meses del inicio del juicio, el debate oral estuvo a punto de ser anulado porque la testigo María Medina se quebró y reconoció que, durante la instrucción, el fiscal Tavolaro y su secretaria, Guillermina Rappazzo, le habían tomado declaración testimonial a su hermano, Héctor Medina, quien era cómplice en otra causa con Jara. Pero como en ese momento el hombre estaba prófugo, su hermana terminó firmando y blanqueando la información aportada. Luego, la familia Medina cobró la recompensa de 100 mil pesos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

–¿Lo de la testigo Medina fue lo más grave?

PG: –Fue muy impactante. Derivamos esa investigación a la Procuración para que analice los desempeños de Tavolaro y Rappazzo, para deslindar qué pasó. Fue sorpresivo para todos. Pero creo que hay otras investigaciones pendientes que son más pesadas, como las «negociaciones clandestinas» entre algún integrante de la cúpula policial que era parte de la mesa de crisis y algún informante. Algo así como «todavía no vayamos allá que por ahí podemos encontrar a la nena sin tocar San Martín».

–¿Creen que la suerte de Candela podría haber sido otra si la policía no retrasaba la búsqueda en San Martín?

Antonio Ferreras: –Estamos convencidos de que Candela estuvo durante un período en San Martín y que se la buscó allá tarde. Ese es un dato objetivo. Cuál hubiera sido el resultado, no lo sé.

MF: –Habrá que investigar, pero tenemos elementos para pensar que esa negociación pudo estar encabezada por (el ex superintendente de Investigaciones de la Policía Bonaerense) Norberto Castronuovo y su informante (Héctor «El Topo») Moreyra. En los alegatos dijimos que había cierto interés de algún integrante de la cúpula policial de que no se indagara demasiado en esa zona.

PG: –En principio, habrá que avanzar sobre la responsabilidad de Castronuovo, (el entonces N°2 de la Bonaerense) Hugo Matzkin y tal vez (el ex jefe de la Bonaerense) Juan Carlos Paggi, o ver si alguno se cortó solo. Probamos que el informe que tuvieron el día 28 de agosto sobre el teléfono de Candela, lo podrían haber tenido mucho antes. El aparato se apagó en San Martín. Estos policías, en el juicio hicieron todo lo posible para descreer de ese informe. Matzkin y la gente que trabajaba con él declararon que esos datos eran muy raros, que las compañías telefónicas no lo informaban, pero el experto de la Policía Federal dijo que esa información, si bien es muy específica, se consigue a más tardar en 48 horas. En los alegatos, dijimos que la vida dedicada al delito del papá de Candela, Juancho Rodríguez, es causa y efecto de este caso. En eso no coincidimos con la familia. La mamá de Candela sostiene que fue un hecho al voleo, casual y fortuito. Nosotros creemos que hubo una exigencia vinculada con temas de piratería del asfalto o el narcotráfico, o los dos juntos. «

Atravesada por la política

El caso Candela estalló poco antes de las elecciones de 2011, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli buscaba revalidar su cargo. Indefectiblemente, la investigación estuvo atravesada por la política. Por un lado, el entonces oficialismo intentó minimizar la responsabilidad policial, mientras sus adversarios buscaron desprestigiar toda la investigación.

«Una de las cosas que surgió en el juicio y que más me conmovió fue que el cadáver de la nena lo tuvieron entre 36 y 48 horas y lo plantaron sabiendo que Scioli iba a Hurlingham a juntarse con Carola Labrador, la mamá. No es que el gobernador vino por el hallazgo. Le tiraron el cuerpo. Es un elemento que puede tener varias lecturas», sostiene el fiscal Ferreras. «La política queda en evidencia –agrega Galarza–. Es un terreno en el que no nos metemos pero que está. Se formó en la Legislatura la Comisión Candela a partir de una interna entre el gobernador y el vicegobernador (Gabriel Mariotto), que se terminó alejando de los hechos objetivos. No fueron citados testigos directos, y sólo declararon sospechosos, abogados o periodistas sin obligación de decir la verdad».