Piden procesar también por «torturas» a seis de los policías acusados de encubrimiento

El fiscal que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas cuando iba con tres amigos en un auto, pidió agravar por el delito de «torturas» las imputaciones de seis policías que se encuentran detenidos por el encubrimiento del homicidio, al solicitar que sean procesados con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.

Así lo requirió el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al juez de la causa, Martín del Viso, al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» en el auto instantes antes baleado, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos y fueron sometidos a «actos de torturas».

En el escrito de 45 páginas -al que Télam tuvo acceso-, el fiscal solicitó que los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña sean procesados con prisión preventiva por los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal».

A la vez, en los casos de Inca, Cuevas, Fariña y Miño, agregó la imputación de delito de «falso testimonio agravado», ya que los tres declararon como testigos ante la Policía Federal cuando fue convocada para tomar el caso.

Las nuevas imputaciones fueron requeridas por Gómez Barbella tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados.

No obstante, como están detenidos desde el 27 de noviembre pasado -salvo Miño que estuvo prófuga y se entregó el 29- el juez Del viso debe resolver este martes sus situaciones procesales pero por las primeras imputaciones realizadas («encubrimiento agravado, privación de la libertad agravadas y falsedad ideológicas»), dijeron fuentes de la causa.

También el juez debe resolver -aunque sin plazo perentorio- si acepta el pedido de detención de otros ocho policías -un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial- formulado también por el Ministerio Público.

A ellos se les atribuye «haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas» por la Policía Federal Argentina (PFA), como así también las «privaciones ilegales de la libertad» a los tres sobrevivientes y la «alteración» de los rastros y pruebas», detallaron los voceros.

Por otro lado, también les endilga «haberle aplicado tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos» a Lucas González y a dos de sus amigos.

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.