Caso Maldonado, el momento de la verdad; por Roberto Caballero

A casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, hay indicios de que el caso avanza hacia algún tipo de desenlace. La eyección del juez Guido Otranto es todo un síntoma. Al apartarlo, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia validó todas las críticas acumuladas por el magistrado con su estrambótica intervención en el expediente de búsqueda.

En su resolución, el tribunal de alzada dejó por escrito algo que era evidente para todo el mundo, menos para el gobierno de Mauricio Macri, que defendió a Otranto con vehemencia: el criterio parcial y arbitrario del juez saliente, quien primero ordenó el violento operativo de Gendarmería que derivó en la desaparición del artesano y, luego, pretendía investigarse a sí mismo y a las fuerzas a su cargo por aquello que ni siquiera aceptaba como posible delito.

En sus últimas declaraciones a La Nación, después de tres rastrillajes en el Río Chubut, el ahora desplazado seguía sosteniendo que a Santiago lo había devorado el agua, que se había ahogado accidentalmente. Sin dudas, Otranto fue juez y parte involucrada en los hechos. Ahora se lo dijo la Cámara, aceptando la queja de la familia Maldonado y el sentido común más elemental.

Otro síntoma de la descomposición de la versión oficial es la filtración de los audios rescatados por un trabajo pericial de la Policía Federal Argentina sobre los teléfonos celulares de los gendarmes. Cada día se conoce uno nuevo que viene a apuntalar los dichos de los testigos de la comunidad mapuche de Cushamen.

El sumario original de la Gendarmería, que daba cuenta de un procedimiento de carácter escandinavo para desalojar la Ruta 40, fue un relato fraguado al calor de las denuncias públicas y el escándalo nacional e internacional desatado por la desaparición de Santiago.

El tiempo perdido es mucho, las evidencias pueden haber sido alteradas y hasta destruidas en parte, pero nada sería irreversible si la pesquisa es tomada por un juez idóneo e independiente, con intención de investigar a fondo lo ocurrido.

Hay testigos presenciales, probanza de que se intentó desviar la atención sobre lo sucedido, abultada evidencia del mal desempeño de los gendarmes y maniobras de ocultamiento que salieron finalmente a la luz, como el lavado de las camionetas y la decisión coordinada de borrar los mensajes de WhatsApp entre los sospechosos.

Con la salida de Otranto no se está automáticamente más cerca de la verdad, pero es un primer paso para arrancar la causa de la inacción cómplice y maliciosa, con destino de impunidad asegurado.

El juez Gustavo Lleral, su reemplazante, despierta alguna esperanza, no sólo por sus actuaciones previas en la investigación de delitos de lesa humanidad (fue secretario penal en la causa de los prófugos de la Masacre de Trelew), sino por cierta sensibilidad frente a la problemática de la que Otranto carecía.

Lleral hizo público su homenaje al escritor Tomás Eloy Martínez, autor de La Patria Fusilada, libro que permitió reconstruir los fusilamientos ilegales contra militantes revolucionarios en la base naval Almirante Zar, el 22 de agosto de 1972.

No puede ignorarse la incomodidad que genera en el gobierno la salida de Otranto, que funcionaba como garante de las múltiples versiones que alejaban a la Casa Rosada del episodio. Desde el primer momento, tanto Marcos Peña, Patricia Bullrich, Claudio Avruj y Germán Garavano respaldaron sus actuaciones. Todas las veces que hizo falta.

Otranto era un dique. Funcional a la estrategia desculpabilizadora de la Gendarmería y el gobierno, tal vez en procura del ascenso a camarista que alguien le tenía prometido. Actuó tarde y mal, cada vez que pudo. Avanzó en zigzag, evitó utilizar los protocolos en materia de desaparición forzada, mantuvo a la Gendarmería dentro del sumario, destrató a la familia de la víctima y restó importancia a las testimoniales surgidas de la comunidad mapuche.

Su salida es un soplo de aire puro frente a un procedimiento viciado, desde la foja cero. Quizá en breve la sociedad pueda conocer qué hacía Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Bullrich, en la zona de conflicto. Si estuvo en comunicación con el juez Otranto el día del desalojo y también los posteriores. De dónde salieron las versiones dirigidas a plantar a Santiago Maldonado en San Luis, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Chile. Por qué Gendarmería aportó sólo una parte de los videos que registraron el violento procedimiento. Quién y dónde atendió el teléfono de Maldonado por 22 segundos, tras su desaparición el 1º de agosto.

Hace dos semanas que el gobierno, a través de Marcos Peña, comenzó a tomar distancia de los gendarmes. Fue un lento viraje, casi imperceptible, en relación a la defensa ciega de la fuerza que implementó originariamente Bullrich. La hipótesis del «gendarme loquito», que actuó por su cuenta, ya no es descartada de plano por ningún funcionario en off.

Es mejor eso, pensarán, que asumir que la verdad de los hechos estaba para ser descubierta tempranamente. Como ocurre con tantas otras cosas en este gobierno, la administración del costo político está por encima de las obligaciones republicanas. Puede más un focus group que el deber como funcionarios.

Ahora que no está más Otranto, cuando toda la estrategia de manipulación amenaza con quedar al desnudo, es probable que finalmente el gobierno corrija su relato y sacrifique algunos alfiles en el territorio. De la Justicia depende avanzar en la cadena de responsabilidades. Tanto las materiales, como las políticas, que también las hay. «