Caso Maldonado: los expertos de la familia aseguraron que no se puede descartar la desaparición forzada

La familia Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el informe elaborado por un grupo de expertos  donde afirman que «no hay elementos para descartar una desaparición forzada”.

El trabajo investigativo toma como punto de partida algunas los planteos y las dudas que presentó la familia y toma tres ejes esenciales. El primero es si se hizo lo posible para encontrar a Santiago con vida, si las investigaciones posteriores se hicieron con la urgencia debida y si hubo un buen manejo de las pruebas y es un nuevo intento de la familia para que la causa no se cierre. 

Por otro lado, se ocupa del impacto de los medios en la resolución final y por último apunta directamente al Estado argentino acerca si se garantizó la búsqueda de la verdad y la protección a las víctimas.

Entre las primeras conclusiones que arroja el informe afirma, “no hubo actuación investigativa que reuniera todas las características de independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyeran todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada, tal como lo indican los estándares internacionales” y aclara, “De acuerdo a dichos estándares, la desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así. Por el contrario, en una actitud que riñe con el principio de imparcialidad, las autoridades desecharon esa primera hipótesis lo que desde el principio impidió desarrollar una debida diligencia y sembró desconfianza en la familia de las víctimas, en la comunidad involucrada y en amplios sectores de la sociedad”.

Otro punto importante en el momento de la conclusión y que el informe desarrolla en forma exhaustiva tiene que ver con el contexto en el que desaparece Santiago. “Los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto socio territorial histórico caracterizado por la negación de derechos a pueblos indígenas en Argentina. En este caso el Pu Lof Cushamen del pueblo mapuche, reivindica la restitución de las tierras de ocupación tradicional de las cuales fueron desposeídos por privados con la anuencia del Estado argentino. En ese marco se evidencia una preocupante vulneración de derechos fundamentales entre los que se encuentran el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivos de raza, color, etnicidad, así como el derecho a la vida, a la integridad física, y a la privacidad”.

También destaca el informe elaborado por los peritos y que se dio a conocer públicamente en noviembre de 2017, donde se señalaba que Santiago había muerto por ahogamiento y que no presentaba ningún signo de violencia. Ese informe pericial fue cuestionado en más de una ocasión por la querella encabezada por Sergio Maldonado. En este caso, el equipo de expertos también cuestiona el precipitado reporte.

“La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizadas en el río Chubut y sus áreas circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 días después de la desaparición”, continúa, “esta situación genera un manto de duda sobre las demás acciones realizadas en el proceso de investigación, especialmente sobre las conclusiones reportadas por la Junta de Peritos en relación con el análisis postmortem del cuerpo. La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.

Además aborda el discurso mediático respecto a la idea de que Santiago haya sufrido un “accidente”. “La construcción narrativa dominante del caso de Santiago Maldonado, se orientó a contrarrestar la defensa de los Derechos Humanos y las reivindicaciones de los pueblos originarios. Aún a tres años de lo sucedido, la insistencia en la desacreditación de Santiago y su familia y de la comunidad a la que apoyaba, permiten afirmar que, en el caso y su configuración mediática y digital, se da un escenario de disputa narrativa sobre los acontecimientos”.

Por ultimo, el informe señala una serie de recomendaciones al Estado argentino. “Desarrollar una investigación con independencia, imparcialidad, exhaustividad y efectividad en las que se incluyan todas las hipótesis incluidas la desaparición forzada en relación a la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado”. Además sugiere que se desarrollen “medidas legislativas a fin de reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar adecuadamente las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del 10 de diciembre de 1983”. Y, por último, avanza en la idea de un estigma social y comunicacional. “Reconocer que la labor que desarrollaba el Sr Maldonado el 1 de agosto de 2017 último día en el que se le vio con vida, correspondía a la de un defensor de derechos humanos conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, y en ese aspecto, “investigar injerencias indebidas en el direccionamiento de las investigaciones y en la comunicación de sus resultados, así como la creación de ambientes de estigmatización que repercuten en la opinión pública y en las redes sociales”.

La familia pidió permanentemente al Estado la conformación de un equipo de expertos independientes pero jamás tuvo respuesta ni en el ámbito judicial ni en el ámbito Ejecutivo. El equipo que convocó la familia el 1 de agosto de este año cuando se cumplieron tres de la desaparición forzada seguida de muerte del joven, contó con la participación de la periodista Daniela Rea, el comunicólogo Diego Arredondo Ortiz, la abogada Dora Arias Giraldo, la antropóloga Eilleen Buitrago Pérez, el jurista Federico Andreu Guzmán, la perito forense Ginna Camacho, y la investigadora y activista Rossana Reguillo, además de José Aylwin, experto en derecho indígena, Ana Guatame García y Daniela Orozco Ramelli.

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