Paola Ortiz está a la espera de que por primera vez la justicia la escuche. Lleva 13 años presa luego de haber sufrido un evento obstétrico en situación de extrema vulnerabilidad. A pesar de la inexistencia de pruebas suficientes, y contra el informe del forense que indicaba que el feto fue expulsado sin vida, el juicio por jurado y la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María, integrada en ese momento por René Gandarillas, Silvia Saslavsky de Camandone y Osvaldo Mario Samuel, consideraron que no había hecho lo suficiente para evitar esa emergencia y la condenaron por homicidio agravado por el vínculo. Hoy espera que la Corte Suprema revise esa condena y dicte una resolución al respecto.

“La presentación del recurso de revisión se hizo en abril de 2024. Nos preocupa esta dilación totalmente indebida. Estamos hablando de una persona privada de la libertad”, dice a Tiempo Argentino la abogada Rocío García Garro, coordinadora del Área de Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir y representante de Paola, junto a Julia Luna, ante la Justicia.

Se enteraron del caso en 2022 cuando desde Católicas se sumaron mediante un recurso de amicus curiae al habeas corpus que presentó la Defensoría Pública de la provincia ese año. Habían notado que muchas mujeres privadas de la libertad parían en condiciones infrahumanas: las llevaban esposadas hasta el hospital, parían con grilletes, no les permitían asistencia ni acompañamiento de ninguna persona elegida por ellas y muchas veces las asistían guardias masculinos. “El sistema penal tiene una gran selectividad y particularmente con las mujeres es mucho más cruel porque las mujeres quedan solas. Quienes contienen son las mujeres, a los varones los contienen las mujeres y a las mujeres no las contiene nadie», dice la abogada.

Revisando esos casos, dieron con el expediente de Paola que en ese momento cursaba el embarazo del segundo hijo que tuvo alojada en la cárcel. “El caso de Paola no cerraba, era inexplicable. La vamos a visitar, y ahí nos cuenta su historia de vida, que fue un sinfín de vejaciones, con el toque final de todo un sistema judicial condenándola sin escucharla, sin generar pruebas serias y condenándola a prisión perpetua”, recuerda García Garro.

Una historia de vulneraciones

Paola estuvo casada y de ese matrimonio tuvo tres hijos. Cuando se separó, quedó viviendo en la casa de su exsuegro, en una pieza al fondo de la casa junto a su hijo más chico que tenía cinco años. “Ahí vive situaciones de violencia muy severas por parte de su exsuegro, entre ellas, abusos sexuales bajo la amenaza de echarla a la calle con su hijito. En ese contexto es que queda embarazada. Todo el proceso de gestación acontece en situaciones de extrema vulnerabilidad, y termina desarrollándose un parto en avalancha, ella sola y sin ayuda», detalla García Garro. «Se produce un desprendimiento de feto con placenta. Los estudios médicos que pudimos aportar dan cuenta de que es evidente un nacimiento sin vida. Pero la justicia entendió, cuando encuentra ese feto, que ella no había sido una ‘buena madre’, que no se había comportado como debía; habiendo parido previamente debía saber cómo actuar ante esa situación. Por eso determinan condenarla en una figura que se llama comisión por omisión”.

Según explica la abogada, para la Justicia Paola omitió todo lo que debía haber hecho en ese momento y la condena por homicidio agravado por el vínculo. legó a juicio con una nula asistencia técnica, y con una defensa oficial que no la escuchó ni le dio la palabra a lo largo del proceso. Tampoco, una vez que el Tribunal Superior de Justicia ratifica la condena, presenta un recurso para que revise la resolución. Es decir, destaca la abogada, que la Corte Suprema nunca ha visto esta causa.

 «El caso Paola tiene todas las aristas de violencia que se pueda una imaginar. La población carcelaria femenina es ínfima con respecto a la masculina, aún así, la cantidad de injusticias que se ven y la cantidad de mujeres mal juzgadas que se ven por malas defensas y por estereotipos de la justicia es abismal. Y el tema es que conocer los casos es muy difícil porque no hay estadísticas oficiales, porque el sistema del Servicio Penitenciario Nacional te marca solamente el tipo delictivo. Entonces vos no podés llegar a saber lo que es salvo cuando vas a hacer algo así, caso a caso.»

Cuando se trata de eventos obstétricos, la situación se agrava porque no existe un registro oficial que refleje esos casos.

Maternar

Paola nunca ocultó aquel embarazo. Tampoco sus deseos de maternar, que hoy reaparecen cuando al penal de Bower donde cumple su condena llegan mujeres jovencitas. Allí, en la cárcel, tuvo dos hijos: una nena de la que no se sabe nada, porque cuando nació, sin que su madre sea consultada, la Justicia decidió darla en adopción; y un nene que vive con familiares pero tiene contacto cotidiano con ella.

Tanto las abogadas como una trabajadora social visitan semanalmente a Paola. La ven más empoderada. “Todo esto para ella fue resignificar su propia historia porque había ‘comprado’ eso que le dijeron de que no había actuado como debía. Sentía culpa. Recuerdo que en nuestra primera charla, le dije que a cualquier mujer que le toque atravesar un parto de esas características le pasa exactamente lo mismo que le pasó a ella. No somos médicas, no sabemos cómo gestionar, cómo intervenir y más en un momento tan caótico para el propio cuerpo”.

El caso de Paola tiene hoy otro acompañamiento de la sociedad, algo que le dio más calma. “Ella decidió que el pedido de justicia lleve su nombre real porque quiere que se sepa y se repare todo lo que se dijo en los medios. Y fundamentalmente quiere que sus otros hijos con los que no tiene vínculo conozcan esta historia y no la que circuló en ese momento”. «

Mujeres sin acceso a la justicia

El caso Belén, de Tucumán, tiene todas las similitudes con el de Paola. La diferencia es que la Justicia tucumana, aun en su deplorable fallo, en primera instancia tuvo otra perspectiva. “Córdoba es uno de los lugares donde más se vulneran los derechos de las personas privadas de la libertad y el derecho al debido proceso”, dice la abogada Rocío García Garro.

“En el caso Belén entienden que ese homicidio agravado por el vínculo estaba mediado por circunstancias extraordinarias de atenuación, que es una figura que está en el último párrafo del 80 del Código Penal. Por eso la condenan a ocho años; entienden que una persona puérpera está en una condición de vulnerabilidad evidente. La condena de Belén es pésima, pero ese mínimo ejercicio de perspectiva de género que pudo hacer Tucumán, Córdoba no lo hizo con Paola, y no lo hace históricamente”.

Organizaciones feministas organizaron la campaña de firmas por la libertad a Paola. Todo el caso está explicado en la web Libertad para Paola.