Caso Píparo: sacrificar al caballo para salvar a la dama

En su fotografía prontuarial, Juan Ignacio Buzali –el cónyuge de la diputada macrista Carolina Píparo– luce con el rostro pixelado, las muñecas esposadas y con dos policías a los costados. Una imagen que él jamás imaginó para sí.

Exactamente a las cinco y media de la tarde del viernes, algunos vecinos del country Grand Bell, situado en la localidad de City Bell, lo vieron subir, ya “amarrocado”, a un auto  no identificable de la Bonaerense que partió hacia la DDI de La Plata.  Allí quedó alojado bajo una carátula nada envidiable: “Doble homicidio en grado de tentativa”, según la orden judicial que un uniformado esgrimió ante los ojos de la legisladora, quien además detenta la titularidad de la Secretaría de Asistencia a la Víctima del municipio platense.

Ocho días antes, a solo unas horas de finalizar el año pasado, ella había posteado en su cuenta de Twitter una foto en la cual se la ve nada menos que con el célebre policía-justiciero Luis Chocobar, a la cual añadió el siguiente texto: “Quiero un 2021 con un Estado que nos proteja y que los delincuentes estén tras las rejas. Menos show y más seguridad”. Una paradoja.

A veces el destino se ensaña con sus criaturas: al rato protagonizó con Juan Ignacio el acto que los marcaría para siempre.

Ya se sabe que durante la madrugada inicial del año, luego de que fuera atracada por un número indeterminado de motochorros, Carolina y su esposo se confundieron de motociclistas. Una prueba palmaria de que la justicia por mano propia –y más aún con mala praxis– no es un buen negocio. Lástima que ellos no recordaran –o no supieran– que al respecto hay un caso que es una biblia en la materia: el del anciano coronel Norberto González.

Aquel hombre convivía con María de la Arena, exesposa del célebre joyero Huber Ricciardi. Todo explotó durante la madrugada del 1º de enero de 1997 (una horrible coincidencia de fechas)  cuando la pareja volvía al chalet que alquilaban en Punta del Este. El militar advirtió desde el jardín una luz en el comedor y una silueta detrás de la ventana. Casi por reflejo, desenfundó su Browning. Y al ver cómo el presunto ladrón se desplomaba al cabo del primer disparo, abrió la puerta con una patada, tal vez evocando algún operativo antisubversivo. Pero grande fue su sorpresa al advertir que allí no yacía un malviviente muerto, sino el nieto de su novia, José Ricciardi, de 15 años.

Desde ese día hasta la fecha hubo unos 125 casos similares. Ahora, Juan Ignacio y Carolina sumaron a tal estadística otras dos marcas, aunque –como ya se dijo– “en grado de tentativa”.

No menos paradójico es que Píparo impulsó una ley provincial, aprobada en 2019, que estigmatiza a todos motociclistas al obligarlos a usar cascos y chalecos refractarios con la patente impresa, para así combatir el flagelo de los motochorros.

¿Acaso a partir de ese momento –y con semejante aprehensión de por medio– comenzó a labrar su desgracia?

En este punto es necesario regresar a la madrugada del 1º de enero.

Hubo numerosos testigos cuando el Fiat 500L negro conducido a todo trapo por Buzali atropelló intencionalmente a los dos muchachos que volvían en moto de una quema de muñecos en La Plata.

Ellos quedaron tirados en la esquina de 21 y 37 con heridas de diversa consideración, mientras el Fiat arrastraba su rodado por más de 400 metros. Pero el esposo de la legisladora, después de abollar en su desaforada travesía a por lo menos tres vehículos estacionados, recién se detuvo a 20 cuadras de distancia, frente a la Plaza Moreno.

Allí –tal como se vio en un video casero difundido después por el diario Hoy– los esperaba el secretario de Seguridad del Municipio, Darío Ganduglia, con una misión precisa: frenar las pruebas de alcoholemia sobre ellos, objetivo que finalmente logró.

A partir de aquel instante –desde el punto de vista político y judicial– la correlación de fuerzas parecía favorecer al matrimonio, a pesar de que ya era evidente la ajenidad de las dos víctimas al robo sufrido por Píparo. Porque las imágenes de las cámaras callejeras eran editadas e incompletas. Y no fue un buen augurio que la magistrada Marcela Garmendia –madre de Juan Manuel Martínez Garmendia, quien, al igual que la señora Píparo, integra el gabinete del intendente Julio Garro– tuviera en sus manos la instrucción del expediente. Ni que Píparo declarara ante la fiscal Eugenia Di Lorenzo –de lazos estrechos con el procurador macrista Julio Conte-Grand– en calidad de testigo. Ni que Di Lorenzo vedara la presencia de los abogados querellantes durante esa declaración. Ni que se desestimara la declaración bajo juramento del personal de la Comisaría 1ª de La Plata sobre la beodez del matrimonio y sus reiterados vómitos en el baño de la dependencia. Todo parecía encaminarse hacia la impunidad absoluta. 

Pero en la sorprendente detención de Buzali se advierte un giro, diríase, salomónico. Ciertas fuentes tribunalicias conjeturan que se trata nada menos que de una estrategia tejida por el abogado de la diputada, Fernando Burlando, para dejarla fuera de la imputación. Un típico truco ajedrecístico: sacrificar al caballo para salvar a la dama.