Cataluña demora las definiciones y Rajoy pidió intervenir hasta la televisión

Los españoles tendrán para una semana más con el corazón en la boca. Ni qué decir de los catalanes, que esperan alguna definición sobre la crisis institucional que les permita volver a su vida normal. Porque la amenaza de intervención que ya concretó Mariano Rajoy recibió como respuesta una convocatoria al parlamento catalán de Carles Puigdemont. Y los plazos que se fijaron dan para que el viernes tanto en Madrid como en Barcelona «orejeen» las cartas a ver quién mueve primero. Mientras tanto, las calles de Barcelona se llenaron ayer con cerca de medio millón de personas que salieron a pedir por la liberación de los Jordis (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), detenidos por incitar a manifestaciones populares, un delito grave para las autoridades españolas. 

La masiva marcha de ayer viró a un reclamo de que Puigdemont declarara la independencia. Pero el presidente de la Generalitat eligió esquivar una definición que Madrid espera para irle con todo por cargos de rebelión, que lo podrían llevar por 30 años de cárcel.

En cambio, llamó al pleno del Congreso regional para debatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, anunciado por Rajoy, por el cual se intervendrían las instituciones catalanas, desde las máximas autoridades políticas a la policía local pasando por la televisión publica, y se llamaría a elecciones dentro del plazo de seis meses para sustituir a los mandatarios votados por los ciudadanos en 2016.

El martes habría un primer test en Madrid, donde se supone que debería rendir cuentas el gobierno catalán, y el viernes será la sesión final. Para ese día está anunciada la sesión del Senado español, que debería refrendar la intervención que pidió el gobernante conservador, y en Barcelona la del Parlament. ¿Quién moverá primero? Seguramente la capital española, que vienen tensando la cuerda en forma sostenida y sin dar margen para el diálogo.

A eso apuntó Puigdemont en un discurso desde el Palau de la Generalitat en el que -en catalán- dijo que «la humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho».

El jefe de gobierno catalán consideró en su alocución que la medida que plantea Rajoy es «el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat». Y luego recordó que las instituciones catalanas tienen una larga historia que nace siglos antes de la constitución de 1978, que es la que pretende salvar Madrid.

Puigdemont llegó al Palacio presidencial encabezando la marcha en favor de los Jordis. En la ocasión estuvo acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, quien como primera respuesta ante el anuncio de la aplicación del 155 dijo que era «un golpe de Estado» orquestado desde la capital de España. En sintonía con la definición de los independentistas acerca del deseo de Rajoy de dirigir por control remoto lo que ocurra en Cataluña sentado cómodamente en su despacho de La Moncloa.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dos organizaciones independentistas no partidarias, fueron encarcelados el lunes pasado por orden de una jueza de la Audiencia Nacional de España, que los acusa de sedición por haber capitaneado las protestas pacíficas del 1 de octubre. Ese día se realizó un referéndum considerado ilegal por Rajoy que fue bárbaramente reprimido por las fuerzas del gobierno central.
Rajoy se había presentado ayer ante la prensa para informar la puesta en marcha de los mecanismos destinados a la aplicación del artículo 155. Según el mandatario, la intención es «el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno».

Rajoy cuenta con mayoría en el Senado, la cámara que deberá dar el aval a la medida, entre los representantes del PP y los del PSOE y de Ciudadanos, que ya expresaron su amplio apoyo a esta vuelta de tuerca en la crisis.

Rajoy también quiere restringir las atribuciones del Parlament, que en setiembre de 2015 fue elegido con mayoría de independentistas. Y tomar el control de los Mossos d’Esquadra. En caso de desobediencia, se adelantó, los agentes serán sustituidos por efectivos de la policía nacional. Para hacerla completa, los medios de comunicación públicos catalanes, TV3 y Catalunya Radio, estarán a cargo de comisarios políticos del gobierno central.

En las últimas horas, Puigdemont mudó su residencia al Palacio de la Generalitat y para evitarse riesgos e imprevistos, tiene custodia del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra las 24 horas del día.

Rajoy podría enviar a tropas nacionales para apresarlo, pero también va creciendo el reclamo dentro de su propia tropa de que avance en la secesión de Cataluña. Las crónicas de la marcha de ayer reflejan precisamente el hartazgo de muchos por esta indefinición y por el sentimiento que va creciendo entre la ciudadanía de que no pueden esperar una opción al diálogo con Madrid.

Puigdemont, sin embargo, mantiene abierta esa puerta de negociación, algo difícil en vista de que las circunstancias. De todas maneras, tras señalar en su lengua materna que pedía al parlamento «que fije la convocatoria para una sesión plenaria donde los representantes de la ciudadanía, elegidos por los votos, debatamos y decidamos sobre esta voluntad de liquidar nuestro autogobierno y actuemos en consecuencia», habló en castellano para decirles a los españoles que buscaba canales de diálogo con el gobierno central para solucionar el entuerto.

Luego apeló a un inglés no muy pulcro pero bastante aceptable para decirle lo mismo a la dirigencia de la Unión Europea, que ya dio su apoyo a Rajoy. «