El organismo analizó la documentación secuestrada a Marcelo D'Alessio por el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Hallaron seguimientos, escuchas, y técnicas de ablande para coaccionar, entre otros indicios.

El informe –que trascendió el miércoles- fue entregado al juez el martes a Ramos Padilla por la Comisión que preside el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La pericia había sido solicitada el 22 de febrero pasado para que el organismo provincial analice la información secuestrada en la casa del procesado Marcelo Sebastián D’Alessio.
Según informó el organismo, en el relevamiento preliminar advirtieron prácticas de inteligencia ilegal (cometidas en Argentina y otros dos países) como el acceso a “información sensible no pública” de organismos estatales, así como seguimientos de personas sin orden judicial y las denominadas “técnicas ‘de ablande’ para coaccionar personas para posibles actos extorsivos”.
“El destino de dichas actividades concluía con la incorporación de sus testimonios en causas que investigan hechos de corrupción”, indicó la CPM en un comunicado público.
La CPM concluyó que “Marcelo D’Alessio, desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos”. Y completó: “El ciclo de inteligencia realizado contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia”.
La pericia también detalla que el fondo documental que analizó contiene indicios de que D’Alessio reportaba sus tareas de inteligencia a contactos con agencias de inteligencia nacionales y extranjeras “o con actores del Poder Judicial de la Nación”.
La CPM aclaró que los indicios de inteligencia ilegal que detectó son acciones que violan las leyes nacional de Inteligencia (N° 25.520), de Seguridad Interior (N° 24.059) y de Defensa Nacional (N° 23554).
Entre ellas anotó que hallaron evidencias de realización de “tareas de inteligencia e investigación criminal sin la debida formalización en el marco de causas concretas bajo jurisdicción de una autoridad judicial; obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos de personas por su opinión política y/o pertenencia partidaria y/o por su actividad lícita y realización de actividades de inteligencia con el objetivo de influir en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país y en su política exterior, así como en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.
Además, explicaron que advirtieron indicios de “captación de comunicaciones, el acceso al registro de migraciones y el acceso a información estatal y privada reservada”. Todo eso fue realizado sin orden judicial, es decir, por fuera de la ley.
La Comisión opinó que los hechos que investiga el juez “muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas”. Y advirtieron que configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principios republicanos del estado de derecho.
Ramos Padilla fundó el pedido de la pericia en la experiencia que tiene la Comisión, que desde hace 18 años custodia e investiga los archivos de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA).
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