El ex titular de la AFIP fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque apelará la decisión.
El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.
Los magistrados entendieron que Echegharay, que apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.
En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar al ex funcionario a «cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública», al hallarlo «autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública».
A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso «levantar las medidas cautelares» dictadas contra ambos, «como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación».
«No hubo ningún perjuicio fiscal», sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un «pronunciamiento absolutorio», porque -según dijo- se trató de una causa «armada» con «prueba falsa» que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo «ninguna prueba» que avalara la acusación.
Durante la mañana del jueves, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo. «Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto», aseveró el empresario.
Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien «la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar».
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