Causa Puf: Stornelli pide investigar comunicaciones de dos jueces y un diputado

El fiscal Carlos Stornelli pidió que se investiguen las comunicaciones telefónicas privadas de dos jueces y un diputado. Se trata de los magistrados Juan María y Alejo Ramos Padilla (padre e hijo); del diputado Eduardo Valdés; pero también de abogados y ex agentes de inteligencia, a quienes acusa por el presunto armado de un expediente judicial para neutralizar los efectos de la investigación por la Causa Cuadernos. La causa es conocida como “Puf Puf” y Stornelli es denunciante y querellante.

Cuando estalló el escándalo por las actividades ilegales del falso abogado Marcelo D’Alessio, tanto el fiscal cuanto la ex diputada Elisa Carrió recibieron de manera anónima las desgrabaciones de diálogos de detenidos ex funcionarios kirchneristas en la cárcel de Ezeiza. Según Stornelli, de esas conversaciones surge que D’Alessio detonó como parte de un entramado que buscaba, en definitiva, mancillar su figura y la del entonces juez de la Causa Cuadernos, el difunto Claudio Bonadio. El diputado Valdés fue grabado cuando contaba lo que había ocurrido con D’Alessio –antes de que el caso escalara en la prensa- y le decía al detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi: “Stornelli puf, Bonadio puf”.

Stornelli pidió revisar las comunicaciones de los jueces y del diputado. Incluso los teléfonos oficiales y los del juzgado federal de Dolores. La medida apunta a “determinar la totalidad de abonados telefónicos (particulares, oficiales y/o profesionales, fijos y celulares) que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, inclusive, se hubieran encontrado bajo titularidad de Alejo Ramos Padilla, Juan María Ramos Padilla, Eduardo Valdés,  Franco Bindi, María Elizabeth Gasaro, Carlos Zelkovics, Norberto Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk”.

Bindi, Gasaro y Zelkovics son abogados y Stornelli les atribuye la autoría intelectual de esa supuesta maniobra en su contra; Degastaldi y Bogoliuk son ex policías bonaerenses que tuvieron un paso por la AFI y actualmente afrontan el juicio oral junto con D’Alessio por asociación ilícita,  inteligencia ilegal y extorsión.

Stornelli le pidió al juez Julián Ercolini que “se requieran listados de llamados entrantes y salientes registrados durante ese período, con indicación, en el caso de telefonía celular, de las antenas en que hubiesen impactado tales comunicaciones y cualquier otro tráfico de datos”. El fiscal indicó que esa medida permitiría “establecer posibles vinculaciones e interacciones entre distintos actores y protagonistas que surgen del devenir de las comunicaciones telefónicas que constituyen prueba de la causa”. Se trata de las escuchas a los presos en la cárcel, que ningún juez ordenó.

Las filtraciones de chats privados sobre el viaje de funcionarios judiciales y del gobierno porteño al Lago Escondido fueron prueba ilegal; las escuchas a presos, en cambio, son pruebas válidas.

En abril pasado, el fiscal de la Causa Puf Puf,  Franco Picardi, le pidió al entonces juez a cargo del expediente, Sebastián Casanello, la “nulidad” de todas esas escuchas carcelarias.  Antes de que resolviera, Casanello fue apartado del expediente.

El juez que hoy está a cargo, Julián Ercolini, fue separado en dos oportunidades por “temor de parcialidad”. En ambas ocasiones, la decisión fue adoptada por el camarista federal Roberto Boico, a quien en Comodoro Py lo tildan de kirchnerista, entre otras razones porque fue abogado de la vicepresidenta en la Causa Memorando antes de ser juez.

Ercolini sigue en la causa; el que no está más es Boico, a quien la Cámara de Casación lo apartó del caso.

En rigor, Stornelli insistió con medidas que viene pidiendo desde el inicio del expediente. Pero la Causa Puf Puf atravesó un laberíntico camino de recusaciones, restituciones, planteos de nulidad y otras incidencias que “han demorado significativamente el avance de la instrucción”.

El fiscal consideró entonces “imprescindible ordenar la dirección de la actividad instructoria” y “repasar el detalle de diligencias pendientes de concreción”.

Stornelli sospecha que el ex juez de Dolores Alejo Ramos Padilla (quien lo había procesado cuando la Causa D’Alessio estuvo en sus manos) fue parte de la supuesta maniobra. Y cree que hay una situación que lo demuestra.  “Se requiere informe acerca de si el Juez Alejo Ramos Padilla cumplió funciones como titular del Juzgado Federal de Dolores durante la totalidad de la feria de enero de 2019 o bien si lo hizo de forma parcial”.  En esa feria judicial estalló la Causa D’Alessio.

Stornelli pidió que “se determine la fecha en la que dicho magistrado comunicó ante su autoridad de superintendencia que permanecería en funciones total o parcialmente durante ese período”. Y añadió: “En caso de haber comunicado el usufructo de la licencia durante dicho mes de enero y luego interrumpido su goce, se informe la fecha de dicha interrupción y los motivos”.

Sobre la base de las grabaciones que le llegaron de manera anónima, Stornelli señaló que “un día antes del inicio de la causa FMP 88/2019, Lázaro Báez le preguntó a su interlocutor si ‘arrancó el proceso’, a lo que el otro asiente y acota que ‘está espectacular, que ya está escribiendo’. Báez le pregunta ‘¿y este otro chico?’, a lo que le responde ‘espectacular, trabajando sábado, domingo’. Y agrega que ‘cortó las vacaciones porque le pegaron un par de gritos para que venga a laburar’, agregando que ‘está escribiendo como loco’”.

“Esta comunicación no es aislada, sino que existen otras con expresas referencias al Juez y a la Jurisdicción de Dolores, en algunos casos explícitas, en otros casos burdamente (…)  camufladas (‘Domingo de Ramo’, ‘dolor en la pierna’, ‘Dolor de muela’; ‘Dolor de cabeza’, ‘Dolor de la espalda’, ‘dolor de rodilla’ –ocurrentes alocuciones que, conforme el contexto de la conversación, no aludían precisamente a dolencias físicas-; ‘el magistrado’; ‘Ramos Parrilla’; entre otros)”. Según Stornelli, eso evidencia la supuesta complicidad del juez en la presunta maniobra.

Entre las medidas de prueba que reclamó el fiscal aparece también que “se solicite al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata, que informe si Matías Etchebest estuvo detenido y en tal caso se informe la fecha de su detención y, de corresponder, la fecha en que se le otorgara la libertad, con especial mención de la unidad carcelaria y el o los pabellones en los que se hubiera alojado”.

Matías Etchebest es hijo del productor agropecuario Pedro Etchebest, el primer denunciante de la Causa D’Alessio. La medida propuesta –considera Stornelli- “permitirá profundizar la investigación en torno a Pedro Etchebest, a Franco Bindi y a otras personas que posiblemente hubieran sido parte de la maniobra”. De la entrelínea del escrito se desprende la idea de que Etchebest padre pudo haber aceptado participar de una “operación” a cambio de un beneficio para su hijo.

Imposible. Esas cosas no pasan en el Poder Judicial argentino.  «