La decisión final del juicio podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia esta tarde en la llamada «causa Vialidad», bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus.
Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.
Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados.
Para este martes a las 9.30 se fijaron las últimas palabras del imputado exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y luego se anunciará el horario de la sentencia.
La vicepresidenta y el empresario y dueño de la firma «Austral Construcciones» Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Los fiscales reclamaron también la «inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos».
Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió «prevaricato», al acusar por hechos «inexistentes». e incurrir en «falsedades».
El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.
En la última audiencia de esta semana, la vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un «pelotón de fusilamiento» que tiene sentencia «escrita» por hechos «inexistentes», como parte de una «actividad disciplinadora» para «estigmatizar a un espacio político».
El juicio a lo largo de estos años
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico».
Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas «maniobras» para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.
En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
El pedido de los fiscales
Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.
Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.
Movilizaciones en apoyo a Cristina
Organizaciones gremiales y movimientos sociales se movilizan este martes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestar su repudio contra la «persecución política» a la dos veces Presidenta, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo veredicto se conocerá este martes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar el martes desde las 17 una vigilia en las puertas del Sindicato «para acompañar las alternativas del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y movilizar en caso de una condena e intento de proscripción por parte del Partido Judicial».
Además, indicaron al Consejo Directivo que «agote todas las instancias posibles de articulación con otros sindicatos y organizaciones del campo popular a fin de expresar, de modo unitario, el repudio a cualquier intento de condenar a la vicepresidenta de la Nación en la farsa judicial», informaron en un comunicado.
En esa misma línea, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a lo que consideró como una «persecución política» contra la Vicepresidenta.
«Un sector de la justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina Fernández de Kirchner», dijo Aleñá en un comunicado.
La dirigente remarcó que la causa que investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez está «totalmente armada» e indicó que los trabajadores del sindicato se movilizarán este martes a los tribunales de Comodoro Py «junto a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas», a la espera de la lectura del fallo judicial.
«Durante todo el juicio, Cristina fue desarticulando cada imputación y demostrando que todas eran falsas, tal como lo manifestó en el punteo de las ’20 mentiras la Causa Vialidad’ que la expresidenta publicó en sus redes sociales», resaltó Aleñá sobre un proceso penal que catalogó de «intento de proscripción» y un «avasallamiento hacia el peronismo».
Por su parte, el Frente Patria Grande realizó este lunes una protesta con una «parodia futbolística» frente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el «partido judicial» y denunciar «persecución política» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.
La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio.
El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: «Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos, en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri».
Para el legislador FdT, «mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina».
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