Familiares y vecinos de Morón reclaman la inocencia del joven Santino Alcaraz, de 20 años. Fue detenido hace dos semanas por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) en esa localidad del oeste bonaerense donde se llevaron a cabo cinco allanamientos en el marco de la investigación por un intento de asalto ocurrido el 10 de septiembre en el Colegio Emaús de El Palomar, en el que fue herido de bala el excomisario Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, mientras dejaba a su hija en la institución educativa. Alcaraz quedó detenido en uno de esos operativos realizado en El Palomar, fue apresado y se encuentra alojado en la alcaidía 13 de Merlo.
Desde entonces, la comunidad realizó dos marchas pidiendo justicia «porque Santino es inocente». Sus familiares aseguraron que «es un trabajador gastronómico» y piden que revean la causa urgente: aseguran contar con muchas pruebas que muestran que el joven estaba en su casa. El expediente tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Morón.
Además, tienen programada otra movilización que realizarán el próximo martes 6 de octubre, bajo el lema «Por él, por su familia y la verdad». Reclaman la inmediata libertad de Santino porque, advierten, «se equivocaron y muy mal».
En el marco de la misma investigación, fue imputado como uno de los responsables de la agresión al ex comisario Mariano Catarraso, Maximiliano Uriel Peralta, quien se encontraba detenido hacía varios días en una comisaría de Tres de Febrero, por otro hecho delictivo. En otro operativo fue capturado también Thiago Tomás Miño, de 21 años. Y un adolescente de 14 años, cuya causa tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Morón.
Un «operativo muy raro»
Los policías dijeron que encontraron en la habitación de Santino un revólver, «en el marco de la investigación por el intento de asalto ocurrido el pasado 10 de septiembre en el Colegio Emaús de El Palomar». El ex comisario se identificó al ver que intentaban robarle el auto a un vecino, y los asaltantes le dispararon.
María Cáceres es la mamá de Santino. La mujer contó a Tiempo que el 16 de septiembre les allanaron la casa. «No entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque no nos dijeron nada y tampoco nos leyeron ninguna orden«, aseguró.
Y completó: «Después de un rato, cuando empezamos a preguntar, nos dijeron que a mi hijo lo acusan del intento de robo al excomisario«, que ocurrió cerca de donde vive la familia víctima.
La madre de Santino contó que fue un allanamiento «muy raro»: dieron vuelta la pieza del matrimonio donde estuvieron apenas un ratito y también la de Santino donde decidieron quedarse por un buen rato. «Mi hijo lo único que tiene es una cama, una mesita de luz y un televisor colgado en la pared, no sé por qué tardaron tanto», detalló la mujer.
María reconstruyó que antes del ingreso del testigo, entró un policía solo a la pieza y cerró la puerta; volvió a llamar a un superior suyo, que estaba escribiendo, cerró nuevamente la puerta y cuando salieron otra vez, recién entró un testigo, que estaba con ellos. «Nosotros vimos que de la pieza sacaron un arma con balas», recordó.
Denuncia de causa armada y pruebas grabadas
La mujer aseguró que los policías no les brindaban ningún tipo de información y que finalmente se llevaron detenido a Santino. También denunció que los trataron muy mal a todos; entonces, llamaron al abogado Sergio Sánchez y empezaron a moverse.
Cuando el abogado hizo algunas averiguaciones, les comunicó que la carátula es «robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones». Además, lo acusan de otros 8 robos que habrían sido cometidos por una banda delictiva. Alcaraz figura en todos esos expedientes.
María explicó a este diario que el 10 de septiembre su hijo estaba en la casa durmiendo en el horario que sucedieron los hechos, las 7:15 de la mañana, porque trabajaba -hasta el día que se lo llevaron- en una empresa gastronómica, en el barrio porteño de Belgrano.
«Sabemos que mi hijo no estuvo en ninguno de esos hechos. Tenemos pruebas para comprobar su inocencia. Necesitamos ser escuchados. Contamos con las grabaciones de las cámaras donde se ve que Santino entra a su casa la noche anterior al intento de robo al excomisario y que no volvió a salir hasta el día siguiente, a las 13:10″, apuntó la mujer.
«Es por todo eso que reclamamos justicia», subrayó María. «Porque sabemos que acá hubo un grave error, no investigaron bien. Acusan a mi hijo porque por acá cerca hay otro chico que también se llama Santino y tiene una fisonomía parecida; lo confundieron con mi hijo. Estamos viviendo un calvario y queremos a mi hijo en casa de vuelta«, reclamó.
María, muy angustiada, expresó que destrozaron a toda la familia y remarcó el terrible daño irreparable que le causaron a Santino. El joven es hermano de tres chicas: una nena de 10 años, una adolescente de 18 y otra joven de 23. También explicó que están sufriendo todos por algo que es totalmente injusto.
La madre en lucha concluyó: «Tenemos muchas pruebas más -además de las cámaras- pero no las divulgamos porque puede resultar perjudicial para la investigación. Necesitamos ser escuchados por las autoridades y los jueces. Santino no es un chico capaz de hacer esas cosas, nos arruinaron la vida, por favor necesitamos justicia».
Familiares de detenidos por causas presuntamente armadas en barriadas del conurbano bonaerense piden el cese de la utilización de los mecanismos legítimos del Estado para dañar a las personas más débiles y vulneradas en la sociedad. Entienden que la corrupción de algunos sectores de las fuerzas de seguridad transita a plena luz del día y con total impunidad.
El caso de Lucas Salerno
Otro caso es el de Lucas Salerno, de 31 años, oriundo del barrio Sarmiento, en San Martín. Está bajo la tutela de la jueza María del Carmen González Molinari, titular del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial de ese distrito. Permanece detenido en el penal 46 del Complejo Penitenciario de José León Suárez.
El muchacho reclama que incorporen a la causa un video que muestra -en forma muy nítida- el momento en que un efectivo motorizado de la Policía Bonaerense le pone un paquete con droga, al menos 20 envoltorios de marihuana. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16.
Sin embargo, «el fiscal se opone porque dice que falta que la filmación registre 10 segundos antes a ese episodio», apuntó Salerno. El video -al que este diario tuvo acceso- fue realizado por una vecina de identidad reservada que presenció la injusticia.
Continuó relatando que fueron caminando por la colectora de Av. Márquez y Paraná, que después cruzaron Av. Eva Perón, se metieron en el barrio Las Casitas y ahí la chica se quedó esperando. Entonces, él entró a comprar una dosis de cocaína a la villa y cuando lo estaba por concretar aparecieron varios policías motorizados, entonces los vendedores empezaron a tirar las sustancias para todos lados y salieron corriendo.
«Yo corrí para el lado de Av. Márquez y cuando estoy llegando a Eva Perón, entré al pasillo de la casa de un amigo, uno de la motorizada me saca de ahí y me lleva caminando hasta el pasillo de entrada a la villa», dijo Salerno.
El detenido aseguró. «Ahí me revisan, no me encontraron nada y justo en el video -que pide que sea agregado a la causa- se ve cuando frena una moto, se acerca un policía y me pone el paquete de droga en el pecho. Y ordena que me pongan las esposas«.
Salerno concluyó: «Entonces me desesperé y salí corriendo, otro pibe cayó preso ese día conmigo, que se ve en el video que lo empujan, le pegan, después a él lo largaron y yo quedé preso. Me pusieron alrededor de 20 envoltorios de marihuana, quiero que se haga justicia, porque yo soy un consumidor; no un vendedor, tengo una familia que me está esperando».
Una vecina filmó el episodio donde el joven es ajustado por los miembros de la Policía Bonaerense y le ponen un paquete con droga. «Maestro eso no es mío, maestro eso no es mío», fueron los gritos desesperados de Salerno.
Ante la reiteración de casos de abuso policial, los vecinos piden el tratamiento del proyecto de Ley que fue presentado por la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Natalia Zaracho, de Unión por la Patria (UP). Es una norma que consiste en que los funcionarios públicos sean sometidos a estudios toxicológicos para poder ejercer funciones. Consideran que es algo central para empezar a depurar todas las instituciones públicas. Porque en la práctica ejercen el poder de manera indiscreta en la sociedad y en perjuicio de la ciudadanía más desprotegida.
El proyecto de Ley que impulsa la diputada nacional Zaracho (Expediente 5642-D-2025) promete establecer que quienes cumplan funciones públicas se realicen exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios. Fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados de la Nación el 3 de octubre de 2025.
La iniciativa se encuentra en su etapa parlamentaria inicial de comisiones en diputados, donde fue formalmente ingresada y publicada en el Trámite Parlamentario N° 151, la norma -de ser aprobada y puesta en vigencia- se aplicaría a los tres poderes del Estado y también alcanza a los miembros de la fuerzas de seguridad.
En agosto, la jueza Alicia Vence de la Justicia Federal de San Martín, por ejemplo, condenó a 24 policías y funcionarios judiciales en el juicio por la causa de narcotráfico «Leones Blancos«. Un fiscal, Claudio Scapolán, fue destituido tras un jury de enjuiciamiento y varios funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro resultaron imputados en la causa. Los fundamentos de las condenas se conocerán el próximo 7 de octubre.
«Las autoridades tienen que tener especial cuidado al seleccionar a las personas que van a cumplir funciones públicas, porque la mayoría están contaminadas con la cocaína, por eso pasan todas estas cosas«, denunciaron los vecinos. Y agregaron: «Sabemos que hay un informe en el que se registraron 22 homicidios por narcocriminalidad durante el primer semestre de 2026 en San Martín».
Otro que está realizando una profunda campaña contra esta problemática es el exdiputado nacional Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita. Junto a la militancia está llevando adelante una exhaustiva investigación -de la que surgió el informe de los homicidios antes mencionado- y exige que el Estado municipal y provincial les brinden una respuesta urgente. El detonante fue el asesinato de unos de sus compañeros que recibió una bala narco en el ojo izquierdo.
