Cautela empresaria por cambios en la Ley de Defensa de la Competencia

La sinfonía era perfecta pero irrumpió una nota disonante y la platea se alborotó. Era una sucesión de ensueño: el triunfo del dólar informal, el abaratamiento del costo laboral, el fin de las trabas cambiarias, la liberación de las importaciones, la anulación de las retenciones al agro, el pago a los buitres y la reducción implacable del Estado.

Música sublime para un público extasiado pero, de pronto, reapareció la posibilidad de reformar la Ley de Defensa de la Competencia y con ella un tufillo de intervención que, para muchos, amenaza las recientes conquistas de mercado. Confusión aparentemente general.

El notición estalló el miércoles en el Congreso de la Nación. Los mensajeros, dos diputados del tridente gobernante: Elisa Carrió, de la Coalición Cívica; y Mario Negri, de la UCR, flanqueados por el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario de Comercio Interior, Miguel Braun; y el coordinador económico del Gabinete, Mario Quintana.

La iniciativa, que aún no es un proyecto de ley, establece el Tribunal de la Competencia; crea la figura del arrepentido empresarial; establece sanciones pecuniarias; y crea un organismo de control de los cárteles y monopolios.

El anuncio confundió a la audiencia y escandalizó a los comunicadores afines, que salieron a criticar intempestivamente la iniciativa de la alianza Cambiemos.

Pero los empresarios mantuvieron las formas de la diplomacia y se refirieron a la novedad con tono cauteloso. Un referente consultado por Tiempo señaló que las grandes industrias acuerdan con la existencia de normas de defensa de la competencia pero que el sector que representa «está estudiando» la letra anunciada en el Congreso y todavía no tiene una opinión formada.

En términos generales, el empresario imaginó que una ley ideal «debería contemplar legalidad, proceso administrativo y recurso judicial» y se pronunció «en contra de una Ley de Abastecimiento», en alusión a la Ley 20.680, de 1974, y su modificación de 2014, que obliga a las empresas a suministrar mercancías para impedir la especulación y el rebote en los precios. «Pero no queremos ninguna forma de control monopólico», aclaró.

Otros que tienen el proyecto «en estudio» son los empresarios mercantiles. Eso informó el secretario de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien aseguró que la dirigencia sectorial, en sintonía con los industriales, pretende ser «muy cuidadosa antes de salir a emitir una opinión».
Sobre el hecho de que el proyecto haya partido del gobierno macrista, Grinman expresó que «no nos sorprende porque estuvimos con Cabrera y (el secretario de Comunicación Pública, Jorge) Greco y sabíamos que estaban buscando un instrumento para terminar con los monopolios, duopolios, y grupos con posiciones dominantes». Los problemas de competencia, reconoció el empresario, «son reales y muy ciertos».

En tanto, un alto dirigente privado del rubro tecnológico pidió estricta reserva para afirmar que «nos parece muy bien que el Estado tenga las herramientas para intervenir en esos casos como sucede en todos los países civilizados del mundo».

Los que no anduvieron con vueltas para alertar sobre el carácter de la reforma legal fueron las pymes. El titular de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMA), Ariel Aguilar, advirtió que la expectativa fundamental «es el rol del Estado porque estamos hablando de monopolios». Aguilar advirtió que las pymes sufren una presión doble, por un lado, por la formación de los precios de los insumos y, a la vez, de los comercios. Para las pymes, «falta también una Ley de Abastecimiento y una Ley de Producción y Consumo». Aguilar remarcó que «si no hay una decisión ideológica y política de intervenir activamente de nada servirán las leyes».

Mientras el proyecto toma forma ante la expectativa de todos, el Ministerio de Producción defendió la iniciativa y aseguró a este medio que «nuestro interés está puesto en prevenir las conductas anticompetitivas y nivelar las cancha para que las pymes puedan competir en condiciones justas con las grandes empresas».«