Cayó fuerte el nivel de cumplimiento de los acuerdos de precios

Los picos históricos de inflación vienen haciendo estragos en los bolsillos de trabajadores y clase media, en especial por la escalada de los precios de los alimentos, que acumulan meses en el podio de los de mayor incidencia entre todos los rubros que miden tanto el Indec como los organismos públicos provinciales y las consultoras privadas.

El problema arrastra varios años, pero atraviesa su momento más difícil, aun cuando están vigentes varios acuerdos de precios entre el gobierno y las empresas privadas que fabrican los artículos que se venden al público y que intervienen en la formación de los precios de esos productos. En los acuerdos también se anotaron las grandes cadenas de alcance nacional de supermercados.

Sobre esa contradicción habló esta semana el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, en una entrevista que concedió a Radio del Plata, en la que admitió que el gobierno nacional cometió errores para controlar la suba constante de los precios, pero también acusó a empresas de no haber acompañado la iniciativa oficial con la prolijidad que se esperaba.

«Creo que hemos cometido errores. Queríamos salir (de la inflación) a través de acuerdos, que ni siquiera eran compulsivos porque a las empresas se les daba un beneficio para que firmaran», señaló el funcionario, que lamentó que «muchísimas empresas no estuvieron a la altura de las circunstancias. Son colegas míos, pero me indigna. En 2020 hubiéramos quebrado 100 mil pymes, pero el gobierno salió a dar el mayor auxilio del que tuviéramos memoria» con reducciones de las tarifas y de la tasa de interés, moratorias e incluso pagos de los sueldos a través de los IFE.

«Hoy, cuando el país necesita estabilizarse, te reclaman y se olvidan de todo. Tenemos un problema de falta de dólares, pero estoy enojado con esa actitud», remató el secretario.

Las empresas aludidas cultivan perfil bajo en el contexto de la campaña electoral, si bien se reunieron con los candidatos en foros del sector privado y en algunos casos también lo hicieron a título particular.

Entre los pocos que se expresaron está el titular de la Unión Industrial Argentina e histórico referente de las alimenticias, Daniel Funes de Rioja, quien declaró en el reciente Coloquio de IDEA que una de las principales preocupaciones del sector es la falta de insumos.

Desde otro segmento de la producción, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, analizó en diálogo con Tiempo que el programa Precios Justos «se ha perdido porque no se ha respetado» y dirigió la atención al rol de la oposición al gobierno, en el contexto de la campaña, y a las grandes empresas.

«Es cierto –dijo Rosato– que hubo variables económicas que condicionaron todo, pero también hubo acciones especulativas alrededor del dólar, con corridas que se generaron desde la oposición y esto desestabilizó todo el tema precios. La realidad es que Precios Justos no se viene cumpliendo en la totalidad de lo pactado».

Rosato incluyó en su análisis a los fabricantes de insumos difundidos, que también especularon, retuvieron insumos, generaron faltantes y aumentos de precios «totalmente exagerados, sin relación con la realidad». Destacó el caso de la harina, que aumentó 100% en un año y se trasladó íntegramente a los precios al consumidor.

Las pymes toman distancia de las grandes jugadoras del mercado, a las que señalan como formadoras de precios base y como únicas interlocutoras del gobierno a la hora de firmar los planes.

«A los negocios de cercanía el programa no llegó nunca», diferenció Alfredo González, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME): «Los precios que se negociaron solamente fueron una posibilidad para las grandes superficies» del comercio minorista.

Con la mirada en ese segmento, Isaak Rudnik, presidente del Isepci, evaluó que los programas de precios de referencia «nunca estuvieron encaminados en sentido positivo» porque el gobierno insistió en «apelar a la buena voluntad de los grandes empresarios» en lugar de «imponerles el congelamiento de las canastas básicas por 60 días». «