Centro clandestino Orletti: terminó el alegato de la querella con pedido de perpetua

Este viernes fue la segunda y última audiencia de alegatos de la querella en el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino «Automotores Orletti». El debate presentó novedades: dos asesinatos no habían sido esclarecidos antes en un juicio y es la primera vez que los imputados rinden cuentas por su actuación durante el terrorismo de Estado. Para tres de ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió la pena de prisión perpetua. El CELS alegó en nombre de la querella unificada con la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Equipo Jurídico Kaos.

Los imputados que se sentaron ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal nunca antes habían sido convocados por las autoridades judiciales para responder por delitos de lesa humanidad. Rolando Oscar Nerone, Oscar Roberto Gutiérrez y José Néstor Ferrer fueron integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina –los dos primeros estaban en el Departamento de Asuntos Extranjeros y Ferrer en la Dirección General de Inteligencia–, y el ex agente de la SIDE César Alejandro “Pino” Enciso.

El 26 de septiembre de 1976, Nerone y Gutiérrez (subcomisario), participaron del operativo conjunto entre personal militar, policial y civil en la esquina de las calles Mitre y Carlos Gardel, en San Martín, provincia de Buenos Aires. Durante el operativo, Mario Roger Julien Cáceres fue asesinado y se llevaron secuestrados a Victoria Lucía Grisonas de Julien y a sus dos hijos, Anatole y Victoria, de cuatro años y de uno. Los tres sobrevivientes del operativo fueron trasladados a Orletti. Los niños fueron abandonados en Chile y adoptados de forma legal por un matrimonio. Abuelas de Plaza de Mayo los localizó en agosto de 1979.

En este juicio se juzga por primera vez a alguien por el asesinato de Mario, que hasta este momento se encontraba impune. De este matrimonio de militantes uruguayos, los restos de Mario no fueron encontrados por las condiciones de su entierro clandestino y Victoria permanece desaparecida. Los crímenes cometidos contra los niños todavía no fueron juzgados y no fueron investigados en este debate oral.

La noche del 14 de septiembre de 1976, un grupo armado de militares y personas de civil dirigido por Ferrer rodeó la Av. Forest 1010 y vació sus armas contra los ocupantes del 6° piso. Estela María Moya cayó muerta ahí mismo y por primera vez su asesinato fue esclarecido en un juicio. En el departamento estaban también Gustavo Adolfo Gayá, su cuñada Ana María del Carmen Pérez, con una panza de nueve meses, y Ernesto, el hijo de dos años de Estela y Gustavo. Los trasladaron a Orletti, donde ya estaba en cautiverio desde el 30 de julio Ricardo Gayá, el esposo de Ana María. Ella rompió bolsa y fue trasladada.

Ferrer está imputado por el homicidio de Estela y por los secuestros de Gustavo y Ana María, quienes durante su cautiverio fueron sometidos a tormentos y a condiciones inhumanas de detención. Los dos permanecían desaparecidos hasta que fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Habían sido arrojados dentro de tambores al río Luján, que un prefecto encontró en 1989. Ana María había sido ejecutada de un tiro en la panza.

Enciso integró durante el año 1976 el grupo de tareas comandado por Aníbal Gordon, bajo el apodo de “Pino” o “Polaquito”. Está imputado por los secuestros de Gerardo Francisco Gatti y Julio César Rodríguez, ambos uruguayos, y de Manuela Santucho y su cuñada Cristina Silvia Navaja de Santucho.

Gerardo Gatti tenía 43 años cuando fue secuestrado la madrugada del 9 de junio de 1976 de un departamento en el barrio de Núñez. Después de casi una semana fue llevado a Orletti y sometido a tormentos. Gatti ya estaba bajo la mira de la Inteligencia uruguaya por su desempeño como dirigente sindical. Era presidente del Sindicato de Artes Gráficas, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay y fundador de la Convención Nacional de los Trabajadores. Unos días después, el 15 de junio, a Julio César Rodríguez Rodríguez, también uruguayo, lo estaban esperando unas personas vestidas de civil en la imprenta donde trabajaba, en la calle Pringles 450. Gatti no sobrevivió a la tortura y su cuerpo nunca apareció. Rodríguez tenía 21 años, de Orletti lo sacaron en un vehículo con destino desconocido y permanece desaparecido.

El 13 de julio de 1976 Manuela Santucho y Cristina Navajas de Santucho, quien estaba embarazada, fueron secuestradas por un grupo armado en la casa de Manuela, en la calle Warnes 735, piso 2°. También estaban en el departamento los dos hijos de Cristina y el hijo de Manuela. Tanto Manuela como Cristina pasaron por Orletti y fueron sometidas a tormentos, luego fueron vistas en otros centros clandestinos. Las dos se encuentran desaparecidas y sus casos fueron analizados en juicios anteriores. Sin embargo, es la primera vez que el ex agente de la SIDE César Alejandro “Pino” Enciso tiene que responder por su participación en sus secuestros.

El caso de Enciso es particular: estaba en Brasil y, para que enfrentara este juicio, se pidió su extradición. El juez de instrucción la solicitó por los secuestros y tormentos de 39 personas, pero el Supremo Tribunal Federal de la República Federativa del Brasil concedió parcialmente la extradición por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada contra Gatti, Rodríguez, Santucho y Navaja de Santucho.

Pedimos que Rolando Oscar Nerone, Oscar Roberto Gutiérrez y José Néstor Ferrer sean condenados a la pena de prisión perpetua y que César Alejandro Enciso cumpla una pena de 24 años.

Por el viejo taller mecánico de Floresta, alquilado entre mayo y noviembre de 1976 con el objetivo de ser usado como centro clandestino de detención, pasaron más de 300 personas. Estaba bajo el control de la SIDE, en coordinación con los ejércitos argentino y uruguayo. Allí concentraron a la mayoría de las personas secuestradas bajo la ejecución del Plan Cóndor.